TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS JÁUREGUI, ANTONIO RÓMULO COSTA, SEBORUCO, JOSÉ MARÍA VARGAS Y FRANCISCO DE MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.
La Grita, 12 de Julio de 2023
213º y 164º
Por recibida la demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, presentada por el ciudadano EUDES OMAR ZAMBRANO ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-17.219.627, asistido por la Abogada en ejercicio MARICELA MARGARITA MANSILLA CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.-9.126.258, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 66.945, y hábil, en contra de los Ciudadanos ANIBAL DEL CARMEN SANCHEZ AGUILAR, ALIDIO RAMON SANCHEZ AGUILAR y DOMINGA IRENE SANCHEZ DE SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-10.744.088, V.-12.889.619 y V.-12.611.404, de este domicilio y civilmente hábiles. Y revisadas como han sido las presentes actas y vista la demanda este Tribunal para pronunciarse acerca de la admisibilidad de la misma encuentra ineludible hacer las siguientes consideraciones previas:
La demanda de autos persigue el Reconocimiento de Contenido y Firma de Documento Privado, de fecha 13 de Marzo del año 2023, cuyo contenido señala: “… Nosotros, ANIBAL DEL CARMEN SANCHEZ AGUILAR y ALIDIO RAMON SANCHEZ AGUILAR, venezolanos, mayores de edad, casado y soltero, titulares de las cédulas de Identidad Nros. V.-10.744.008 y V.-12.889.619, domiciliados en la Aldea Guania del Municipio Seboruco del Estado Táchira, y civilmente hábiles; por el presente documento declaramos que damos en venta, el 50% de los Derechos y Acciones con un valor de Veinte Bolívares de derecho que nos corresponde al Ciudadano: EUDES OMAR ZAMBRANO ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V.-17.219.627, con domicilio en este Municipio Jáuregui y civilmente hábil; Un lote de Terreno en comunidad de “Guanias”, Aldea San Diego, Municipio Seboruco del Estado Táchira, alinderado generalmente así; FRENTE: La quebrada la Congoja: FONDO: Termina en punta de reja, colindando con un Caño Lajonozo: LADO DERECHO: Con la sucesión de Eutimio Pérez: LADO IZQUIERDO: en parte con Lurean Sánchez y en parte con Teófilo Ramón Peña. Con un área total de 19 Hectáreas con 7.798 metros cuadrados, alinderados particularmente así: ESTE (Frente): mide 713,58 metros del P1 al P2 caño Lajonozo; OESTE (Fondo); mide 616,51 metros del P3 al P5, con caño Bujon; SUR (Lado derecho): mide 429,13 metros del P5 al P1, con propiedad de La Sucesión de Eutimio Pérez, hoy de Sucesión Pérez Rojas; NORTE (Lado Izquierdo): mide 188,00 metros del P2 al P3, terreno que fue de Téofilo Zambrano y Laurian Sánchez, ahora de Pascual Labrador. Anexamos Plano para que sea agregado. Lo que aquí vendemos nos pertenece así: parte por documento protocolizado de compra en La Oficina de Registro Público de Los Municipios Jáuregui, Seboruco, Antonio Rómulo Costa, José María Vargas y Francisco de Miranda del Estado Táchira, bajo el número 2016.1142, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el N° 432.18.22.1.964 correspondiente al Libro de Folio Real del año 2016, de fecha 25-08-2.016, y el resto por herencia de nuestra legitima Madre AGUILAR DE SANCHEZ AGUSTINA DEL CARMEN, según se evidencia en el Certificado de Solvencia de Sucesiones SENIAT 00064978, Registro N° 126, Expediente N° 2010/577 de fecha 26-04-2.012, Numeral 2, y quien lo adquirió conjuntamente con nuestro legitimo Padre Lurian Antonio Sánchez García, en documento registrado en el ya mencionado Registro Público, bajo el N° 32, Pto.1, Tomo 7, de fecha 01-06-1.995. El precio legal de esta venta es la suma de NUEVE MIL BOLÍVARES (Bs.9.000,oo) que del comprador confesamos recibidos a nuestra entera satisfacción en moneda legal de libre circulación en el País, por la cual le transmitimos la propiedad y posesión que sobre lo vendido nos correspondía con los usos, costumbres, derechos y servidumbres pertenecientes, obligándonos conforme a la Ley. Y yo, EUDES OMAR ZAMBRANO ZAMBRANO, antes identificado, acepto la venta en los términos antes expuestos en dicho documento. Y yo, DOMINGA IRENE SÁNCHEZ DE SÁNCHEZ, cónyuge del primer vendedor, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V.-12.611.404, domiciliada en El Municipio Seboruco, acepto dicha venta que se realiza en este documento. En fe de los expuesto, así lo decimos, otorgamos y firmamos, manifestando cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de Ambiente, por vía PRIVADA a los Nueve días del mes de Marzo de Dos Mil Veintitrés…” inserto al folio Cinco (05).
Y como quiera que de la revisión de la tradición legal que da origen a la documentación privada antes citada, se observa la mención: “Dentro de estos derechos y acciones, se encuentra unas mejoras de pasto, matas de café”, aunado a la extensión considerable y la ubicación en una zona netamente vinculada a la producción agropecuaria, lo que deja en evidencia palmariamente que tales actuaciones constituyen materia agraria, es por lo que este juris dicente llega a la convicción de que el asunto bajo análisis dista de la esfera de competencias materiales conferidas por ley a los Tribunales Civiles, toda vez que al estar circunscrito el referido documento de Derechos y Acciones, por tal motivo la competencia por la materia corresponde al Tribunal de Primera Instancia Agrario de esta Circunscripción Judicial del estado Táchira, al cual se ordenará declinar en la dispositiva del presente fallo.

Ello encuentra fundamento legal en la vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, promulgada el 05 de diciembre de 2011, entrando en vigencia desde su publicación en Gaceta Oficial número 39.813 Extraordinaria de esa misma fecha, en el Capítulo VII de la Competencia, en su artículo 197, que textualmente enuncia:
“Los juzgados de Primera Instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos:
8. Acciones derivadas de contratos agrarios.
(…omisis…)
15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria.” (Resaltado del Tribunal).
Es decir, las norma procesales ut supra transcritas determinan la competencia de los tribunales agrarios, por lo que debe concluirse que para que una determinada demanda corresponda a la esfera de la competencia de los Juzgados Agrarios, es menester que mediante la misma se haga valer una pretensión contenciosa o de jurisdicción voluntaria entre los particulares con ocasión de la actividad agraria y que esa pretensión se corresponda con alguna de aquellas indicadas, de manera enunciativa en los 15 numerales del artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. De manera pues, que si bien es cierto que la naturaleza de la acción sublite es en principio eminentemente civil, no es menos cierto que el inmueble presenta cultivos, una considerable extensión y una ubicación en una zona de producción agropecuaria, y por cuanto la competencia en este caso no está orientada por la naturaleza jurídica de la figura en que se fundamenta la pretensión, sino por la naturaleza del bien objeto de la negociación respecto de la cual se demanda, en consecuencia con miras a obtener una tutela jurisdiccional por parte del Juez natural en el presente caso, resulta indefectible a esta Jurisdicente concluir que la competencia por la materia para seguir conociendo la presente causa, la detenta el Juez Agrario conforme se ha venido afirmando, y ello puede ser declarado aún de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso, en observancia del contenido del dispositivo técnico legal 60 adjetivo civil.

En ese orden de ideas, resulta inexorable citar y acoger el criterio jurisprudencial sentado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia número 2012-000086 de fecha 30 de enero del año 2013, caso Jesús Alberto Zambrano Merchán y Ana Zambrano Merchán Vs Santiago Zambrano Uzcátegui, cuyo Magistrado Ponente fue el Dr. Luis Eduardo Franchesqui, en la que se estableció:
“…Al respecto, es necesario destacar que el procedimiento aplicable para resolver un caso concreto no incide en la competencia del órgano jurisdiccional, entendida como la medida de la jurisdicción que ejerce cada juez en concreto, la cual constituye un presupuesto de validez para pronunciar una sentencia sobre el mérito. Asimismo, cabe resaltar el contenido del artículo (sic) 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, según el cual, “Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria…”.
Así mismo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 06 de octubre de 2016, mediante Sentencia N° REG.000575, haciendo alusión a la sentencia N° 19 del 20 de enero de 2015, caso: J.M.L.R. contra B. de J.A.S, de la Sala Plena, señaló la existencia de un fuero atrayente, señalando lo siguiente:
“…En tal sentido, los artículos 197, numeral 15, y 198 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicada en Gaceta Oficial N° 5.991 Extraordinario del 29 de julio de 2010, disponen respecto de la competencia’ de los tribunales de la jurisdicción especial agraria, lo siguiente:
(…Omissis…)

Respecto a la determinación de los asuntos que corresponde conocer a la jurisdicción especial agraria, ha señalado esta Sala Plena, mediante decisión Nº 69 del 8 de julio de 2008 (caso: M.O.A., que la competencia de los tribunales que componen dicha jurisdicción se determina por el objeto sobre el cual recae la pretensión, más que por su naturaleza; indicando al respecto lo siguiente:
Estima la Sala, por ello, que la materia propia de la especial jurisdicción agraria se configura en función del objeto sobre el cual versan las pretensiones que ante ella pueden deducir los particulares, y no en virtud de la naturaleza de la pretensión en sí, la cual, al igual que en el ámbito civil ordinario, puede ser declarativa, petitoria, reinvindicatoria, posesoria o de cualquier otra naturaleza (subrayado añadido).
En una situación similar a la evidenciada del caso sub iudice, esta Sala Plena mediante sentencia N° 24 publicada en fecha 18 de abril de 2013 (caso: Z.M.J.A. y Z.M.A.V., contra Z.U., determinó que la competencia para conocer de las solicitudes de reconocimiento de contenido y firma de actos jurídicos celebrados entre particulares en los que el objeto del contrato celebrado recayera sobre un bien con actividad agraria, correspondía a los tribunales agrarios, en cuya oportunidad señaló:
(…) el objeto de la compraventa plasmada en el documento cuyo reconocimiento pretenden, es “un terreno ubicado en la Cuchilla de San Isidro, Aldea El Peñón, Municipio Tovar del Estado Mérida (…)” con un área aproximada de cinco hectáreas (5 Has.), cuyos linderos especifican en ese mismo escrito. Asimismo, en el documento en cuestión, anexado en original al expediente, se indica que se trata de “un lote de terreno cultivado de café, caña dulce cambural, y pasto imperial”. Por lo tanto, visto que en el inmueble objeto del contrato de compraventa supuestamente celebrado, contenido en el documento cuyo reconocimiento se demanda, hay actividad agraria, lo cual permite establecer la competencia de los órganos de la jurisdicción especial agraria, se concluye que el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en El Vigía, es el competente para conocer y decidir la demanda interpuesta en el caso sub iudice. …omissis…
El análisis de las actas cursantes en el expediente, lleva a que esta Sala Plena concluya que existen elementos suficientes para determinar el carácter agrario del lote de terreno a que se refiere el documento privado objeto de reconocimiento del contenido y firma pretendido, cuya solicitud, si bien es cierto constituye, en principio, un asunto de naturaleza civil, recae sobre un bien inmueble con vocación agraria, es decir, un terreno susceptible de explotación agrícola, que por tanto, incide positiva o negativamente en el desarrollo y seguridad de la producción agroalimentaria de la Nación.”
Ahora bien el procesalista Arístides Rengel Romberg, define a la competencia, en los siguientes términos: “...La competencia es como una medida de la jurisdicción y no como la capacidad del juez para ejercer dicha función, porque la facultad de este funcionario de ejercer válidamente en concreto la función jurisdiccional, depende no de su aptitud personal, sino de la esfera de poderes y atribuciones que objetivamente asigna la ley al tribunal...”
La competencia es la atribución legal conferida a un Juez como árbitro y director del proceso para el conocimiento de un asunto jurídico determinado, en razón de la materia, el valor de la demanda y del territorio. De este mismo modo, se considera como la medida de la jurisdicción que puede ejercer cada Juez en concreto.
En igual sintonía, el procesalista patrio Humberto Cuenca en su obra de Derecho Procesal Civil Tomo II “La Competencia y otros Temas”, establece al respecto, entre otras cosas, lo siguiente:
“...Todo Juez tiene en abstracto el poder de administrar justicia, es lo cierto, que en cada caso concreto tiene una esfera de actividad delimitada por la ley. Ahora bien, el poder de administrar justicia en cada caso, conforme a la naturaleza, calidad y cuantía de la acción, de acuerdo con los límites territoriales dentro de los cuales se mueven las partes o conforme al lugar donde se encuentran las cosas, objeto de litigio, se llama competencia.”
Ahora bien, la Sala de Casación Civil en Sentencia N° 00-019, del trece de abril del año 2000, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, estableció con respecto al principio de la perpetuatiojurisdictionis, recogido en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil: “La Jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efectos respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la Ley disponga otra cosa”. Esto es, según la doctrina autoral más calificada, que la potestad de juzgamiento y la competencia del órgano jurisdiccional, se determina por la situación fáctica existente para el momento de introducción de la demanda, sin que pueda modificarse esa jurisdicción y competencia, en razón de los cambios que se presenten en el curso del proceso. Ello, en resguardo de la seguridad jurídica (…)”.
De modo que, la competencia es un presupuesto procesal de validez de la relación jurídica procesal. Los jueces de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, tienen la obligación de administrar justicia en la medida en que las leyes determinen su competencia para conocer del respectivo asunto.
La competencia es la medida de la jurisdicción, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para conocer de un determinado asunto, por lo que la competencia viene a señalar los límites de actuación del órgano jurisdiccional en atención a la materia, territorio y cuantía. La competencia por la materia…Omissis… y por la cuantía es de carácter absoluto...”
Así el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil establece: “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones que la regulan.”
En tal sentido, siendo como es la existencia de los señalados cultivos en el inmueble, cuyo reconocimiento de contenido y firma se pretende, es por lo que impretermitiblemente acogiendo los criterios jurisprudenciales supra parcialmente trascritos, este Tribunal debe declarar como en efecto declarará en la dispositiva, su incompetencia en razón de la materia, para conocer de la presente solicitud. ASÍ SE ESTABLECE.
DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS JÁUREGUI, ANTONIO RÓMULO COSTA, SEBORUCO, JOSÉ MARÍA VARGAS Y FRANCISCO DE MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: La INCOMPETENCIA EN RAZON DE LA MATERIA de este Tribunal para seguir conociendo el presente expediente de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, presentada por el ciudadano EUDES OMAR ZAMBRANO ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-17.219.627, asistido por la Abogada en ejercicio MARICELA MARGARITA MANSILLA CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.-9.126.258, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 66.945, y hábil, en contra de los Ciudadanos ANIBAL DEL CARMEN SANCHEZ AGUILAR, ALIDIO RAMON SANCHEZ AGUILAR y DOMINGA IRENE SANCHEZ DE SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-10.744.088, V.-12.889.619 y V.-12.611.404, de este domicilio y civilmente hábiles.
SEGUNDO: Se DECLINA LA COMPETENCIA para el Juzgado de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en la ciudad de San Cristóbal, en virtud de las razones expuestas, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 197, ordinal 15º, de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, una vez que quede firme la presente decisión, si no se solicita por la parte interesada la regulación de la competencia, dentro del plazo de cinco días de Despacho, previsto en artículo 69, ejusdem y Así se decide.
Déjese copia digitalizada en Formato PDF de la presente decisión para el archivo del Tribunal. Cúmplase.-
Dada, sellada y firmada en la sala del Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Jáuregui, Antonio Rómulo Costa, Seboruco, José María Vargas y Francisco De Miranda De La Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los Doce días del mes de Julio del año dos mil Veintitrés. Años 213º de la Independencia y 164º de la Federación.-
EL JUEZ
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Abg. JOSÉ ENRIQUE GANDICA GONZÁLEZ.

EL SECRETARIO

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Abg. MANUEL JAVIER GONZALEZ P.
Exp. 3164-2023