TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PLAZA Y ZAMORA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA,
CON SEDE EN GUATIRE
Municipio1.civil.guatire@gmail.com
Guatire, siete (07) de junio de 2023.
213º y 164º

SOLICITUD: N° 13621.-
PARTE SOLICITANTE: ALEJANDRA DEL VALLE AMUNDARAIN LEZAMA y JEAN FRANCO DE SIMONE RANGEL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-30.085.205 y V-29.682.790 respectivamente.-
ABOGADO ASISTENTE: JOSE GREGORIO AMUNDARAIN VELÁSQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-6.891.798, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nº 79.573.-
MOTIVO: DIVORCIO conforme a lo establecido en las Sentencias Nº 1070 de fecha 09 de diciembre de 2016 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la Sentencia Nº 136 de fecha 30 de marzo de 2017 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.-
I
DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

Se inician las presentes actuaciones por solicitud de Divorcio con fundamento en las Sentencias Nº 1070 de fecha 09 de diciembre de 2016 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la Sentencia Nº 136 de fecha 30 de marzo de 2017 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, presentada en fecha veintiuno (21) de abril del dos mil veintitrés (2023) ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial Civil de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, por los ciudadanos ALEJANDRA DEL VALLE AMUNDARAIN LEZAMA y JEAN FRANCO DE SIMONE RANGEL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-30.085.205 y V-29.682.790, respectivamente, asistidos por el profesional del Derecho JOSE GREGORIO AMUNDARAIN VELÁSQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-6.891.798, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nº 79.573, la cual fue distribuida correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de esta Circunscripción Judicial, según se evidencia de sorteo de distribución No. 69, mediante la cual expusieron y solicitaron en resumen lo siguiente:

1°) Que en fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos veintiuno (2021), contrajeron matrimonio civil, por ante la Oficina del Registro Civil del Municipio Brión del Estado Bolivariano de Miranda, tal y como se evidencia en Acta de Matrimonio No. 128, de los libros de registro de matrimonios del año 2021 llevados por dicha Oficina de Registro Civil.-
2°) Que establecieron su último domicilio conyugal en la siguiente dirección: Conjunto Residencial Residencias ALEF, situado en la Calle Páez, Edificio Torre A, Piso 7, Apartamento 7-D, Guarenas, Municipio Ambrosio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda.-
3°) Que en dicha unión matrimonial NO procrearon hijos.-
4°) Que durante la unión matrimonial no adquirieron bienes de ninguna naturaleza.-
5°) Que la relación desde el principio fue armoniosa y estuvo basada en el respeto, la tolerancia, el afecto mutuo y la comprensión; interrumpiendo definitivamente su vida en común desde finales del mes de diciembre del año 2022, no existiendo actualmente ningún vínculo que los una. -

Consignó recaudos los cuales se describen a continuación:
a) Poder APUD ACTA, otorgado por los solicitantes, ciudadanos ALEJANDRA DEL VALLE AMUNDARAIN LEZAMA y JEAN FRANCO DE SIMONE RANGEL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-30.085.205 y V-29.682.790, respectivamente, al abogado JOSE GREGORIO AMUNDARAIN VELÁSQUEZ, en fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023), cursante al folio siete (07). –
b) Copia simple de documento Acta de Matrimonio No. 128, Folio No. 128, de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), cuya certificación fue expedida por ante el Registro Civil del Municipio Brion del Estado Bolivariano de Miranda en fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), cursante a los folios ocho (08) y su vto., y folio nueve (09).-
c) Copia simple de la Cédula de Identidad No. V-30.085.205, correspondiente a la solicitante, ciudadana ALEJANDRA DEL VALLE AMUNDARAIN LEZAMA, cursante al folio diez (10).-
d) Copia simple de la Cédula de Identidad No. V-29.682.790, correspondiente al solicitante, ciudadano JEAN FRANCO DE SIMONE RANGEL, cursante al folio once (11). -

En fecha 24/04/2023: Se dictó auto dándole entrada a la solicitud e instando a la parte interesada a consignar los recaudos pertinentes.-

En fecha 24/04/2023: Comparecieron los ciudadanos ALEJANDRA DEL VALLE AMUNDARAIN LEZAMA y JEAN FRANCO DE SIMONE RANGEL, debidamente asistidos y posteriormente representados mediante poder APUD ACTA por el abogado JOSE GREGORIO AMUNDARAIN VELÁSQUEZ y consignaron los recaudos respectivos.-

En fecha 26/04/2023: Se dictó auto admitiendo la presente solicitud y se ordenó la notificación al representante del Ministerio Público N° 13 a los fines que emita opinión respecto a la presente solicitud. En esta misma fecha se solicitaron los fotostatos y el papel para proveer lo conducente, y librar Boleta de Notificación respectiva. –
En fecha 11/05/2023: Compareció la funcionaria KATERINE MEJIAS en su carácter de Alguacil de este Juzgado y dejó constancia de la recepción de los emolumentos para su traslado. –
En fecha 12/05/2023: La Secretaria Acc. MARIANA RIVERO HERNANDEZ, hizo constar mediante nota, que en cumplimiento al auto de fecha 26/04/2023 y previo suministro de los fotostatos libró la boleta de notificación a la Fiscal del Ministerio Público No. 13.-

En fecha 15/05/2023: Compareció la funcionaria KATERINE MEJIAS, y mediante informe dejó constancia que en fecha (15/05/2023) se trasladó a la sede de la Fiscalía 13° del Ministerio Público, donde fue recibida por el ciudadano YAEN YANEZ, en su carácter de asistente administrativo en la referida Fiscalía, a quien le hizo entrega de la respectiva boleta, librada en fecha 12/05/2023. En virtud de lo anterior, consignó dicha boleta debidamente firmada. -

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Al reformar el Código Civil Venezolano en el año 1982, el legislador incluyó adicionalmente entre las causales de disolución del vínculo matrimonial la establecida en el artículo 185. Ésta fundamentalmente se basa en una cuestión fáctica temporal, vale decir, que los cónyuges hayan permanecido separados de hecho por un lapso de tiempo.
En dicho lapso no debería haber ocurrido reconciliación entre ambos cónyuges, ni oposición. Además éstos deberán comparecer ante el órgano jurisdiccional competente, libres de apremio y coacción, manifestando su voluntad de disolver dicho vinculo de mutuo acuerdo y en caso que acuda una sola de las partes se citara al otro cónyuge a fin que comparezca a exponer lo que considere respecto a la solicitud de divorcio. Igualmente, el representante del Ministerio Público como parte de buena fe deberá emitir opinión favorable al efecto.
En el caso bajo estudio, los ciudadanos ALEJANDRA DEL VALLE AMUNDARAIN LEZAMA y JEAN FRANCO DE SIMONE RANGEL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-30.085.205 y V-29.682.790, respectivamente, debidamente asistidos y posteriormente representados judicialmente por la abogada en ejercicio JOSE GREGORIO AMUNDARAIN VELÁSQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-6.891.798, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nº 79.573, comparecieron de mutuo y común acuerdo, a objeto de manifestar la ruptura definitiva de su vida en común, manifestando que han permanecido separados de hecho desde finales de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), no haciendo vida en común bajo ninguna circunstancia, quedando completamente rota esta unión, sin medio de reconciliación alguna. Por lo cual solicitan la disolución del vínculo matrimonial que los une. Aunado a lo antes expresado, la representación fiscal en su oportunidad no emitió opinión favorable al efecto, no siendo este hecho impedimento alguno para decidir.
En este orden de ideas, a fin de afianzar el fundamento a la presente decisión, vale destacar el pronunciamiento sobre el punto de marras realizado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº. 136 del 30/03/2017 la cual expresa:
“(…)Esta Sala de Casación Civil acoge los criterios doctrinales y jurisprudenciales antes citados, especialmente la sentencia N°1070 dictada con carácter vinculante por la Sala Constitucional en fecha 09 de diciembre de 2016, y concluye que cualquiera de los cónyuges que lo deseen, podrá demandar el divorcio con las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, o por cualquier otro motivo, como la incompatibilidad de caracteres o desafecto, sin que quepa la posibilidad de que manifestada la ruptura matrimonial de hecho, se obligue a alguno de los conyugues a mantener el vínculo jurídico cuando este ya no lo desea, pues de lo contrario, se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de no constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a las personas.
“…OMISSIS…”
Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.
Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia[r] y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada.
Por ello, a los fines de la protección familiar debe entenderse el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de aligerar la carga emocional de la familia.
Cuando uno de los conyugues manifiesta la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del conyugue solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas.
Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro conyugue (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos a voluntad de disolver la unión matrimonial “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…”. Así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la Sala Constitucional, procedimiento en la cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el juez de la entidad de la razón del solicitante.
Por último, ratifica esta Sala que el fin que deben perseguir los Tribunales, es producir como jueces naturales conforme lo dispone el Artículo 99 de la Carta Política, una decisión que entienda que el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los conyugues, con el propósito de la protección familia y de aligerar la carga emocional de la misma. Cabe destacar que no obstante el procedimiento apropiado para tramitar la solicitud de divorcio que en este punto se ha abordado, sin lugar a dudas que la correspondiente decisión proferida por el Tribunal causará cosa juzgada material a tenor de lo previsto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, sería un absurdo considerar que toda la interpretación progresiva de carácter constitucional (vinculante dada a la institución del divorcio en aras – entre otros aspectos- de materializar en él un procedimiento célere, breve y expedito pudiera sacrificar la cosa juzgada material.”
Para esta Juzgadora, es imperioso expresar que el divorcio, constituye una solución que le otorga la Ley a uno de los cónyuges o a ambos, para que puedan resolver sus conflictos y diferencias considerando que ya en la relación no hay remedio alguno para salvar el matrimonio. De manera pues, que negar esta posibilidad a cualquier ciudadano constituye una flagrante violación de sus derechos constitucionales al libre acceso a la justicia, al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva.
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, esta Juzgadora no teniendo elemento alguno en contra, considera cubiertos los supuestos que cimientan la norma sustantiva antes expresada. Así se declara.-

Ill
DISPOSITIVA

Con fundamento a los hechos narrados, el derecho invocado, así como en la sentencia N° 136 de fecha 30 de marzo del año 2017, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, y con la fuerza de lo antes expuesto, este TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PLAZA Y ZAMORA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, CON SEDE EN GUATIRE, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 185 del Código Civil DECLARA CON LUGAR la solicitud de divorcio presentada por los ciudadanos ALEJANDRA DEL VALLE AMUNDARAIN LEZAMA y JEAN FRANCO DE SIMONE RANGEL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-30.085.205 y V-29.682.790, respectivamente y en consecuencia DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL existente entre ambos, a partir del momento en que la presente decisión quede definitivamente firme.

Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.- Así se decide.-

Publíquese y regístrese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PLAZA Y ZAMORA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, CON SEDE EN GUATIRE, a los siete (07) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023). Publíquese en el portal web: www.tsj.gob.ve. Años 213º de la Independencia y 164º de la Federación. –
LA JUEZA,

LUZBEIDA QUIJADA de DE SOUSA

LA SECRETARIA Acc.,

MARIANA RIVERO HERNANDEZ.-

En esta misma fecha, se publicó y registró la presente decisión, siendo las diez en punto de la mañana (10:00a.m), dejándose copia debidamente certificada de la misma en el copiador de sentencias llevado por ante este Tribunal a tenor de lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

LA SECRETARIA Acc.,

MARIANA RIVERO HERNANDEZ.-

LQdDS/ mrh/cf.-
DIVORCIO
Solicitud Nº 13621.-