TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR
DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS BRION Y EULALIA BUROZ
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

SOLICITUD N°: 4995
SOLICITANTES: Ciudadanos JUAN DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ y LESBIA HERMINIA ANDRADEZ DE HERNANDEZ, de nacionalidad venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad números V-6.162.435 y V-5.115.713, respectivamente.
ABOGADA ASISTENTE: Ciudadana MARLY CELINA CAMACHO, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 60.321.
MOTIVO: Divorcio fundamentado en el artículo 185 del Código Civil en concordancia con la Jurisprudencia N° 1070 de fecha 09 de diciembre de 2016 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
I
DE LAS ACTUACIONES PROCESALES
En fecha 13 de octubre de 2020, comparecieron por ante este Tribunal, los ciudadanos JUAN DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ y LESBIA HERMINIA ANDRADEZ DE HERNANDEZ, asistidos por la ciudadana MARLY CELINA CAMACHO, todos plenamente identificados en autos, presentaron escrito mediante el cual expusieron y solicitaron en resumen lo siguiente: 1) Que en fecha 19 de junio de 1981, contrajeron matrimonio, por ante el Registro Civil del Municipio Brión del Estado Miranda, según acta N° 32. 2) Que procrearon una (1) hija. 3) Que no adquirieron bienes que liquidar en la comunidad conyugal. 4) Que fijaron su último domicilio conyugal en la Población Maturín, calle San Andres Nº 25, Parroquia Tacarigua, Municipio Brion del Estado Bolivariano de Miranda. 5) Que en julio del año 2016, se separaron. Solicitaron se declare con lugar la solicitud fundamentada en el artículo 185 del código civil venezolano, en concordancia con la Jurisprudencia N° 1070 de fecha 09 de diciembre de 2016 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En fecha 13 de octubre de 2022, este tribunal admitió la solicitud y ordenó la citación a la parte demandada y la notificación al Ministerio Público.
En fecha 13 de octubre de 2022, compareció la ciudadana DILCIA MARTINEZ, en su carácter de alguacil y mediante diligencia consigna boleta de notificación debidamente firmada por la Representante de la Fiscalía Décimo Tercera del Ministerio Público.
En fecha 13 de octubre de 2022, mediante diligencia suscrita por la Representante de la Fiscalía Décimo Tercera del Ministerio Público, emitió opinión favorable en la presente solicitud.
En fecha 24 de octubre de 2022, mediante auto este Tribunal instó a los solicitantes a corregir sus apellidos, ya que no coinciden en las actas consignadas.
En fecha 17 de octubre de 2023, la ciudadana NINOSKA VALERA, en su carácter de Juez Provisoria de este Tribunal, se abocó al conocimiento de la presente causa.
II
Visto los elementos de autos y la normativa aplicable al asunto este Tribunal pasa a decidir en los siguientes términos:
Es importante resaltar lo establecido en nuestro Código adjetivo el cual contempla dos (02) tipos de perención, la ordinaria de un año y la breve 30 días, ambas previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, a saber:
Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla”
En el mismo orden o contexto, el artículo 269 del código de procedimiento civil, contempla que ésta se puede declarar de oficio, disponiendo al efecto:
Artículo 269: La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.
Ahora bien, sobre la perención Ordinaria nuestro máximo Tribunal ha establecido el criterio siguiente: (…) la regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del código de Procedimiento Civil”. Confróntese sentencias N° 208, 369, 1054 de fechas 21/06/2000, 15/11/2000 y 19/09/2000 de las salas de casación civil y sala constitucional respectivamente.
De igual manera la sala de Casación Civil expresa: “… en relación a la perención de la Instancia, la sala, en decisión de 2 de agosto de 2001, sentencia N° 217, expediente N° 00-535, juicio LUIS ANTONIO ROJAS MORA y otros, contra ASOCIACIÓN CIVIL SIMÓN BOLIVAR LOS FRAILEJONES, estableció el siguiente criterio: considera la sala que el verdadero espíritu, propósito y razón de la institución procesal de la perención, es sancionar la inactividad de las partes con la extinción de la instancia; pero para ello es preciso que el impulso procesal dependa de ellas, pues si es el caso que la causa se encuentre paralizada porque el Juez no ha cumplido con su deber de sentenciar dentro de los plazos legales, no se puede penar a las partes por la negligencia del juzgador. En criterio de la sala, dicho artículo debe ser interpretado en el sentido de que la perención procede cuando ha transcurrido más de un año sin que las partes hubiesen realizado acto de procedimiento que tienda a impulsar el proceso, pero siempre que esos actos puedan ser efectivos para la prosecución del juicio, porque si es menester que el juez emita un pronunciamiento para que el litigio continúe, la renuencia del sentenciador en dictar la providencia que requiere para destrabar la causa, no puede ser atribuida a las partes. En otras palabras, no se puede castigar a los litigantes con la perención de la instancia si la inactividad en el juicio es imputable al juez. (Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, 23 de Julio de 2003. Exp´N° AA20-C-2001-000914)
En razón a la norma supra transcrita se puede concluir que no existe ninguna duda que la única actividad capaz de evitar la perención, son las actuaciones de impulso procesal de las partes, entendiendo por estas aquellas que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente.
Ahora bien, de la revisión de las actas conforman el expediente se pudo evidenciar que los solicitantes no han ejercido su derecho desde que interpusieron el escrito, evidenciándose igualmente que mediante auto de este Tribunal de fecha 24 de octubre del año 2022, se instó a la parte a corregir los apellidos que aparecen en el acta de nacimiento de la hija ya que no coinciden con los del acta de matrimonio, observándose que hasta la presente fecha ha transcurrido más de un (01) año sin que los ciudadanos hubiesen realizado ningún acto de impulso procesal válido en la presente solicitud.
En consecuencia, siendo que la perención se verifica de pleno derecho, pudiendo declararse de oficio por el Tribunal que la constate, conforme a lo dispuesto en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. En criterio de quien aquí juzga, en la presente causa ha operado la perención de la instancia y así se declara.
III
Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Brión y Eulalia Buroz de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Higuerote, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA:
PRIMERO: Consumada la perención de la instancia, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 267 del código de procedimiento civil, con ocasión de la solicitud de divorcio, fundamentada en el artículo 185 del Código Civil en concordancia con la jurisprudencia N° 1070 de fecha 09 de diciembre de 2016 de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, incoada por los ciudadanos JUAN DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ y LESBIA HERMINIA ANDRADEZ DE HERNANDEZ, de nacionalidad venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad números V-6.162.435 y V-5.115.713, respectivamente.
SEGUNDO: PUBLIQUESE y REGISTRESE, incluso en la página WEB de este Despacho.
TERCERO: Déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de Sentencia de este Tribunal de conformidad con el artículo 248 Ejusjem.
CUARTO: Se ordena formar legajo y remitir en su oportunidad a la División de Archivo Judicial.
Dada, firmada y sellada en la sala de este Despacho del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Brion y Eulalia Buroz de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en Higuerote, a los VEINTICINCO (25) días del mes de OCTUBRE del año DOS MIL VEINTITRES (2023).
Años 213° de la independencia y 164° de la Federación.
LA JUEZ

NINOSKA VALERA
LA SECRETARIA
JHOANNA MORA
En esta misma fecha se publicó y Registró la anterior decisión siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 am) previo las formalidades de ley.
LA SECRETARIA
JHOANNA MORA