TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR
DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS BRIÓN Y EULALIA BURÓZ
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

SOLICITUD N°: 3984
SOLICITANTE: MONICA NORELY MORALES PEREIRA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número V-10.805.044.
ABOGADO ASISTENTE: TERESA L. CABRERA V., inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 88.193.
CONYUGE: JORGE LUIS NUÑEZ TONITO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número V- 6.344.593.
MOTIVO: Divorcio fundamentado en el artículo 185-A del código civil venezolano, en concordancia con la jurisprudencia N° 446 de fecha 15 de mayo de 2014 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
I
DE LAS ACTUACIONES PROCESALES
En fecha 21 de abril de 2017, compareció por ante este Tribunal, la ciudadana MONICA NORELY MORALES PEREIRA, asistida por la ciudadana TERESA L. CABRERA V., contra el ciudadano JORGE LUIS NUÑEZ TONITO, todos plenamente identificados en autos, presentó escrito mediante el cual expuso y solicitó en resumen lo siguiente: 1) Que en fecha 28 de julio de 1989, contrajeron matrimonio, por ante LA Primera Autoridad Civil del Municipio Brion del Estado Bolivariano de Miranda, según acta N° 06. 2) Que procrearon dos (02) hijos. 3) Que no adquirieron bienes de fortuna. 4) Que establecieron su ultimo domicilio conyugal en la cuarta calle de San Luis, casa N° 661, Parroquia Higuerote del Municipio Brión. 5) Que en el mes de Septiembre del año 1995 se separaron. Solicitó se declare con lugar la solicitud fundamentada en el artículo 185-A del código civil venezolano, en concordancia con la jurisprudencia N° 446 de fecha 15 de mayo de 2014 de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En fecha 24 de abril de 2017, este tribunal admitió la solicitud y ordenó la citación a la parte demandada y la notificación al Ministerio Público.
En fecha 09 de mayo de 2017, mediante diligencia el alguacil accidental consignó boleta de notificación a la fiscal Decimo Tercera del Ministerio Publico debidamente firmada.
En fecha 09 de mayo de 2017, mediante diligencia la fiscal décima tercera del ministerio público insto a la solicitante a consignar copia certificada del acta de matrimonio.
En fecha 11 de mayo de 2017, mediante auto el Tribunal insta a la solicitante a consignar copia certificada del acta de matrimonio.
En fecha 26 de junio de 2017, mediante auto el Tribunal Ordena agregar en autos copia certificada del acta de matrimonio solicitada anteriormente.
En fecha 04 de diciembre de 2018, mediante diligencia la alguacil accidental manifestó que se dirigió a la dirección de la vivienda del ciudadano demandado, el cual no fue atendida y unos vecinos le manifestaron que el ciudadano tiene tiempo que no reside en La zona.
En fecha 11 de enero de 2019, mediante auto la ciudadana Juez suplente FRANCA RIGGIO, se abocó al conocimiento de la presente causa.
En fecha 18 de septiembre de 2023, mediante auto la ciudadana Juez NINOSKA VALERA, se abocó al conocimiento de la presente causa.
II
Visto los elementos de autos y la normativa aplicable al asunto este Tribunal pasa a decidir en los siguientes términos:
Es importante resaltar lo establecido en nuestro Código adjetivo el cual contempla dos (02) tipos de perención, la ordinaria de un año y la breve 30 días, ambas previstas en el artículo 267 del código de procedimiento civil, a saber:
Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla”
En el mismo orden o contexto, el artículo 269 del código de procedimiento civil, contempla que ésta se puede declarar de oficio, disponiendo al efecto:
Artículo 269: La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.
Ahora bien, sobre la perención Ordinaria nuestro máximo Tribunal ha establecido el criterio siguiente: (…) la regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del código de Procedimiento Civil”. Confróntese sentencias N° 208, 369, 1054 de fechas 21/06/2000, 15/11/2000 y 19/09/2000 de las salas de casación civil y sala constitucional respectivamente.
De igual manera la sala de Casación Civil expresa: “… en relación a la perención de la Instancia, la sala, en decisión de 2 de agosto de 2001, sentencia N° 217, expediente N° 00-535, juicio LUIS ANTONIO ROJAS MORA y otros, contra ASOCIACIÓN CIVIL SIMÓN BOLIVAR LOS FRAILEJONES, estableció el siguiente criterio: considera la sala que el verdadero espíritu, propósito y razón de la institución procesal de la perención, es sancionar la inactividad de las partes con la extinción de la instancia; pero para ello es preciso que el impulso procesal dependa de ellas, pues si es el caso que la causa se encuentre paralizada porque el Juez no ha cumplido con su deber de sentenciar dentro de los plazos legales, no se puede penar a las partes por la negligencia del juzgador.
En criterio de la sala, dicho artículo debe ser interpretado en el sentido de que la perención procede cuando ha transcurrido más de un año sin que las partes hubiesen realizado acto de procedimiento que tienda a impulsar el proceso, pero siempre que esos actos puedan ser efectivos para la prosecución del juicio, porque si es menester que el juez emita un pronunciamiento para que el litigio continúe, la renuencia del sentenciador en dictar la providencia que requiere para destrabar la causa, no puede ser atribuida a las partes. En otras palabras, no se puede castigar a los litigantes con la perención de la instancia si la inactividad en el juicio es imputable al juez. (Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, 23 de Julio de 2003. Exp´N° AA20-C-2001-000914).
En razón a la norma supra transcrita se puede concluir que no existe ninguna duda que la única actividad capaz de evitar la perención, son las actuaciones de impulso procesal de las partes, entendiendo por estas aquellas que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente.
Ahora bien, de la revisión de las actas conforman el expediente se pudo evidenciar que desde el 26/06/2017, fecha en la que la parte consigna copia certificada del acta de matrimonio hasta la presente fecha ha transcurrido más de cinco (05) años sin que la solicitante hubiese realizado ningún acto de impulso procesal válido en la presente solicitud.
En consecuencia, siendo que la perención se verifica de pleno derecho, pudiendo declararse de oficio por el Tribunal que la constate, conforme a lo dispuesto en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. En criterio de quien aquí juzga, en la presente causa ha operado la perención de la instancia y así se declara.
III
Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Brion y Eulalia Buroz de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Higuerote, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA:
PRIMERO: CONSUMADA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, con ocasión de la solicitud de divorcio, fundamentada en el artículo 185-A del código civil venezolano, en concordancia con la jurisprudencia N° 446 de fecha 15 de mayo de 2014 de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, incoada por MONICA NORELY MORALES PEREIRA, titular de la cédula de identidad numero V- 10.805.044, contra el ciudadano JORGE LUIS NUÑEZ TONINO, titular de la cédula de identidad numero V- 6.344.593.
SEGUNDO: PUBLIQUESE y REGISTRESE, incluso en la página WEB de este Despacho.
TERCERO: Déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de Sentencia de este Tribunal de conformidad con el artículo 248 Ejusjem.
CUARTO: Se ordena formar legajo y remitir en su oportunidad a la División de Archivo Judicial.
Dada, firmada y sellada en la sala de este Despacho del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Brion y Eulalia Buroz de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en Higuerote, a los VEINTICINCO días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL VEINTITRES (2023).
Años 213° de la independencia y 164° de la Federación.
LA JUEZ

NINOSKA VALERA
LA SECRETARIA

JHOANNA MORA
En esta misma fecha se publicó y Registró la anterior decisión siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 am) previo las formalidades de ley.
LA SECRETARIA

JHOANNA MORA