TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.

214° y 165°

PARTE DEMANDANTE: Ciudadana OMAIRA DE JESÚS VIVAS ROSALES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 4.635.514, domiciliada en el bloque 41, N° 01-03, E-01 de la Unidad Vecinal, Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira.

PARTE DEMANDADA: Ciudadano GREGORIO GILBERTO PÉREZ PADRÓN, cubano, con cédula de identidad N° E- 84.602.389.

MOTIVO: DIVORCIO.

EXPEDIENTE: 35.561/2016

I
ANTECEDENTES

Revisado como ha sido el presente expediente se observa lo siguiente:
Se inició la presente causa mediante la demanda interpuesta por la ciudadana Omaira de Jesús Vivas Rosales, asistida por la abogada Gaudys Gicela Rueda Medina, en contra del ciudadano Gregorio Gilberto Pérez Padrón, por divorcio. (Folios 1 al 2. Anexos: 3 al 10).
Por auto de fecha 2 de diciembre de 2016, este Tribunal admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de ambas partes, para que comparecieren personalmente por ante este Juzgado a las 10:45 a.m, pasados que fueren cuarenta días siguientes, contados a partir de la citación de la parte demandada, a fin de verificar el primer acto conciliatorio. Asimismo, se acordó oficiar al Director del Servicio Automatizado de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), a fin de solicitarle el movimiento migratorio del demandado. Igualmente, dispuso notificar al Fiscal del Ministerio Público del Estado Táchira. (Folio 12).
Mediante diligencia de fecha 5 de diciembre de 2016, la ciudadana Omaira de Jesús Vivas Rosales confirió poder apud acta a la abogada Gaudys Gicela Rueda Medina. (Folio 15).
En fecha 17 de enero de 2017, éste Tribunal recibió el oficio N° SCL-008-2017 emitido por la oficina de Migración San Cristóbal, Estado Táchira, mediante el cual informó que el demandado registraba movimientos migratorios. (Folios 19 al 22).
Mediante diligencia de fecha 17 de enero de 2017, la abogada Gaudys Gicela Rueda Medina, en su carácter de apoderada de la parte demandante, solicitó a este Tribunal la citación del demandado con base a lo establecido en el Artículo 224 del procesal. (Folio 23).
Por auto de fecha 19 de de enero de 2017, este Juzgado ordenó la citación del demandado por medio de carteles, de conformidad con lo establecido en el Artículo 224 procesal. Asimismo, en la misma fecha se libró el respectivo cartel de citación, para ser publicado en (2) diarios de mayor circulación, diario “El Nacional” y “La Nación” de esta ciudad, durante treinta días continuos, una vez por semana. A tal efecto, se fijó el término de cuarenta días para su comparecencia personal ó por medio de apoderado a darse por citado. (Folios 24 y 25).
Mediante diligencia de fecha 17 de febrero de 2017, la abogada Gaudys Gicela Rueda Medina, en su carácter de apoderada de la parte demandante, solicitó a este Tribunal que los carteles de citación para el demandado, se publiquen por el periódico “Ultimas Noticias”, que es de circulación nacional, tal petición la realizó motivado a que los costos son menos onerosos que el periódico “El Nacional”. (Folio 26).
A los folios 27 y 28, riela lo concerniente a la notificación del Fiscal XV del Ministerio Público del Estado Táchira, en fecha 20 de febrero de 2017.
Al folio 29, riela auto de fecha 22 de febrero de 2017, en el cual el Tribunal dejó sin efecto la publicación que había ordenado hacer en el diario “El Nacional” y en su lugar, acordó la publicación en el diario “Ultimas Noticias”.
Mediante diligencia de fecha 28 de septiembre de 2017, la abogada Gaudys Gicela Rueda Medina, en su carácter de apoderada de la parte demandante consignó cinco periódicos contentivos de los carteles de citación para el ciudadano Gregorio Gilberto Pérez Padrón, parte demandada, publicados en el diario “La Nación” los días 11, 18 y 25 de agosto de 2017, 1 y 9 de septiembre de 2017. De igual modo, en la misma fecha, fueron agregados a los autos del expediente. (Folios 31 al 37).
II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

De las actuaciones anteriormente relacionadas, se evidencia claramente que con posterioridad a la última diligencia suscrita por la parte actora en fecha 28 de septiembre de 2017, en la que consignó cinco periódicos contentivos de los carteles de citación del ciudadano Gregorio Gilberto Pérez Padrón, parte demandada, no existe ninguna actuación de la parte demandante para impulsar el proceso.
En tal sentido, se hace necesario puntualizar lo dispuesto en el Artículo 267 procesal, el cual es del tenor siguiente:
Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. (Resaltado propio)
En el encabezado de la norma transcrita el legislador estableció la perención de la instancia como una forma anormal de terminación del proceso, que se configura por la inactividad de las partes durante el período mayor de un año al no efectuar actos de procedimiento para mantener el desarrollo del juicio.
La finalidad de la perención, es evitar que los procesos se perpetúen por tiempo indefinido y los órganos de administración de justicia se vean obligados a procurar la composición de las causas, en las cuales, resulte un evidente desinterés de las partes en la continuación del juicio, quienes como manifestación del principio dispositivo tienen la carga de impulsarlo hasta llevarlo a la fase de composición natural del litigio, esto es, al estado de sentencia.
Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 063, de fecha 4 de marzo de 2013, puntualizó lo siguiente:

Ahora bien, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece expresamente lo siguiente:
…Omissis…
De acuerdo al artículo antes transcrito, se tiene que de acuerdo a los principios de economía y celeridad procesal, la perención persigue impedir la duración indeterminada de los procesos judiciales, por la inactividad de los demandantes que asumen una conducta negligente en no impulsar el proceso de manera diligente.
Así pues, la perención de la instancia es una sanción impuesta al demandante, por incumplimiento de las obligaciones procesales de carácter formal, desde el momento en que éste acciona jurisdiccionalmente, activando el aparato judicial. No obstante, su procedencia y declaratoria acarrea la terminación del proceso, más no así, el derecho de intentar nuevamente la acción.
En sintonía con lo anterior, la Sala considera pertinente citar sentencia N° RC-591 de fecha 29 de noviembre de 2010, caso de Seguros Mercantil, C.A. contra Jorge Díaz y otro, expediente N° 10-361, en la cual se dejo establecido lo siguiente:
“…El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece que:
…Omissis...
Respecto al contenido de la norma jurídica precedentemente citada, la Sala ha establecido que no se puede castigar a los litigantes con la perención de la instancia si la inactividad en el juicio le es imputable al juez. Es decir, si se espera alguna actuación por parte del tribunal que sea necesaria para la prosecución del juicio, no puede imputársele a las partes el transcurso del tiempo, por cuanto la renuencia del sentenciador en dictar la providencia que se requiere para destrabar la causa, no es atribuible a las partes. De allí que, lo establecido en la parte in fine del primer párrafo del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que la inactividad del juez después de vista la causa no produce la perención, se aplica no sólo a la sentencia definitiva sino también a la sentencia interlocutoria y a cualquier otro pronunciamiento que sea menester que el juez dicte para la prosecución del juicio. (Vid. Sentencia Nº 073, de fecha 15 de marzo de 2010, en el juicio incoado por Mirla Arrieta, contra Goma Espuma Nacional Compañía Anónima)...”. (Subrayado de la Sala).
De acuerdo a la jurisprudencia antes transcrita, se tiene que no puede imputársele a las partes en el proceso el transcurso del tiempo, si existe la espera de alguna actuación por parte del tribunal que sea necesaria para la prosecución del juicio, ya que la resistencia del sentenciador en dictar la providencia que se requiere para continuar la causa, no es atribuible a las partes, pues esa inactividad en el juicio sólo le es imputable al juez.
Al respecto, resulta pertinente citar al tratadista Ricardo Henríquez La Roche, que en su obra Instituciones de Derecho Procesal, Ediciones Liber, Caracas 2.005, Pag. 194, indica sobre la paralización del juicio por causa de inactividad, lo siguiente:
“…Paralización por inactividad. La quietud del proceso como dice GUASP, se debe a la inactividad de las partes o del Juez. Si un acto procesal no se realiza en la oportunidad legal por causa de dicha inactividad, las partes dejan de estar a derecho y es necesario notificarlas para la prosecución del juicio.
La paralización del proceso por más de un año, fuera del estado de sentencia, acarrea la perención de la instancia, en virtud de la cual opera de derecho (ipso iure) la caducidad y extinción del juicio. Si la paralización ocurre luego de vistos porque el juez no dicta sentencia en el lapso legal, no se produce la perención de la instancia, de acuerdo a lo señalado por la ley (Art. 267)…”. (Mayúsculas y cursivas del texto, subrayado de la Sala).
(Exp. N° AA20-C-2012-000455).

Conforme al criterio jurisprudencial expuesto, la perención se verifica de pleno derecho, no es renunciable por las partes y puede ser declarada de oficio, lo que constituye un castigo para quienes proponen demandas y abandonan el proceso al no impulsar el mismo hasta la fase de sentencia, en la cual, la inactividad del órgano jurisdiccional en dictar la decisión, no puede imputársele a las partes, y en tal virtud en dicha etapa ya no es posible declarar la perención.

En el caso de autos, tal como antes se señaló, desde la última actuación de la parte actora, a saber, la diligencia de fecha 28 de septiembre de 2017, inserta al folio 31, mediante la cual consignó cinco periódicos contentivos de los carteles de citación del ciudadano Gregorio Gilberto Pérez Padrón, parte demandada, no se constata en el expediente ninguna otra actuación de la parte demandante con el fin de impulsar el proceso, produciéndose así, una evidente inactividad de la parte demandante en el proceso que excedió con creces el lapso de un año establecido en el encabezado del Artículo 267 procesal, por lo cual resulta forzoso para este Tribunal declarar la perención de la instancia. Así se decide.

III
DISPOSITIVA
En orden a las anteriores consideraciones este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA por haber transcurrido más de un año sin que hubiese habido actuación alguna por la parte actora, para impulsar el proceso luego de su última actuación en fecha 28 de septiembre de 2017.

SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 283 procesal.

Archívese el presente expediente en su oportunidad legal.

Publíquese, regístrese, notifíquese a la parte demandante y/o a su apoderada judicial, y déjese copia certificada digitalizada para el archivo del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 procesal.

Dada, firmada, sellada y refrendada por la Secretaria Temporal del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los doce (13) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024). Años 214° de la Independencia y 165° de la Federación.

DRA. FANNY TRINIDAD RAMÍREZ SÁNCHEZ
JUEZ PROVISORIO

ABG. BLANCA YANELYS CONTRERAS ROSALES
SECRETARIA TEMPORAL