TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO PAZ CASTILLO. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

Santa Lucía, 28 de febrero de 2024.
212° y 164°

SOLICITANTES: CAROLINA SANABRIA RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-14.744.568 y JOSE LUIS ROJAS VELASQUEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-16.388.048.
ABOGADO ASISTENTE: CARLOS MENDOZA, inscrito bajo el Inpreabogado Nº 216.463
MOTIVO: DIVORCIO 185-A
EXPEDIENTE Nº 1204/2023

Mediante solicitud procedente del Tribunal Vigésimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas ante este Tribunal en fecha nueve (09) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), donde los ciudadanos: CAROLINA SANABRIA RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-14.744.568 y JOSE LUIS ROJAS VELASQUEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-16.388.048, debidamente asistidos por el profesional del derecho Abg. CARLOS MENDOZA, inscrito bajo el Inpreabogado Nº 216.463, para solicitar se declare el divorcio conforme a lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil, alegando la ruptura prolongada de la vida en común desde el día quince (15) de mayo del año dos mil catorce (2014), quienes exponen que: contrajeron matrimonio por ante el Registro Civil del Municipio Paz Castillo del Estado Bolivariano de Miranda, según consta en Acta de Matrimonio anotada bajo el N° 009, folio 009, de fecha primero (01) de marzo del año dos mil trece (2013), que establecieron su ultimo domicilio conyugal en: la Carretera Petare- Santa Lucia, Km 21, calle Colegio, Sector Potrerito, Parroquia Santa Lucia, Municipio Paz Castillo del Estado Bolivariano de Miranda. Que su vida conyugal fue interrumpida aproximadamente desde el año dos mil catorce (2014), y que desde entonces están separados de hecho, razón por la cual han decidido formalizar la disolución de su matrimonio conforme a lo establecido en el artículo 185 –A del Código Civil. De igual forma, los solicitantes señalaron que durante el vínculo matrimonial no procrearon hijos y que no adquirieron bienes ni fortunas que liquidar.

Corre al folio (13), diligencia de fecha 30/01/2024, donde la ciudadana CAROLINA SANABRIA RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-14.744.568, solicita ante este Tribunal dar continuidad a la presente demanda.

En relación con las implicaciones antes expuestas, este Tribunal por auto de fecha 30/01/2024, y corriente al folio (14), admitió la solicitud y ordenó notificar mediante boleta a la Fiscalía 14ª del Ministerio Publico para que actuara en el procedimiento como parte de buena fe.

Corriente al folio (15) cursa diligencia, presentada en fecha 07/02/2024, por el ciudadano alguacil del Tribunal JIMM GIL, mediante la cual consigna boleta de notificación dirigida a la Fiscal 14ª del Ministerio Publico, la cual fue recibida y debidamente firmada en la misma fecha.

El Tribunal por cuanto observa que desde el día 07/02/2024, fecha consta en autos que fue debidamente Notificado el Fiscal 14° del Ministerio Publico para que compareciera ante este Tribunal dentro de los DIEZ (10) días de Despacho siguientes contados a su notificación para que actuara en el procedimiento como parte de buena fe, sin que la misma haya realizado objeción a la solicitud de divorcio propuesta, transcurriendo así la cantidad de DOCE (12) días de despacho la cual se especifican a continuación: 08/02/2024; 14/02/2024; 15/02/2024; 16/02/2024; 19/02/2024; 20/02/2024; 21/02/2024; 22/02/2024; 23/02/2024; 26/02/2024; 27/02/2024; 28/02/2024, INCLUSIVE. En virtud de que ha transcurrido un tiempo prudencial para que la Fiscal 14° del Ministerio Publico emitiera su opinión, el Tribunal ordena emitir sentencia en la presente solicitud.

EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA:

Visto lo anteriormente expuesto, y en razón a la modalidad de divorcio de carácter no contencioso o de jurisdicción voluntaria, y siendo que este Juzgado de Municipio tiene competencia para conocer sobre el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución número 2009-0006, de fecha dieciocho (18) de marzo de 2009, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el cual señala lo siguiente: “Los Juzgados de Municipio conocerán deformas exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil. Mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de competencia por el territorio” (…)

Es obligatorio resaltar que el Matrimonio Civil es una Institución Jurídica creada por el legislador debido a que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Así tenemos que, el ordenamiento jurídico venezolano, ha creado un conjunto de normas tendientes a proteger la integridad de dicha institución jurídica, en nuestra sociedad el contrato de matrimonio nace a través de un vínculo afectivo de libre consentimiento entre dos personas de distinto sexo, mediante el cual, se genera una serie de derechos y deberes con el fin de realizar una vida en comunidad, basándose fundamentalmente en el respeto, el afecto, amor o cariño. El matrimonio, se basa en el libre consentimiento de conformidad a lo señalado en el artículo 77 de nuestra constitución, el cual establece: “Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los conyugues (…)

Ahora bien, una vez definido el matrimonio y sus preceptos legales dentro de nuestro ordenamiento jurídico, vale la pena resaltar que el mismo podrá ser disuelto a través de la figura del divorcio el cual puede ser definido como el proceso mediante el cual se le da termino al vínculo matrimonial, contraído entre las partes, y que cuya disolución será emitida por medio de un Tribunal Competente, a solicitud de ambos o uno de los conyugues, siendo esta una acción encaminada a obtener la disolución del matrimonio.

En este mismo orden de ideas, podemos resaltar el artículo 26 de nuestra constitución el cual estipula lo siguiente: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”

Cabe destacar que el artículo 49 de nuestra Constitución dispone lo siguiente: “toda persona tiene derecho a la defensa y a la asistencia jurídica en todo estado y grado de la investigación y del proceso, a ser notificada y de disponer de las garantías y medios adecuados para ejercer su defensa” (…)

Es importante resaltar que, al reformar el Código Civil, el Legislador incluyó entre las causas de Divorcio la que aparece en la nueva norma distinguida como 185-A. Sólo se requiere la cuestión fáctica (separación de hecho por más de cinco años), se une no sólo la ausencia de conciliación en ese lapso legal, sino que uno de los cónyuges no adopte alguna aptitud negativa bien sea oponiéndose activamente al divorcio o asumiendo una actitud omisa al no comparecer al Tribunal, pues en uno y otro supuesto se frustra el procedimiento. Igual efecto produce la objeción del Representante del Ministerio Público, quien debe ser notificado para intervenir en el proceso como parte de buena fe. Como en el caso de autos según aprecia el Juzgador, se han cumplido los términos de Ley, y no hay objeción ni rechazo a la solicitud siendo que ambos cónyuges han solicitado el divorcio de mutuo y común acuerdo, En consecuencia, debe declararse el divorcio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil, Así se decide.