TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PLAZA Y ZAMORA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, CON SEDE EN GUATIRE
Municipio1.civil.guatire@gmail.com
Guatire, dieciséis (16) de octubre del 2024
214º y 165º

SOLICITUD: N° 14122.-
SOLICITANTES: HECTOR ALEXANDER ROADES ALVAREZ y MERVIS CRISTAL SANTAELLA REINOZA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-14.225.852 y V-14.331.774, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL: HEBERTO RAMON BELLO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.683.843, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nº 299.700.
MOTIVO: DIVORCIO conforme a lo previsto en la sentencia Nº 1070 de fecha 09 de diciembre del año 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el Artículo 185 del Código Civil Venezolano.
I
DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

En fecha veintitrés (23) de julio del año 2024, el Profesional del Derecho HEBERTO RAMON BELLO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.683.843, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nº 299.700, en su carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos HECTOR ALEXANDER ROADES ALVAREZ y MERVIS CRISTAL SANTAELLA REINOZA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-14.225.852 y V-14.331.774, respectivamente, presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial Civil de esta Circunscripción Judicial, una solicitud de DIVORCIO con fundamento en la sentencia Nº 1070 de fecha 09 de diciembre del año 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el Artículo 185 del Código Civil Venezolano, la cual fue distribuida mediante sorteo Nº 08, correspondiéndole al Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de esta Circunscripción Judicial, mediante la cual expuso y solicitó en resumen lo siguiente:

1º) Que en fecha doce (12) de junio del año dos mil tres (2003), los solicitantes contrajeron matrimonio civil por ante el Registro Civil del Municipio Autónomo Ambrosio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda, tal y como se evidencia en el Acta de Matrimonio N° 115.-
2°) Que establecieron su último domicilio conyugal de mutuo acuerdo en la siguiente dirección: “Urbanización Manuel Martínez Manuel, Vereda 9, Casa N° 05, Sector 1, Trapichito, Guarenas, Estado Miranda”. –
3°) Que durante su relación no adquirieron bienes en la comunidad conyugal. -
4°) Que en dicha unión matrimonial procrearon un (1) hijo que lleva por nombre ALEXANDER JAVIER ROADES SANTAELLA, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-31.725.136. -
5°) Que “… a partir del 15 de MARZO DE 2018, decidieron interrumpir su vida común. Aunado a lo referido, es de suma importancia enfatizar, que su ruptura se motivó por EL DESAFECTO como pareja, debido a las incontables incompatibilidades de caracteres que se suscitaron durante su relación matrimonial, lo cual conllevó a que se tomara difícil la convivencia, realidad que fue poco a poco llevándolos a el distanciamiento total y todo por no querer entenderse, sin embargo ambos cónyuges han querido en años anteriores solucionar sus diferencias como corresponde a una pareja matrimonial venida de hogares bien constituidos y honorables, pero, desafortunadamente, su mutuo esfuerzo por salvar su hogar, ha sido totalmente infructuoso, a tal punto que en la actualidad, le es imposible la vida en común. Por razones expuesta, han convenido mediante el presente escrito solicitar el Divorcio, conforme al Código Civil Venezolano”.

Consignó recaudos los cuales se describen a continuación:

a) Copia Poder Especial, N° 11, tomo N° 45, de fecha veinticinco (25) de junio del año 2024, otorgado por los ciudadanos HECTOR ALEXANDER ROADES ALVAREZ y MERVIS CRISTAL SANTAELLA REINOZA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-14.225.852 y V-14.331.774, respectivamente a los Profesionales del Derecho HEBERTO RAMON BELLO GONZALEZ y XIOMARA JOSEFINA LIMA GARCÍA, venezolanos mayores de edad y titulares de las Cédulas de identidad Nos. V-12.683.843 y V-8.745.284, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo los Nos. N°299.700 y N°73.193, respectivamente, cursantes del folio cuatro (04) al folio diez (10) y su vto.
b) Copia simple del carnet del Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) N° 299.700, del Profesional del Derecho HEBERTO RAMON BELLO GONZALEZ, cursante al folio once (11).
c) Copia certificada del Acta de Matrimonio N° 115, de fecha doce (12) junio del año 2003, emitido por la Oficina del Registro Civil del Municipio Ambrosio Plaza, correspondiente a los ciudadanos HECTOR ALEXANDER ROADES ALVAREZ y MERVIS CRISTAL SANTAELLA REINOZA, identificados Ut supra, cursante al folio catorce (14) y su vto.
d) Copias simples de las Cédulas de Identidad de los ciudadanos HECTOR ALEXANDER ROADES ALVAREZ y MERVIS CRISTAL SANTAELLA REINOZA, identificados Ut supra, cursantes del folio quince (15) al folio dieciséis (16).
e) Acta de Nacimiento N° 827, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año 2004, emitida por la Primera Autoridad Civil del Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda, correspondiente al ciudadano ALEXANDER JAVIER ROADES SANTAELLA, identificado Ut supra, cursante al folio diecisiete (17).
f) Copia simple de la Cédula de identidad del ciudadano ALEXANDER JAVIER ROADES SANTAELLA, identificado Ut supra, cursante al folio dieciocho (18).

En fecha 25/07/2024: Se dictó auto dándole entrada a la presente solicitud y se instó a la Apoderada Judicial de los solicitantes a consignar los recaudos pertinentes. -
En fecha 26/07/2024: Compareció el Profesional del Derecho HEBERTO RAMON BELLO GONZALEZ, identificado Ut supra, a los fines de consignar los recaudos respectivos. -
En fecha 01/08/2024: Se dictó auto admitiendo la presente solicitud, ordenándose librar boleta de notificación al Fiscal 13° del Ministerio Público. En esta misma fecha se solicitó los fotostatos necesarios y el papel para proveer lo conducente. -
En fecha 07/8/2024: Compareció la funcionaria KATERINE MEJIAS, en su carácter de Alguacil de este Juzgado, a los fines de consignar diligencia donde dejó constancia de que en esta misma fecha recibió los emolumentos para su traslado de la parte interesada. –
En fecha 08/08/2024: Compareció ante este Tribunal el funcionario ROCNNY DAVILA TRUJILLO, en su carácter de Secretario Accidental de este Juzgado, a cargo de la Abogada LUZBEIDA QUIJADA, hizo constar mediante nota, que en cumplimiento al auto de fecha seis (06) de junio del año 2024 y previos suministros de los fotostatos correspondientes, se libra la boleta de notificación a la Fiscal del Ministerio Público N° 13.-
En fecha 09/08/2024: Compareció la funcionaria KATERINE MEJIAS, en su carácter de Alguacil de este Juzgado, a los fines de consignar diligencia donde dejó constancia de que en fecha 09/08/2024, se trasladó a la sede de la Fiscalía 13° del Ministerio Público, donde fue recibida por el ciudadano JEAN YANES en su carácter de Asistente Administrativo de la referida fiscalía, a la cual le hizo entrega de la respectiva boleta, librada en fecha 08/08/2024, igualmente consignó dicha boleta debidamente firmada.-
En fecha 08/10/2024: la Abogada ADRIANA BEATRIZ REVANALES ARMAS, se abocó al conocimiento de la presente solicitud en el estado que se encuentra. -
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Al reformar el Código Civil Venezolano en el año 1982, el legislador incluyó adicionalmente entre las causales de disolución del vínculo matrimonial la establecida en el artículo 185-A. Ésta fundamentalmente se basa en una cuestión fáctica temporal, vale decir, que los cónyuges hayan permanecido separados de hecho por un lapso de tiempo.
En dicho lapso no debería haber ocurrido reconciliación entre ambos cónyuges, ni oposición. Además, éstos deberán comparecer ante el órgano jurisdiccional competente, libres de apremio y coacción, manifestando su voluntad de disolver dicho vinculo de mutuo acuerdo y en caso que acuda una sola de las partes se citará al otro cónyuge a fin que comparezca a exponer lo que considere respecto a la solicitud de divorcio. Igualmente, el representante del Ministerio Público como parte de buena fe deberá emitir opinión favorable al efecto. En el caso bajo estudio, los ciudadanos HECTOR ALEXANDER ROADES ALVAREZ y MERVIS CRISTAL SANTAELLA REINOZA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-14.225.852 y V-14.331.774, respectivamente, representados judicialmente por el Profesional del Derecho HEBERTO RAMON BELLO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.683.843, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nº 299.700, comparecieron, que “… a partir del 15 de MARZO DE 2018, decidieron interrumpir su vida común. Aunado a lo referido, es de suma importancia enfatizar, que su ruptura se motivó por EL DESAFECTO como pareja, debido a las incontables incompatibilidades de caracteres que se suscitaron durante su relación matrimonial, lo cual conllevó a que se tomara difícil la convivencia, realidad que fue poco a poco llevándolos a el distanciamiento total y todo por no querer entenderse, sin embargo ambos cónyuges han querido en años anteriores solucionar sus diferencias como corresponde a una pareja matrimonial venida de hogares bien constituidos y honorables, pero, desafortunadamente, su mutuo esfuerzo por salvar su hogar, ha sido totalmente infructuoso, a tal punto que en la actualidad, le es imposible la vida en común. Por razones expuesta, han convenido mediante el presente escrito solicitar el Divorcio, conforme al Código Civil Venezolano”. Aunado a lo antes expresado, la representante del Ministerio Público como parte de buena fe, no emitió opinión, hecho que no es impedimento para emitir pronunciamiento en la presente solicitud. -

En este orden de ideas, a fin de afianzar el fundamento a la presente decisión, vale destacar el pronunciamiento sobre el punto de marras realizado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia N° 1070 del 9 de diciembre de 2016 y la sentencia Nª 136 del 30 de marzo de 2017 emanada de la Sala de Casación Civil igualmente del Tribunal Supremo de Justicia la cual expresa:
“(…)Esta Sala de Casación Civil acoge los criterios doctrinales y jurisprudenciales antes citados, especialmente la sentencia N° 1070 dictada con carácter vinculante por la Sala Constitucional en fecha 09 de diciembre de 2016, y concluye que cualquiera de los cónyuges que lo deseen, podrá demandar el divorcio con las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, o por cualquier otro motivo, como la incompatibilidad de caracteres o desafecto, sin que quepa la posibilidad de que manifestada la ruptura matrimonial de hecho, se obligue a alguno de los cónyuges a mantener el vínculo jurídico cuando este ya no lo desea, pues de lo contrario, se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de no constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a las personas.
“…OMISSIS…”
Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más, sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.
Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia[r] y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada.
Por ello, a los fines de la protección familiar debe entenderse el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de aligerar la carga emocional de la familia.
Cuando uno de los cónyuges manifiesta la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas.
Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos a voluntad de disolver la unión matrimonial “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…”. Así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la Sala Constitucional, procedimiento en la cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el juez de la entidad de la razón del solicitante.
Por último, ratifica esta Sala que el fin que deben perseguir los Tribunales, es producir como jueces naturales conforme lo dispone el Artículo 99 de la Carta Política, una decisión que entienda que el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los conyugues, con el propósito de la protección familia y de aligerar la carga emocional de la misma. Cabe destacar que no obstante el procedimiento apropiado para tramitar la solicitud de divorcio que en este punto se ha abordado, sin lugar a dudas que la correspondiente decisión proferida por el Tribunal causará cosa juzgada material a tenor de lo previsto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, sería un absurdo considerar que toda la interpretación progresiva de carácter constitucional (vinculante dada a la institución del divorcio en aras – entre otros aspectos- de materializar en él un procedimiento célere, breve y expedito pudiera sacrificar la cosa juzgada material.”
Para esta Juzgadora, es imperioso expresar que el divorcio, constituye una solución que le otorga la Ley a uno de los cónyuges o a ambos, para que puedan resolver sus conflictos y diferencias considerando que ya en la relación no hay remedio alguno para salvar el matrimonio. De manera pues, que negar esta posibilidad a cualquier ciudadano constituye una flagrante violación de sus derechos constitucionales al libre acceso a la justicia, al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva. -
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, esta Juzgadora no teniendo elemento alguno en contra, considera cubiertos los supuestos que cimientan la norma sustantiva antes expresada. Así se declara.
III
DISPOSITIVA
Con fundamento a los hechos narrados, el derecho invocado, así como en la sentencia Nº 1070 de fecha 09 de diciembre del año 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el Artículo 185-A del Código Civil Venezolano, con la fuerza de lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Guatire, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 185-A del Código Civil DECLARA CON LUGAR la solicitud de divorcio presentada por los ciudadanos HECTOR ALEXANDER ROADES ALVAREZ y MERVIS CRISTAL SANTAELLA REINOZA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-14.225.852 y V-14.331.774, respectivamente, representados judicialmente por el Profesional del Derecho HEBERTO RAMON BELLO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.683.843, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nº 299.700, y en consecuencia queda DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL, a partir del momento en que la presente decisión quede definitivamente firme.
Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Guatire, a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024). Publíquese en el portal web: www.tsj.gob.ve. Años 214º de la Independencia y 165º de la Federación.
LA JUEZ,

Abg. ADRIANA BATRIZ REVANALES ARMAS

LA SECRETARIA Acc,

Abg. ANA I. GARCIA. M
En esta misma fecha, se publicó y registró la presente decisión, siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.), dejándose copia debidamente certificada de la misma en el copiador de sentencias llevado por ante este Tribunal a tenor de lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

LA SECRETARIA Acc,

Abg. ANA I. GARCIA. M

ABRA/aigm/Maria.
DIVORCIO.
Exp. 14122.