Mediante solicitud presentada ante este Tribunal en fecha ocho (08) de julio del dos mil veinticinco 2025, comparecieron los ciudadanos: JUANA RIVERO DE PEREZ y GREGORIO ENRIQUE PEREZ MIRANDA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros V- 10.072.007 y V- 6.962.174; respectivamente, asistidos por la profesional del derecho Abg. YAMILET COROMOTO GARCIA LIRA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 206.807, para solicitar se declare el divorcio, conforme a lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil, alegando la ruptura prolongada de la vida en común desde el mes de marzo del año de 2018; quienes exponen que: al efecto, contrajeron Matrimonio por ante el Consejo Municipal del Distrito Federal de la Parroquia el Valle ( actual Registro Civil de la Parroquia el Valle Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital) según consta en el Acta de Matrimonio anotada bajo el N° 72, de fecha primero (01) de abril del año mil novecientos ochenta y seis (1986), que establecieron su domicilio conyugal en La Represa del alto de Soapire, Santa Lucia, Municipio Paz Castillo del Estado Bolivariano de Miranda. Que su vida conyugal fue interrumpida aproximadamente desde el mes de marzo del año de 2018, y que desde entonces están separados de hecho, razón por la cual han decidido formalizar la disolución de su matrimonio conforme a lo establecido en el artículo 185 –A del Código Civil. De igual forma los solicitantes señalaron que durante el vínculo matrimonial procrearon dos (02) hijos actualmente mayores de edad y que no adquirieron bienes y fortunas que liquidar. Por auto de fecha 14/07/2025 Corriente al folio siete (07), este Tribunal admitió la solicitud y ordenó Notificar mediante Boleta a la Fiscalía Décimo Cuarta del Ministerio Publico para que actuara en el procedimiento como parte de buena fe. Corriente al folio ocho (08) cursa diligencia, de fecha 25/07/2025 presentada por el alguacil del Tribunal Jimm Gil, mediante la cual consigna boleta de notificación dirigida al Fiscal 14° del Ministerio Publico, la cual fue recibida y firmada en la misma fecha. Cursa al folio diez (10) auto de fecha 08/08/2025, mediante el cual se corrige la solicitud que por error involuntario se admitió como Divorcio (1070) de conformidad con la sentencia emanada de la Sala Constitucional Nº 1.070, de fecha 09 de diciembre de 2016 cuando lo correcto es Divorcio 185-A del Código Civil, por cuanto tienen más de cinco (05) años separados, quedando subsanado. El Tribunal por cuanto observa que desde el día 25/07/2025, fecha en que fue debidamente Notificado el Fiscal 14° del Ministerio Publico para que compareciera ante este Tribunal dentro de los DIEZ (10) días de Despacho siguientes contados a su notificación para que actuara en el procedimiento como parte de buena fe, y habiendo transcurriendo así la cantidad de DOCE (12) días de despacho la cual se especifican a continuación, 28/07/2025, 29/07/2025; 30/07/2025; 31/07/2025; 01/08/2025, 04/08/2025; 05/08/2025; 06/08/2025; 07/08/2025; 08/08/2025; 11/08/2025; 12/08/2025 y en virtud de que el Ministerio Publico emitiera su opinión no teniendo ninguna objeción ni observaciones sobre la referida causa, es por lo que este Tribunal ordena emitir sentencia en la presente solicitud. EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA: Visto lo anteriormente expuesto, y en razón a la modalidad de divorcio de carácter no contencioso o de jurisdicción voluntaria, y siendo que este Juzgado de Municipio tiene competencia para conocer sobre el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución número 2009-0006, de fecha dieciocho (18) de marzo de 2009, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el cual señala lo siguiente: “Los Juzgados de Municipio conocerán deformas exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil. Mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de competencia por el territorio” (…). Es obligatorio resaltar que el Matrimonio Civil es una Institución Jurídica creada por el legislador debido a que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Así tenemos que, el ordenamiento jurídico venezolano, ha creado un conjunto de normas tendientes a proteger la integridad de dicha institución jurídica, en nuestra sociedad el contrato de matrimonio nace a través de un vínculo afectivo de libre consentimiento entre dos personas de distinto sexo, mediante el cual, se genera una serie de derechos y deberes con el fin de realizar una vida en comunidad, basándose fundamentalmente en el respeto, el afecto, amor o cariño. El matrimonio, se basa en el libre consentimiento de conformidad a lo señalado en el artículo 77 de nuestra constitución, el cual establece: “Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los conyugues (…) Ahora bien, una vez definido el matrimonio y sus preceptos legales dentro de nuestro ordenamiento jurídico, vale la pena resaltar que el mismo podrá ser disuelto a través de la figura del divorcio el cual puede ser definido como el proceso mediante el cual se le da termino al vínculo matrimonial, contraído entre las partes, y que cuya disolución será emitida por medio de un Tribunal Competente, a solicitud de ambos o uno de los conyugues, siendo esta una acción encaminada a obtener la disolución del matrimonio. En este mismo orden de ideas, podemos resaltar el artículo 26 de nuestra constitución el cual estipula lo siguiente: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente” Cabe destacar que el artículo 49 de nuestra Constitución dispone lo siguiente: “toda persona tiene derecho a la defensa y a la asistencia jurídica en todo estado y grado de la investigación y del proceso, a ser notificada y de disponer de las garantías y medios adecuados para ejercer su defensa” (…) Es importante resaltar que, al reformar el Código Civil, el Legislador incluyó entre las causas de Divorcio la que aparece en la nueva norma distinguida como 185-A. Sólo se requiere la cuestión fáctica (separación de hecho por más de cinco años), se une no sólo la ausencia de conciliación en ese lapso legal, sino que uno de los cónyuges no adopte alguna aptitud negativa bien sea oponiéndose activamente al divorcio o asumiendo una actitud omisa al no comparecer al Tribunal, pues en uno y otro supuesto se frustra el procedimiento. Igual efecto produce la objeción del Representante del Ministerio Público, quien debe ser notificado para intervenir en el proceso como parte de buena fe. Como en el caso de autos según aprecia el Juzgador, se han cumplido los términos de Ley, y no hay objeción ni rechazo a la solicitud siendo que ambos cónyuges han solicitado el divorcio de mutuo y común acuerdo, En consecuencia, debe declararse el divorcio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil, Así se decide.