REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUAICAIPURO Y CARRIZAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA Años: 215º y 166º -I- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.- EXPEDIENTE NRO: 25-6440 PARTE SOLICITANTE: Ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.455.549 y V-4.055.536, respectivamente. DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) DE LA PARTE SOLICITANTE: GINNET VERAMENDEZ, Defensora Pública Provisoria Primera con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito del estado Bolivariano de Miranda, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 131.817. MOTIVO: DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO. SENTENCIA: Definitiva. -II- RELACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES Y PLANTEAMIENTO DE LA SOLICITUD Se inició el presente proceso mediante solicitud recibida en función de TRIBUNAL MÓVIL en fecha 17 de julio de 2025, la cual fue presentada por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.455.549 y V-4.055.536, respectivamente, debidamente asistidos por la abogada GINNET VERAMENDEZ, Defensora Pública Provisoria Primera con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito del estado Bolivariano de Miranda, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 131.817, alegando en su solicitud de divorcio lo siguiente: “(…) contrajimos matrimonio ante el Registro Civil de Personas y Electoral de la Parroquia Los Teques, del Municipio Guaicaipuro, Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 17/10/1986, según consta en Acta de Matrimonio Nro. 261, del libro de Registro Civil antes mencionado, (…). Fijamos como nuestro último domicilio conyugal el siguiente dirección: Urbanización Bosque Alto, casa N°12, Sector Los Montes Verdes, Parroquia Los Teques, Municipio Guaicaipuro, estado Bolivariano de Miranda. Durante la unión conyugal si procreamos hijos (as), los cuales actualmente son mayores de edad ANTONIO JOSE MORALES ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad V-18.996.279 y ALEJANDRA CAROLINA MORALES ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad V-25.148.061(...) (…)al inicio nuestra unión matrimonial transcurrió en armonía, no obstante, con el tiempo esa armonía se fue perdiendo y por causas diversas, comenzamos a tener problemas influyendo en la armonía conyugal reinante hasta entonces, la cual quedo completamente rota entre nosotros. (…). (…) las desavenencias hicieron imposible la continuación de la vida en común, nos separamos de hecho en fecha 16/06/2012, habiendo rupturas prolongadas de la visa en común.” En fecha 17 de julio de 2025, este juzgado en función de tribunal móvil, recibió los recaudos respectivos, a los fines de que sea admitida la solicitud. Asimismo, en esa misma fecha este juzgado admitió la solicitud, ordenándose la notificación de la Fiscal Undécima del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial mediante boleta, a fin de que actuara en el procedimiento como parte de buena fe. En fecha 18 de julio de 2025, la abogada JENNY TERESA VILLALOBOS ZURITA, actuando en su carácter de Fiscal Auxiliar interina (E) Décima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con competencia en materia Civil, Instituciones Familiares y de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, manifestó que se declare procedente la disolución del vínculo conyugal existente entre las partes, por haberse cumplido con los requisitos de ley y criterios jurisprudencial invocados. -III- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conceptualiza a la familia como la asociación natural de la sociedad, la cual es fundamental para el desarrollo integral de las personas y establece una protección al matrimonio por o a través de la ley, protección que es desarrollada por el Código Civil y otros textos legislativos; no obstante, el legislador no puede apartarse de la realidad social, y si bien la unión de la pareja es el estado ideal no es menos cierto que en el matrimonio se suscitan conflictos que pueden llevar a su ruptura, la cual se encuentra a través del denominado procedimiento de divorcio previsto en el artículo 185 del Código Civil el que prevé las causales taxativas que dan lugar a él. No obstante a ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 693, expediente N° 12-1163, del 2 de junio de 2015, realizó interpretación constitucional del artículo 185 del Código Civil en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, estableciendo con carácter vinculante, lo siguiente: “(…) Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento (…)” (resaltado añadido por este tribunal). Así las cosas, en la actualidad es irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un número de causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales, tales como: protección constitucional de la familia por encima del matrimonio, derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, derecho a la dignidad del ser humano, la tutela judicial efectiva y la protección constitucional del matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges; en consecuencia, nadie puede ser coaccionado a contraer nupcias, y, por interpretación lógica ningún ser humano está obligado a permanecer unido en matrimonio. En ese orden de ideas, se puede concluir que cualquiera de los cónyuges que así lo desee, podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, o por cualquier otro motivo, incluyendo el mutuo consentimiento, como lo determina la Sala Constitucional del máximo tribunal; por consiguiente, si ambos cónyuges están de acuerdo en disolver el vínculo matrimonial que los une por tornarse el matrimonio insostenible, no existe ninguna justificación válida para impedir el divorcio, pues de lo contrario, se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona. Conforme a lo anterior, y subsumiéndonos en el caso de autos, esta juzgadora observa que la presente solicitud de DIVORCIO fue presentada en jornada de tribunal móvil por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.455.549 y V-4.055.536, respectivamente, debidamente asistidos por la abogada GINNET VERAMENDEZ, Defensora Pública Provisoria Primera con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito del estado Bolivariano de Miranda, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 131.817, en la cual manifestaron que contrajeron matrimonio civil ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Los Teques del Distrito Guaicaipuro del estado Miranda (hoy Registro Civil y Electoral de la Parroquia Los Teques del Municipio Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda), en fecha 17 de octubre de 1986, según consta del contenido de la copia certificada del acta de matrimonio inserta bajo el N° 261, folio 261 del libro de matrimonio llevado por ese organismo (inserto a los folios 4,5,6 del presente expediente), a la cual este tribunal le da pleno valor probatorio por llenar los requisitos de ley como documento público de conformidad con el artículo 1.359 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, con la cual se demuestra la existencia del vínculo matrimonial entre los solicitantes, antes identificados. Asimismo, se desprende de la solicitud que los comparecientes manifestaron que de su unión conyugal procrearon dos hijos actualmente son mayores de edad ciudadanos ANTONIO JOSE MORALES ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad V-18.996.279 y ALEJANDRA CAROLINA MORALES ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad V-25.148.061, y que su último domicilio conyugal fue establecido en la siguiente dirección: “Urbanización Bosque Alto, casa N°12, Sector Los Montes Verdes, Parroquia Los Teques, Municipio Guaicaipuro, estado Bolivariano de Miranda”, siendo este el último donde hicieran vida en común como matrimonio, lo cual le atribuye la competencia por el territorio a este tribunal para conocer del presente asunto, conforme a lo establecido en la Resolución del Tribunal Supremo de Justicia N° 2009-06 de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 39.152 de fecha 02 de abril de 2009. Por consiguiente, constando en autos la notificación de la Fiscal XI del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, quien manifestó no tener objeción alguna a la presente solicitud, es por lo que este juzgado debe declara CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO, presentada por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS y en consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial que unió a los prenombrados, contraído mediante acta de matrimonio N° 261, levantada por el Registro Civil y Electoral de la Parroquia Los Teques del Municipio Bolivariano de Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda en fecha 17 de octubre de 1986, inserta al folio 261 del Libro de Matrimonio, correspondiente al año 1986, teniendo la presente sentencia carácter de cosa juzgada material según lo establecido en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, y en acatamiento a la sentencia No. 136, dictado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de marzo de 2.017; tal y como se dispondrá en la parte dispositiva del presente fallo. ASÍ SE DECIDE. -V- DISPOSITIVA Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO, presentada por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.455.549 y V-4.055.536, respectivamente, y en consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial que unió a los prenombrados, contraído mediante acta de matrimonio N° 261, levantada por el Registro Civil y Electoral de la Parroquia Los Teques del Municipio Bolivariano de Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 17 de octubre de 1986, inserta al folio 261 del Libro de Matrimonio, correspondiente al año 1986. SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en la sentencia No. 136, dictado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de marzo de 2.017, en la cual se indicó que “(…) la correspondiente decisión proferida por el tribunal causará cosa juzgada material a tenor de lo previsto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil (…)”, y visto que la decisión dictada en asuntos de mero derecho y no contencioso, no está permitido el ejercicio del recurso ordinario de apelación (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal, reflejada en sus fallos N° 357, de fecha 27 de marzo 2009, expediente N° 2008-1614, y N° 1070, de fecha 9 de diciembre 2016, expediente N° 2016-0916, concatenado con la sentencia de la Sala de Casación Civil del 18 de mayo de 2017, Exp. 2017-000312), se declara la presente decisión DEFINITIVAMENTE FIRME, y en consecuencia, se DECRETA LA EJECUCIÓN de la misma. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 101, numeral 06 y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se ordena registrar la presente sentencia ante el Registro Civil y Electoral de la Parroquia Los Teques del Municipio Bolivariano de Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda y ante el Registro Principal que corresponda, agregándosele la nota marginal en el acta de matrimonio respectiva. Expídase por secretaría las copias certificadas requeridas a fin de acompañar los oficios que se ordenan librar a las autoridades civiles respectivas, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil. Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. REGISTRASE Y PUBLÍQUESE Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, a los veintiún días (21) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025), a los 215° Años de la Independencia y 166° Años de la Federación. LA JUEZA, LEIDYMAR AZUARTA GOMEZ. LA SECRETARIA ACCIDENTAL, RUSBELYS BUSTAMANTE. En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las diez y diecisiete minutos (10:17 am) de la mañana. LA SECRETARIA ACCIDENTAL. Solicitud Nº 25-6440. Sentencia. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUAICAIPURO Y CARRIZAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA Años: 215º y 166º -I- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.- EXPEDIENTE NRO: 25-6440 PARTE SOLICITANTE: Ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.455.549 y V-4.055.536, respectivamente. DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) DE LA PARTE SOLICITANTE: GINNET VERAMENDEZ, Defensora Pública Provisoria Primera con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito del estado Bolivariano de Miranda, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 131.817. MOTIVO: DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO. SENTENCIA: Definitiva. -II- RELACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES Y PLANTEAMIENTO DE LA SOLICITUD Se inició el presente proceso mediante solicitud recibida en función de TRIBUNAL MÓVIL en fecha 17 de julio de 2025, la cual fue presentada por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.455.549 y V-4.055.536, respectivamente, debidamente asistidos por la abogada GINNET VERAMENDEZ, Defensora Pública Provisoria Primera con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito del estado Bolivariano de Miranda, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 131.817, alegando en su solicitud de divorcio lo siguiente: “(…) contrajimos matrimonio ante el Registro Civil de Personas y Electoral de la Parroquia Los Teques, del Municipio Guaicaipuro, Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 17/10/1986, según consta en Acta de Matrimonio Nro. 261, del libro de Registro Civil antes mencionado, (…). Fijamos como nuestro último domicilio conyugal el siguiente dirección: Urbanización Bosque Alto, casa N°12, Sector Los Montes Verdes, Parroquia Los Teques, Municipio Guaicaipuro, estado Bolivariano de Miranda. Durante la unión conyugal si procreamos hijos (as), los cuales actualmente son mayores de edad ANTONIO JOSE MORALES ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad V-18.996.279 y ALEJANDRA CAROLINA MORALES ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad V-25.148.061(...) (…)al inicio nuestra unión matrimonial transcurrió en armonía, no obstante, con el tiempo esa armonía se fue perdiendo y por causas diversas, comenzamos a tener problemas influyendo en la armonía conyugal reinante hasta entonces, la cual quedo completamente rota entre nosotros. (…). (…) las desavenencias hicieron imposible la continuación de la vida en común, nos separamos de hecho en fecha 16/06/2012, habiendo rupturas prolongadas de la visa en común.” En fecha 17 de julio de 2025, este juzgado en función de tribunal móvil, recibió los recaudos respectivos, a los fines de que sea admitida la solicitud. Asimismo, en esa misma fecha este juzgado admitió la solicitud, ordenándose la notificación de la Fiscal Undécima del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial mediante boleta, a fin de que actuara en el procedimiento como parte de buena fe. En fecha 18 de julio de 2025, la abogada JENNY TERESA VILLALOBOS ZURITA, actuando en su carácter de Fiscal Auxiliar interina (E) Décima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con competencia en materia Civil, Instituciones Familiares y de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, manifestó que se declare procedente la disolución del vínculo conyugal existente entre las partes, por haberse cumplido con los requisitos de ley y criterios jurisprudencial invocados. -III- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conceptualiza a la familia como la asociación natural de la sociedad, la cual es fundamental para el desarrollo integral de las personas y establece una protección al matrimonio por o a través de la ley, protección que es desarrollada por el Código Civil y otros textos legislativos; no obstante, el legislador no puede apartarse de la realidad social, y si bien la unión de la pareja es el estado ideal no es menos cierto que en el matrimonio se suscitan conflictos que pueden llevar a su ruptura, la cual se encuentra a través del denominado procedimiento de divorcio previsto en el artículo 185 del Código Civil el que prevé las causales taxativas que dan lugar a él. No obstante a ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 693, expediente N° 12-1163, del 2 de junio de 2015, realizó interpretación constitucional del artículo 185 del Código Civil en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, estableciendo con carácter vinculante, lo siguiente: “(…) Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento (…)” (resaltado añadido por este tribunal). Así las cosas, en la actualidad es irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un número de causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales, tales como: protección constitucional de la familia por encima del matrimonio, derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, derecho a la dignidad del ser humano, la tutela judicial efectiva y la protección constitucional del matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges; en consecuencia, nadie puede ser coaccionado a contraer nupcias, y, por interpretación lógica ningún ser humano está obligado a permanecer unido en matrimonio. En ese orden de ideas, se puede concluir que cualquiera de los cónyuges que así lo desee, podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, o por cualquier otro motivo, incluyendo el mutuo consentimiento, como lo determina la Sala Constitucional del máximo tribunal; por consiguiente, si ambos cónyuges están de acuerdo en disolver el vínculo matrimonial que los une por tornarse el matrimonio insostenible, no existe ninguna justificación válida para impedir el divorcio, pues de lo contrario, se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona. Conforme a lo anterior, y subsumiéndonos en el caso de autos, esta juzgadora observa que la presente solicitud de DIVORCIO fue presentada en jornada de tribunal móvil por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.455.549 y V-4.055.536, respectivamente, debidamente asistidos por la abogada GINNET VERAMENDEZ, Defensora Pública Provisoria Primera con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito del estado Bolivariano de Miranda, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 131.817, en la cual manifestaron que contrajeron matrimonio civil ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Los Teques del Distrito Guaicaipuro del estado Miranda (hoy Registro Civil y Electoral de la Parroquia Los Teques del Municipio Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda), en fecha 17 de octubre de 1986, según consta del contenido de la copia certificada del acta de matrimonio inserta bajo el N° 261, folio 261 del libro de matrimonio llevado por ese organismo (inserto a los folios 4,5,6 del presente expediente), a la cual este tribunal le da pleno valor probatorio por llenar los requisitos de ley como documento público de conformidad con el artículo 1.359 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, con la cual se demuestra la existencia del vínculo matrimonial entre los solicitantes, antes identificados. Asimismo, se desprende de la solicitud que los comparecientes manifestaron que de su unión conyugal procrearon dos hijos actualmente son mayores de edad ciudadanos ANTONIO JOSE MORALES ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad V-18.996.279 y ALEJANDRA CAROLINA MORALES ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad V-25.148.061, y que su último domicilio conyugal fue establecido en la siguiente dirección: “Urbanización Bosque Alto, casa N°12, Sector Los Montes Verdes, Parroquia Los Teques, Municipio Guaicaipuro, estado Bolivariano de Miranda”, siendo este el último donde hicieran vida en común como matrimonio, lo cual le atribuye la competencia por el territorio a este tribunal para conocer del presente asunto, conforme a lo establecido en la Resolución del Tribunal Supremo de Justicia N° 2009-06 de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 39.152 de fecha 02 de abril de 2009. Por consiguiente, constando en autos la notificación de la Fiscal XI del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, quien manifestó no tener objeción alguna a la presente solicitud, es por lo que este juzgado debe declara CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO, presentada por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS y en consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial que unió a los prenombrados, contraído mediante acta de matrimonio N° 261, levantada por el Registro Civil y Electoral de la Parroquia Los Teques del Municipio Bolivariano de Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda en fecha 17 de octubre de 1986, inserta al folio 261 del Libro de Matrimonio, correspondiente al año 1986, teniendo la presente sentencia carácter de cosa juzgada material según lo establecido en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, y en acatamiento a la sentencia No. 136, dictado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de marzo de 2.017; tal y como se dispondrá en la parte dispositiva del presente fallo. ASÍ SE DECIDE. -V- DISPOSITIVA Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO, presentada por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.455.549 y V-4.055.536, respectivamente, y en consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial que unió a los prenombrados, contraído mediante acta de matrimonio N° 261, levantada por el Registro Civil y Electoral de la Parroquia Los Teques del Municipio Bolivariano de Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 17 de octubre de 1986, inserta al folio 261 del Libro de Matrimonio, correspondiente al año 1986. SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en la sentencia No. 136, dictado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de marzo de 2.017, en la cual se indicó que “(…) la correspondiente decisión proferida por el tribunal causará cosa juzgada material a tenor de lo previsto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil (…)”, y visto que la decisión dictada en asuntos de mero derecho y no contencioso, no está permitido el ejercicio del recurso ordinario de apelación (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal, reflejada en sus fallos N° 357, de fecha 27 de marzo 2009, expediente N° 2008-1614, y N° 1070, de fecha 9 de diciembre 2016, expediente N° 2016-0916, concatenado con la sentencia de la Sala de Casación Civil del 18 de mayo de 2017, Exp. 2017-000312), se declara la presente decisión DEFINITIVAMENTE FIRME, y en consecuencia, se DECRETA LA EJECUCIÓN de la misma. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 101, numeral 06 y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se ordena registrar la presente sentencia ante el Registro Civil y Electoral de la Parroquia Los Teques del Municipio Bolivariano de Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda y ante el Registro Principal que corresponda, agregándosele la nota marginal en el acta de matrimonio respectiva. Expídase por secretaría las copias certificadas requeridas a fin de acompañar los oficios que se ordenan librar a las autoridades civiles respectivas, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil. Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. REGISTRASE Y PUBLÍQUESE Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, a los veintiún días (21) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025), a los 215° Años de la Independencia y 166° Años de la Federación. LA JUEZA, LEIDYMAR AZUARTA GOMEZ. LA SECRETARIA ACCIDENTAL, RUSBELYS BUSTAMANTE. En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las diez y diecisiete minutos (10:17 am) de la mañana. LA SECRETARIA ACCIDENTAL. Solicitud Nº 25-6440. Sentencia. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUAICAIPURO Y CARRIZAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA Años: 215º y 166º -I- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.- EXPEDIENTE NRO: 25-6440 PARTE SOLICITANTE: Ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.455.549 y V-4.055.536, respectivamente. DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) DE LA PARTE SOLICITANTE: GINNET VERAMENDEZ, Defensora Pública Provisoria Primera con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito del estado Bolivariano de Miranda, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 131.817. MOTIVO: DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO. SENTENCIA: Definitiva. -II- RELACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES Y PLANTEAMIENTO DE LA SOLICITUD Se inició el presente proceso mediante solicitud recibida en función de TRIBUNAL MÓVIL en fecha 17 de julio de 2025, la cual fue presentada por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.455.549 y V-4.055.536, respectivamente, debidamente asistidos por la abogada GINNET VERAMENDEZ, Defensora Pública Provisoria Primera con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito del estado Bolivariano de Miranda, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 131.817, alegando en su solicitud de divorcio lo siguiente: “(…) contrajimos matrimonio ante el Registro Civil de Personas y Electoral de la Parroquia Los Teques, del Municipio Guaicaipuro, Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 17/10/1986, según consta en Acta de Matrimonio Nro. 261, del libro de Registro Civil antes mencionado, (…). Fijamos como nuestro último domicilio conyugal el siguiente dirección: Urbanización Bosque Alto, casa N°12, Sector Los Montes Verdes, Parroquia Los Teques, Municipio Guaicaipuro, estado Bolivariano de Miranda. Durante la unión conyugal si procreamos hijos (as), los cuales actualmente son mayores de edad ANTONIO JOSE MORALES ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad V-18.996.279 y ALEJANDRA CAROLINA MORALES ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad V-25.148.061(...) (…)al inicio nuestra unión matrimonial transcurrió en armonía, no obstante, con el tiempo esa armonía se fue perdiendo y por causas diversas, comenzamos a tener problemas influyendo en la armonía conyugal reinante hasta entonces, la cual quedo completamente rota entre nosotros. (…). (…) las desavenencias hicieron imposible la continuación de la vida en común, nos separamos de hecho en fecha 16/06/2012, habiendo rupturas prolongadas de la visa en común.” En fecha 17 de julio de 2025, este juzgado en función de tribunal móvil, recibió los recaudos respectivos, a los fines de que sea admitida la solicitud. Asimismo, en esa misma fecha este juzgado admitió la solicitud, ordenándose la notificación de la Fiscal Undécima del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial mediante boleta, a fin de que actuara en el procedimiento como parte de buena fe. En fecha 18 de julio de 2025, la abogada JENNY TERESA VILLALOBOS ZURITA, actuando en su carácter de Fiscal Auxiliar interina (E) Décima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con competencia en materia Civil, Instituciones Familiares y de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, manifestó que se declare procedente la disolución del vínculo conyugal existente entre las partes, por haberse cumplido con los requisitos de ley y criterios jurisprudencial invocados. -III- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conceptualiza a la familia como la asociación natural de la sociedad, la cual es fundamental para el desarrollo integral de las personas y establece una protección al matrimonio por o a través de la ley, protección que es desarrollada por el Código Civil y otros textos legislativos; no obstante, el legislador no puede apartarse de la realidad social, y si bien la unión de la pareja es el estado ideal no es menos cierto que en el matrimonio se suscitan conflictos que pueden llevar a su ruptura, la cual se encuentra a través del denominado procedimiento de divorcio previsto en el artículo 185 del Código Civil el que prevé las causales taxativas que dan lugar a él. No obstante a ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 693, expediente N° 12-1163, del 2 de junio de 2015, realizó interpretación constitucional del artículo 185 del Código Civil en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, estableciendo con carácter vinculante, lo siguiente: “(…) Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento (…)” (resaltado añadido por este tribunal). Así las cosas, en la actualidad es irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un número de causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales, tales como: protección constitucional de la familia por encima del matrimonio, derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, derecho a la dignidad del ser humano, la tutela judicial efectiva y la protección constitucional del matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges; en consecuencia, nadie puede ser coaccionado a contraer nupcias, y, por interpretación lógica ningún ser humano está obligado a permanecer unido en matrimonio. En ese orden de ideas, se puede concluir que cualquiera de los cónyuges que así lo desee, podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, o por cualquier otro motivo, incluyendo el mutuo consentimiento, como lo determina la Sala Constitucional del máximo tribunal; por consiguiente, si ambos cónyuges están de acuerdo en disolver el vínculo matrimonial que los une por tornarse el matrimonio insostenible, no existe ninguna justificación válida para impedir el divorcio, pues de lo contrario, se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona. Conforme a lo anterior, y subsumiéndonos en el caso de autos, esta juzgadora observa que la presente solicitud de DIVORCIO fue presentada en jornada de tribunal móvil por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.455.549 y V-4.055.536, respectivamente, debidamente asistidos por la abogada GINNET VERAMENDEZ, Defensora Pública Provisoria Primera con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito del estado Bolivariano de Miranda, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 131.817, en la cual manifestaron que contrajeron matrimonio civil ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Los Teques del Distrito Guaicaipuro del estado Miranda (hoy Registro Civil y Electoral de la Parroquia Los Teques del Municipio Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda), en fecha 17 de octubre de 1986, según consta del contenido de la copia certificada del acta de matrimonio inserta bajo el N° 261, folio 261 del libro de matrimonio llevado por ese organismo (inserto a los folios 4,5,6 del presente expediente), a la cual este tribunal le da pleno valor probatorio por llenar los requisitos de ley como documento público de conformidad con el artículo 1.359 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, con la cual se demuestra la existencia del vínculo matrimonial entre los solicitantes, antes identificados. Asimismo, se desprende de la solicitud que los comparecientes manifestaron que de su unión conyugal procrearon dos hijos actualmente son mayores de edad ciudadanos ANTONIO JOSE MORALES ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad V-18.996.279 y ALEJANDRA CAROLINA MORALES ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad V-25.148.061, y que su último domicilio conyugal fue establecido en la siguiente dirección: “Urbanización Bosque Alto, casa N°12, Sector Los Montes Verdes, Parroquia Los Teques, Municipio Guaicaipuro, estado Bolivariano de Miranda”, siendo este el último donde hicieran vida en común como matrimonio, lo cual le atribuye la competencia por el territorio a este tribunal para conocer del presente asunto, conforme a lo establecido en la Resolución del Tribunal Supremo de Justicia N° 2009-06 de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 39.152 de fecha 02 de abril de 2009. Por consiguiente, constando en autos la notificación de la Fiscal XI del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, quien manifestó no tener objeción alguna a la presente solicitud, es por lo que este juzgado debe declara CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO, presentada por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS y en consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial que unió a los prenombrados, contraído mediante acta de matrimonio N° 261, levantada por el Registro Civil y Electoral de la Parroquia Los Teques del Municipio Bolivariano de Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda en fecha 17 de octubre de 1986, inserta al folio 261 del Libro de Matrimonio, correspondiente al año 1986, teniendo la presente sentencia carácter de cosa juzgada material según lo establecido en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, y en acatamiento a la sentencia No. 136, dictado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de marzo de 2.017; tal y como se dispondrá en la parte dispositiva del presente fallo. ASÍ SE DECIDE. -V- DISPOSITIVA Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO, presentada por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.455.549 y V-4.055.536, respectivamente, y en consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial que unió a los prenombrados, contraído mediante acta de matrimonio N° 261, levantada por el Registro Civil y Electoral de la Parroquia Los Teques del Municipio Bolivariano de Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 17 de octubre de 1986, inserta al folio 261 del Libro de Matrimonio, correspondiente al año 1986. SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en la sentencia No. 136, dictado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de marzo de 2.017, en la cual se indicó que “(…) la correspondiente decisión proferida por el tribunal causará cosa juzgada material a tenor de lo previsto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil (…)”, y visto que la decisión dictada en asuntos de mero derecho y no contencioso, no está permitido el ejercicio del recurso ordinario de apelación (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal, reflejada en sus fallos N° 357, de fecha 27 de marzo 2009, expediente N° 2008-1614, y N° 1070, de fecha 9 de diciembre 2016, expediente N° 2016-0916, concatenado con la sentencia de la Sala de Casación Civil del 18 de mayo de 2017, Exp. 2017-000312), se declara la presente decisión DEFINITIVAMENTE FIRME, y en consecuencia, se DECRETA LA EJECUCIÓN de la misma. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 101, numeral 06 y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se ordena registrar la presente sentencia ante el Registro Civil y Electoral de la Parroquia Los Teques del Municipio Bolivariano de Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda y ante el Registro Principal que corresponda, agregándosele la nota marginal en el acta de matrimonio respectiva. Expídase por secretaría las copias certificadas requeridas a fin de acompañar los oficios que se ordenan librar a las autoridades civiles respectivas, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil. Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. REGISTRASE Y PUBLÍQUESE Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, a los veintiún días (21) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025), a los 215° Años de la Independencia y 166° Años de la Federación. LA JUEZA, LEIDYMAR AZUARTA GOMEZ. LA SECRETARIA ACCIDENTAL, RUSBELYS BUSTAMANTE. En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las diez y diecisiete minutos (10:17 am) de la mañana. LA SECRETARIA ACCIDENTAL. Solicitud Nº 25-6440. Sentencia. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUAICAIPURO Y CARRIZAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA Años: 215º y 166º -I- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.- EXPEDIENTE NRO: 25-6440 PARTE SOLICITANTE: Ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.455.549 y V-4.055.536, respectivamente. DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) DE LA PARTE SOLICITANTE: GINNET VERAMENDEZ, Defensora Pública Provisoria Primera con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito del estado Bolivariano de Miranda, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 131.817. MOTIVO: DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO. SENTENCIA: Definitiva. -II- RELACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES Y PLANTEAMIENTO DE LA SOLICITUD Se inició el presente proceso mediante solicitud recibida en función de TRIBUNAL MÓVIL en fecha 17 de julio de 2025, la cual fue presentada por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.455.549 y V-4.055.536, respectivamente, debidamente asistidos por la abogada GINNET VERAMENDEZ, Defensora Pública Provisoria Primera con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito del estado Bolivariano de Miranda, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 131.817, alegando en su solicitud de divorcio lo siguiente: “(…) contrajimos matrimonio ante el Registro Civil de Personas y Electoral de la Parroquia Los Teques, del Municipio Guaicaipuro, Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 17/10/1986, según consta en Acta de Matrimonio Nro. 261, del libro de Registro Civil antes mencionado, (…). Fijamos como nuestro último domicilio conyugal el siguiente dirección: Urbanización Bosque Alto, casa N°12, Sector Los Montes Verdes, Parroquia Los Teques, Municipio Guaicaipuro, estado Bolivariano de Miranda. Durante la unión conyugal si procreamos hijos (as), los cuales actualmente son mayores de edad ANTONIO JOSE MORALES ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad V-18.996.279 y ALEJANDRA CAROLINA MORALES ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad V-25.148.061(...) (…)al inicio nuestra unión matrimonial transcurrió en armonía, no obstante, con el tiempo esa armonía se fue perdiendo y por causas diversas, comenzamos a tener problemas influyendo en la armonía conyugal reinante hasta entonces, la cual quedo completamente rota entre nosotros. (…). (…) las desavenencias hicieron imposible la continuación de la vida en común, nos separamos de hecho en fecha 16/06/2012, habiendo rupturas prolongadas de la visa en común.” En fecha 17 de julio de 2025, este juzgado en función de tribunal móvil, recibió los recaudos respectivos, a los fines de que sea admitida la solicitud. Asimismo, en esa misma fecha este juzgado admitió la solicitud, ordenándose la notificación de la Fiscal Undécima del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial mediante boleta, a fin de que actuara en el procedimiento como parte de buena fe. En fecha 18 de julio de 2025, la abogada JENNY TERESA VILLALOBOS ZURITA, actuando en su carácter de Fiscal Auxiliar interina (E) Décima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con competencia en materia Civil, Instituciones Familiares y de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, manifestó que se declare procedente la disolución del vínculo conyugal existente entre las partes, por haberse cumplido con los requisitos de ley y criterios jurisprudencial invocados. -III- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conceptualiza a la familia como la asociación natural de la sociedad, la cual es fundamental para el desarrollo integral de las personas y establece una protección al matrimonio por o a través de la ley, protección que es desarrollada por el Código Civil y otros textos legislativos; no obstante, el legislador no puede apartarse de la realidad social, y si bien la unión de la pareja es el estado ideal no es menos cierto que en el matrimonio se suscitan conflictos que pueden llevar a su ruptura, la cual se encuentra a través del denominado procedimiento de divorcio previsto en el artículo 185 del Código Civil el que prevé las causales taxativas que dan lugar a él. No obstante a ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 693, expediente N° 12-1163, del 2 de junio de 2015, realizó interpretación constitucional del artículo 185 del Código Civil en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, estableciendo con carácter vinculante, lo siguiente: “(…) Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento (…)” (resaltado añadido por este tribunal). Así las cosas, en la actualidad es irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un número de causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales, tales como: protección constitucional de la familia por encima del matrimonio, derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, derecho a la dignidad del ser humano, la tutela judicial efectiva y la protección constitucional del matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges; en consecuencia, nadie puede ser coaccionado a contraer nupcias, y, por interpretación lógica ningún ser humano está obligado a permanecer unido en matrimonio. En ese orden de ideas, se puede concluir que cualquiera de los cónyuges que así lo desee, podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, o por cualquier otro motivo, incluyendo el mutuo consentimiento, como lo determina la Sala Constitucional del máximo tribunal; por consiguiente, si ambos cónyuges están de acuerdo en disolver el vínculo matrimonial que los une por tornarse el matrimonio insostenible, no existe ninguna justificación válida para impedir el divorcio, pues de lo contrario, se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona. Conforme a lo anterior, y subsumiéndonos en el caso de autos, esta juzgadora observa que la presente solicitud de DIVORCIO fue presentada en jornada de tribunal móvil por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.455.549 y V-4.055.536, respectivamente, debidamente asistidos por la abogada GINNET VERAMENDEZ, Defensora Pública Provisoria Primera con competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito del estado Bolivariano de Miranda, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 131.817, en la cual manifestaron que contrajeron matrimonio civil ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Los Teques del Distrito Guaicaipuro del estado Miranda (hoy Registro Civil y Electoral de la Parroquia Los Teques del Municipio Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda), en fecha 17 de octubre de 1986, según consta del contenido de la copia certificada del acta de matrimonio inserta bajo el N° 261, folio 261 del libro de matrimonio llevado por ese organismo (inserto a los folios 4,5,6 del presente expediente), a la cual este tribunal le da pleno valor probatorio por llenar los requisitos de ley como documento público de conformidad con el artículo 1.359 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, con la cual se demuestra la existencia del vínculo matrimonial entre los solicitantes, antes identificados. Asimismo, se desprende de la solicitud que los comparecientes manifestaron que de su unión conyugal procrearon dos hijos actualmente son mayores de edad ciudadanos ANTONIO JOSE MORALES ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad V-18.996.279 y ALEJANDRA CAROLINA MORALES ORDOÑEZ, titular de la cédula de identidad V-25.148.061, y que su último domicilio conyugal fue establecido en la siguiente dirección: “Urbanización Bosque Alto, casa N°12, Sector Los Montes Verdes, Parroquia Los Teques, Municipio Guaicaipuro, estado Bolivariano de Miranda”, siendo este el último donde hicieran vida en común como matrimonio, lo cual le atribuye la competencia por el territorio a este tribunal para conocer del presente asunto, conforme a lo establecido en la Resolución del Tribunal Supremo de Justicia N° 2009-06 de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 39.152 de fecha 02 de abril de 2009. Por consiguiente, constando en autos la notificación de la Fiscal XI del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, quien manifestó no tener objeción alguna a la presente solicitud, es por lo que este juzgado debe declara CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO, presentada por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS y en consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial que unió a los prenombrados, contraído mediante acta de matrimonio N° 261, levantada por el Registro Civil y Electoral de la Parroquia Los Teques del Municipio Bolivariano de Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda en fecha 17 de octubre de 1986, inserta al folio 261 del Libro de Matrimonio, correspondiente al año 1986, teniendo la presente sentencia carácter de cosa juzgada material según lo establecido en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, y en acatamiento a la sentencia No. 136, dictado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de marzo de 2.017; tal y como se dispondrá en la parte dispositiva del presente fallo. ASÍ SE DECIDE. -V- DISPOSITIVA Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO, presentada por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA DEL VALLE ORDOÑEZ GARRIDO y ANTONIO JOSE MORALES ROJAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.455.549 y V-4.055.536, respectivamente, y en consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial que unió a los prenombrados, contraído mediante acta de matrimonio N° 261, levantada por el Registro Civil y Electoral de la Parroquia Los Teques del Municipio Bolivariano de Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda, en fecha 17 de octubre de 1986, inserta al folio 261 del Libro de Matrimonio, correspondiente al año 1986. SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en la sentencia No. 136, dictado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de marzo de 2.017, en la cual se indicó que “(…) la correspondiente decisión proferida por el tribunal causará cosa juzgada material a tenor de lo previsto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil (…)”, y visto que la decisión dictada en asuntos de mero derecho y no contencioso, no está permitido el ejercicio del recurso ordinario de apelación (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal, reflejada en sus fallos N° 357, de fecha 27 de marzo 2009, expediente N° 2008-1614, y N° 1070, de fecha 9 de diciembre 2016, expediente N° 2016-0916, concatenado con la sentencia de la Sala de Casación Civil del 18 de mayo de 2017, Exp. 2017-000312), se declara la presente decisión DEFINITIVAMENTE FIRME, y en consecuencia, se DECRETA LA EJECUCIÓN de la misma. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 101, numeral 06 y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se ordena registrar la presente sentencia ante el Registro Civil y Electoral de la Parroquia Los Teques del Municipio Bolivariano de Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda y ante el Registro Principal que corresponda, agregándosele la nota marginal en el acta de matrimonio respectiva. Expídase por secretaría las copias certificadas requeridas a fin de acompañar los oficios que se ordenan librar a las autoridades civiles respectivas, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil. Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. REGISTRASE Y PUBLÍQUESE Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, a los veintiún días (21) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025), a los 215° Años de la Independencia y 166° Años de la Federación. LA JUEZA, LEIDYMAR AZUARTA GOMEZ. LA SECRETARIA ACCIDENTAL, RUSBELYS BUSTAMANTE. En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las diez y diecisiete minutos (10:17 am) de la mañana. LA SECRETARIA ACCIDENTAL. Solicitud Nº 25-6440. Sentencia.