TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO LOS SALIAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
214 º y 165º

I
SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES

Se dio inicio al presente procedimiento con ocasión a la solicitud de divorcio presentada en fecha tres (3) de junio de dos mil veinticinco (2025), por la ciudadana DAYSEE MARUJA VELASCO DE MENDEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-4.975.606, debidamente asistida por el abogado en ejercicio FRANCISCO CUMANA SILVA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 83.562.
Es el caso que, la solicitante manifestó que contrajo matrimonio civil con el ciudadano EDGAR GREGORIO MENDEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-4.974.507, ante el Registro Civil de la Parroquia La Vega del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, en fecha catorce (14) de febrero de mil novecientos setenta y nueve (1979), tal como se desprende del acta de matrimonio signada con el No. 25 (cursante en autos en copia certificada anexada); así mismo, manifestó que fijaron su domicilio conyugal en la siguiente dirección: Parque Residencial OPS, Torre 4, Piso 17, Apartamento 17-5, Avenida Perimetral, San Antonio de los Altos, Municipio los Salias del Estado Bolivariano de Miranda; que durante la unión matrimonial procrearon dos (2) hijos, actualmente mayores de edad, cuyos nombres son EDWIN GERARDO MENDEZ VELASCO y ERICK GERARDO MENDEZ VELAZCO, venezolanos y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-13.583.360 y V-17.815.066, en su orden; que si adquirieron bienes de fortuna que liquidar; y que con el transcurso de los años se generaron desavenencias e incompatibilidades de caracteres que hicieron imposible la vida en común, por lo que solicita la disolución del vínculo conyugal a tenor de lo contemplado en la sentencia No. 1070-2016 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha nueve (9) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), en concordancia con la sentencia No. 136 dictada por la Sala de Casación Civil en fecha treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
Mediante auto dictado en fecha seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025), este tribunal admitió la solicitud presentada, ordenó practicar la citación telemática del cónyuge de la solicitante así como la notificación de la representación del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, a fin de que actuara como parte de buena fe, siendo libradas las boletas correspondientes.
En fecha diecisiete (17) de junio de dos mil veinticinco (2025), compareció el ciudadano EDGAR GREGORIO MENDEZ, estando debidamente asistido de abogada y mediante diligencia manifestó “(…) me doy por citado y estoy de acuerdo con la solicitud presentada (…)”.
En fecha ocho (8) de julio del año dos mil veinticinco (2025), el alguacil de este tribunal dejó constancia en autos de haber practicado la notificación de la Fiscal del Ministerio Público, consignando un (1) ejemplar de la respectiva boleta firmada y sellada.
Posteriormente, en fecha once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025), compareció ante este juzgado la abogada JENNY TERESA VILLALOBOS ZURITA, actuando en su carácter de Fiscal Auxiliar Interina (E) Décima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con competencia en Materia Civil, Instituciones Familiares y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y mediante diligencia manifestó que considera procedente la disolución del vínculo conyugal, en virtud que el procedimiento intentado cumple con los requisitos de ley y criterios jurisprudenciales.
Ahora bien, estando dentro de la oportunidad legal para dictar sentencia, este tribunal procede a hacerlo en los términos que se expondrán a continuación.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Previo al pronunciamiento que corresponde, quien aquí suscribe considera necesario precisar que el matrimonio civil comprende una institución jurídica creada por el Legislador, debido a que tradicionalmente la familia, como célula fundamental de la sociedad, se constituía y se desarrollaba en ella. No obstante, aun cuando el ordenamiento jurídico venezolano históricamente ha creado un conjunto de normas tendientes a proteger la integridad de dicha institución, con el transcurso del tiempo han surgido nuevas posturas jurisprudenciales que se adecuan a la evolución de la sociedad, tal como se evidencia de la sentencia No. 1070/2016 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha nueve (9) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), la cual fue invocada por la hoy solicitante, y de cuyo contenido se desprende entre otras cosas, lo siguiente:

“(…) A este respecto tenemos pues que al momento en el cual perece el afecto la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges, por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales. De la misma forma, durante la unión matrimonial puede surgir la incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges, la cual consiste en una intolerancia de alguno de los cónyuges para con su pareja, siendo exteriorizada en diversas formas lo que genera una permanente aversión que hace imposible la vida en común.
De modo pues que tales situaciones no se pueden encasillar a las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, tal y como se estableció en la sentencia n° 693/2015, ya que al ser sentimientos intrínsecos de alguno de los cónyuges, estos pueden nacer o perecer de forma inesperada sin que exista un motivo específico. Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.
Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada. Por ello, a los fines de la protección familiar debe entenderse el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de aligerar la carga emocional de la familia. (…)” (negrillas añadidas).

Del criterio jurisprudencial antes transcrito, se colige entonces que en garantía a la libertad, el libre desenvolvimiento de la personalidad, y al derecho de obtener una tutela judicial efectiva, resultan procedentes las solicitudes de divorcio fundamentadas en cualquier otra situación, no expresamente prevista en el artículo 185 del Código Civil, en la que cualquiera de los cónyuges considere que le es imposible la continuación del vínculo matrimonial, y por ende, alegue que le resulta insostenible la vida en común.
Así pues, señala la referida Sala, que si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, ello como expresión de su voluntad, de igual modo esa voluntad debe estar destinada al mantenimiento de la vida en común, o en su defecto, destinada a la ruptura del vínculo matrimonial, lo que por vía de consecuencia conduciría al divorcio; en otras palabras, debido a que conforme a nuestra norma sustantiva civil, nadie puede ser obligado a contraer matrimonio, debe interpretarse a su vez que nadie puede ser obligado a permanecer casado.
Aclarado lo anterior, esta juzgadora adentrándose a las circunstancias propias del caso de autos, observa que las presentes actuaciones versan sobre un procedimiento no contencioso de jurisdicción voluntaria, en el cual la ciudadana DAYSEE MARUJA VELASCO DE MENDEZ, expuso que con el transcurso del tiempo han surgido desavenencias que le hacen imposible sostener la vida en común con su cónyuge, ciudadano EDGAR GREGORIO MENDEZ, y que le han generado desafecto respecto a ésta, lo cual efectivamente se enmarca en lo previsto por la Sala Constitucional en la citada sentencia No. 1070-2016; motivo por el cual acude ante este órgano jurisdiccional, a los fines de solicitar expresamente que se decrete el divorcio por desafecto.
Así mismo, esta sentenciadora verifica que el ciudadano EDGAR GREGORIO MENDEZ, compareció al tribunal y mediante diligencia se dio por citado, manifestando estar de acuerdo con el procedimiento incoado; e incluso, verifica que la representación fiscal quedó debidamente notificada en autos, compareció oportunamente y manifestó mediante informe que considera procedente la disolución del vínculo conyugal solicitada, señalando no tener objeción alguna que formular por haberse cumplido con los requisitos de ley y criterios jurisprudenciales, todo lo cual permite afirmar que la solicitud que encabeza la presente actuación debe prosperar en derecho.
En efecto, por las razones antes expuestas y partiendo de las manifestaciones que fueron realizadas por la cónyuge solicitante, así como de los instrumentos probatorios aportados por éste, quien aquí suscribe procede a declarar CON LUGAR la solicitud de divorcio presentada por la ciudadana DAYSEE MARUJA VELASCO DE MENDEZ, y en consecuencia, se declara DISUELTO el vínculo conyugal que unía a la prenombrada ciudadana con el ciudadano EDGAR GREGORIO MENDEZ, el cual fue contraído ante el Registro Civil de la Parroquia La Vega del Municipio Libertador del Distrito Federal (hoy Distrito Capital), en fecha catorce (14) de febrero de mil novecientos setenta y nueve (1979), tal como se desprende del acta de matrimonio signada con el No. 25; tal como se dejará sentado en el dispositivo del presente fallo.- Así se decide.

III
DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de divorcio presentada por la ciudadana DAYSEE MARUJA VELASCO DE MENDEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-4.975.606, con fundamento en lo previsto en las sentencias vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nos. 12-1163 de fecha dos (2) de junio de dos mil quince (2015) y 1070 de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), y la sentencia No. 136 de la Sala de Casación Civil, dictada en fecha treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017), y en consecuencia, se declara DISUELTO el vínculo conyugal que unía a la prenombrada ciudadana con el ciudadano EDGAR GREGORIO MENDEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-4.974.507, el cual fue contraído ante el Registro Civil de la Parroquia La Vega del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, en fecha catorce (14) de febrero de mil novecientos setenta y nueve (1979), tal como se desprende del acta de matrimonio signada con el No. 25.
Notifíquese mediante oficio a las autoridades competentes, con inclusión de las copias de la presente decisión, previa su certificación por la secretaría de este despacho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, una vez que la misma quede firme.
Publíquese, regístrese, ejecútese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, San Antonio de Los Altos, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025). Años 214º de la Independencia y 165º de la Federación.
LA JUEZ,

ADRIANA GONCALVES RODRIGUES.
LA SECRETARIA,

NUVIA BAUTISTA.

Nota: se deja constancia que en esta misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo la una de la tarde (1:00 p.m.).

LA SECRETARIA,