TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PLAZA Y ZAMORA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, CON SEDE EN GUATIRE
Municipio1.civil.guatire@gmail.com

Guatire, veintiséis (26) de marzo del año 2025.
214º y 166º

SOLICITANTE: CECILIA SOLEDAD PINTO ARCILA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.840.814. –

CONYUGUE DE LA
SOLICITANTE: JORGE ORLANDO LAYA NASPE, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-8.751.604.-

APODERADA JUDICIAL: JUANA MARGARITA ARNAL PINTO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.762.579, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el N° 49.478. –

MOTIVO: DIVORCIO

SOLICITUD: N° 14177. –

I
NARRATIVA

En fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024), la ciudadana, CECILIA SOLEDAD PINTO ARCILA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.840.814, debidamente asistida y posteriormente representada Judicialmente por la Abogada JUANA MARGARITA ARNAL PINTO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.762.579, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el N° 49.478, presentaron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial Civil de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, escrito de solicitud de DIVORCIO contra el ciudadano JORGE ORLANDO LAYA NASPE, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-8.751.604, con fundamento con la Sentencia Nº 1070 de fecha nueve (09) de diciembre del año 2016 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con la Sentencia Nº 136 del treinta (30) de marzo del año 2017 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, correspondiéndole por distribución a este Juzgado, según se evidencia de sorteo N° 30, de fecha esa misma fecha 30/09/2024, mediante el cual expuso y solicitó en resumen lo siguiente:

1. Que “… contraje matrimonio civil con el ciudadano JORGE ORLANDO LAYA NASPE, quien es de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. V-8.751.604, por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Zamora estado Miranda, en fecha 25 de abril de 1.986”.
2. Que “… Durante nuestra unión procreamos un hijo de nombre JORGE ANTONIO LAYA PINTO, el cual falleció y consigno copias de Acta de Nacimiento y Acta de Defunción”.
3. Que establecieron su último domicilio conyugal en la siguiente dirección: “Urbanización Castillejo, Conjunto Residencial Los Altos I, Entrada C, Edificio 6, Apartamento 611, Planta Baja, Guatire estado Miranda”.
4. Que “… Con respecto a los bienes, señalamos que durante la unión matrimonial no adquirimos bienes gananciales que liquidar”.
5. Que “(…) es el caso que la relación conyugal fue interrumpida de manera pública y notoria desde hace mas de Veinte (20) años, por lo que existe una separación de hecho, sin que hasta la presente fecha, se haya reanudado la vida en común, destacando que no pretendo ninguna reconciliación, por lo cual ocurro ante su competente autoridad para solicitar, como en efecto lo hago, la disolución del vínculo conyugal que nos une ya que es mi voluntad poner fin a la relación matrimonial por invocación expresa del DESAFECTO, que de acuerdo a lo plasmado en el contenido de la Sentencia N° 1070 de 09 de Diciembre de 2016 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia(…)”.

Consignó recaudos los cuales se identifican a continuación:

a) Copia Certificada del Acta de Matrimonio, el cual quedó asentado bajo el Acta Nº 26, folios Nros. 038 y 039, de fecha veinticinco (25) de abril del año 1986, cuya certificación fue por ante el Consejo Municipal del Municipio Zamora del estado Miranda (actualmente Oficina de Registro Civil del Municipio Zamora del estado Bolivariano de Miranda) en fecha veintitrés (23) de mayo del año 2003, correspondiente a los ciudadanos JORGE ORLANDO LAYA NASPE y CECILIA SOLEDAD PINTO ARCILA, ambos plenamente identificados, cursante al folio cinco (05) y su vto. –
b) Copia certificada del Acta de Nacimiento N° 1383, folio N° 683, de fecha veintiuno (21) de octubre del año 1986, emitida por la Primera Autoridad Civil del Municipio Guatire, Distrito Zamora del estado Miranda (actualmente Oficina de Registro Civil del Municipio Zamora del estado Bolivariano de Miranda) correspondiente al ciudadano JORGE ANTONIO, cursante al solio seis (06). –
c) Copia certificada del Acta de Defunción N° 406, folio N/A, de fecha trece (13) de julio del año 2009, cuya certificación fue expedida por ante la Oficina de Registro Civil del Municipio Plaza del estado Bolivariano de Miranda, en fecha seis (06) de septiembre del año 2018, correspondiente al ciudadano LAYA PINTO JORGE ANTINIO, quien en vida fuera venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-17.458.590, cursante al folio siete (07). –
d) Copia simple de la Cédula de Identidad N° V-6.840.814, correspondiente a la ciudadana CECILIA SOLEDAD PINTO ARCILA, cursante al folio ocho (08). –
e) Copia simple de la Cédula de Identidad N° V-8.751.604, correspondiente al ciudadano JORGE ORLANDO LAYA NASPE, cursante al folio veintiocho (28). –

En fecha primero (01) de octubre del año 2024: Se dictó auto dándole entrada a la presente solicitud, y se anotó el libro respectivo, asignándosele el N° 14177 (de la nomenclatura interna de este Juzgado). Igualmente se instó a los solicitantes a consignar los recaudos pertinentes. -
En fecha dieciséis (16) de octubre del año 2024: Compareció la solicitante, ciudadana CECILIA SOLEDAD PINTO ARCILA, debidamente asistida por la Abogada JUANA MARGARITA ARNAL PINTO, ambas plenamente identificadas, consignando los recaudos respectivos. En esta misma fecha, la solicitante identificada Ut Supra, otorgó poder Apud-Acta a la profesional del Derecho plenamente identificada. Por último, la Secretaria Accidental de este Juzgado en ese momento la Abg. ANA ISABEL GARCIA MARTINEZ, hizo constar que identifico al poderdante.
En fecha dieciocho (18) de octubre del año 2024: Se dictó auto de ADMISIÓN en la presente solicitud y se ordenó librar boleta de citación al ciudadano JORGE ORLANDO LAYA NASPE, identificado Ut Supra y boleta de notificación a la Fiscal del Ministerio Público Nº 13, a objeto que emitiera opinión respecto al presente procedimiento como parte de buena fe. En esta misma fecha se cumplió con lo ordenado.
En fecha veinticuatro (24) de octubre del año 2024: Compareció la Abogada JUANA MARGARITA ARNAL PINTO, en su carácter de Apoderada Judicial de la solicitante, ciudadana CECILIA SOLEDAD PINTO ARCILA, ambas plenamente identificadas, a los fines de solicitar que se le habilite el tiempo necesario para llevar a cabo la notificación del ciudadano JORGE ORLANDO LAYA NASPE, plenamente identificado.
En fecha veintinueve (29) de octubre del año 2024: Se dictó auto instando a la parte solicitante a consignar los fotostatos a los fines de librar copia certificada las cuales serán anexadas a las Boletas de Notificación y Citación según lo acordado en el auto de admisión de fecha (18/10/2024).
En fecha doce (12) de noviembre del año 2024: Compareció la Abogada JUANA MARGARITA ARNAL PINTO, en su carácter de Apoderada Judicial de la solicitante, ciudadana CECILIA SOLEDAD PINTO ARCILA, ambas plenamente identificadas, a los fines de consignar las copias de la solicitud de divorcio y del auto de admisión a fin que se realice las correspondientes Notificaciones.
En fecha dieciocho (18) de noviembre del año 21024: La Secretaria Accidental de este Tribunal en ese momento la Abg. ANA I. GARCIA, hizo constar que previo suministro de los fotostatos consignados por la Profesional del Derecho JUANA MARGARITA ARNAL, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la solicitante, ciudadana CECILIA SOLEDAD PINTO ARCILA, ambas plenamente identificadas, se le dio cumplimiento al auto de admisión de fecha (18/10/2024), se libró dos (02) juegos de copias certificadas las cuales fueron anexas a las boletas respectivas.
En fecha seis (06) de diciembre del año 2024: La Alguacil de este Juzgado, funcionaria KATERINE MEJIAS, dejó constancia mediante informe que recibió los emolumentos necesarios para su traslado. Seguidamente la Alguacil de este Juzgado, funcionaria KATERINE MEJIAS, dejó constancia mediante informe que en fecha (04/12/2024), se trasladó a la Fiscalía Décima Tercera (13°) de Ministerio Público y consignó Boleta de Notificación debidamente firmada y sellada.
En fecha catorce (14) de enero del año 2025: La Alguacil de este Juzgado, funcionaria KATERINE MEJIAS, dejó constancia mediante informe que en fechas (10/12/2024), (10/01/2025 y (13/01/2025), se trasladó “Urbanización 27 de febrero, Avenida Martín Vera Guerra 2, Residencia Salto Ángel, Piso 9, Apartamento 5, Guarenas estado Bolivariano de Miranda”, donde fue atendida por vecinos del mismo edificio quienes manifestaron que el ciudadano JORGE ORLANDO LAYA NASPE, plenamente identificado, ya no vive en dicha dirección, razón por la procedió a consignar boleta de citación sin firma con su respectivas copias. Seguidamente compareció la Abogada JUANA MARGARITA ARNAL, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la solicitante, ciudadana CECILIA SOLEDAD PINTO ARCILA, ambas plenamente identificadas, a los fines de notificar el domicilio actual del ciudadano JORGE ORLANDO LAYA NASPE, plenamente identificado, cónyuge de la solicitante, para que el mismo se notificado en la siguiente dirección: “Calle Atlántida, zona 2, casa sin número color marfil de rejas negras, Ubicada al lado de la bodega de la señora Lala, Guatire jurisdicción del Municipio Autónomo Zamora del estado Miranda”, igualmente consignó copia fotostáticas de la Cédula de Identidad del ciudadano JORGE ORLANDO LAYA NASPE, ya identificado.
En fecha veintidós (22) de enero del año 2025: se dictó auto donde se le da cumplimiento a lo ordenando en la diligencia que antecede se libró la boleta de citación al ciudadano JORGE ORLANDO LAYA NASPE, plenamente identificado. En esta misma fecha se libró la boleta de citación y del mismo modo se instó a la parte interesada a consignar los fotostatos necesarios a los fines de ser anexadas las copias debidamente certificada en la mencionada boleta.
En fecha treinta (30) de enero del año 2025: compareció la Abogada JUANA MARGARITA ARNAL, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la solicitante, ciudadana CECILIA SOLEDAD PINTO ARCILA, ambas plenamente identificadas, a consignar copias de la solicitud de divorcio y del auto de admisión a los fines de que se realice la correspondiente citación al ciudadano JORGE ORLANDO LAYA NASPE, plenamente identificado.
En fecha cuatro (04) de febrero del año 2025: la Secretaria Abg. ERIKA ELIZABETH HEREDIA CARRASQUEL, hizo constar mediante nota que en cumplimiento al auto de fecha (22/01/2025), y previó suministro de los fotostatos se libró las copias certificadas respectivas.
En fecha cinco (05) de febrero del año 2025: La Alguacil de este Juzgado, funcionaria KATERINE MEJIAS, dejó constancia mediante informe que en esa misma fecha (05/05/2025), se trasladó a la siguiente dirección: Calle Atlántida, zona 2, casa sin número color marfil de rejas negras, Ubicada al lado de la bodega de la señora “Lala”, Parroquia Guatire, Municipio del estado Bolivariano de Miranda, donde pudo entrevistarse con el ciudadano JORGE ORLANDO LAYA NASPE, plenamente identificado, donde procedió hacerle entrega de la boleta de citación el cual firmo sin ninguna dificultad y consignó dicha Boleta de Citación debidamente firmada.

Ahora bien, conforme al criterio vinculante establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 136 de fecha treinta (30) de marzo del año 2017, a través de la cual, acogiéndose a la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció el procedimiento a seguirse en caso de que se alegue como fundamento del divorcio el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, esta Juzgadora procede a resolver la presente petición en los siguientes términos:

II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Este Juzgado antes de emitir el pronunciamiento de Ley, considera necesario acotar que el matrimonio civil es una institución jurídica creada por el Legislador debido a que tradicionalmente la familia -célula fundamental de la sociedad- se constituye y se desarrolla en ella. Así, el ordenamiento jurídico venezolano, ha creado un conjunto de normas tendientes a proteger la integridad de dicha institución jurídica.
En este sentido, se observa que el único acto jurídico válido que disuelve el matrimonio es el divorcio. Así tenemos, que el artículo 185 del Código Civil Venezolano, establece siete (07) causales, las cuales en un principio tenían un carácter taxativo, en donde, una vez probadas en juicio, disolvían el vínculo conyugal, lo cual suponía un juicio de carácter contencioso regulado en el artículo 754 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
No obstante, mediante sentencia Nº 693 de fecha dos (02) de junio del año 2015, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, estableció el siguiente criterio interpretativo constitucional con carácter vinculante del artículo 185 del Código Civil Venezolano:
“…las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo que cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia Nº 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento.”

De manera pues, que, conforme a la nueva doctrina imperante del Tribunal Supremo de Justicia, se evidencia el carácter enunciativo que tienen las causales del divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil.

En este mismo sentido, mediante sentencia No. 1070, de fecha nueve (09) de diciembre del año 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover, estableció el siguiente criterio interpretativo constitucional con carácter vinculante:

“Por lo tanto, el matrimonio se erige como la voluntad de las partes, nacida del afecto, para lograr los fines de la vida en pareja y durante su lapso de vida constituir el pilar fundamental de la sociedad organizada: la familia. Así pues, en nuestra sociedad el contrato de matrimonio nace a través de un vínculo afectivo de libre consentimiento preexistente entre dos personas de distinto sexo, mediante el cual se genera una serie de derechos y deberes con el fin de realizar una vida en comunidad. Dentro de este orden de ideas, la institución romana del affectio maritalis trataba acerca de la voluntad de ser marido o de ser mujer, viniendo a ser el sustento fundamental del matrimonio, por lo que ha de ser continua y su ruptura desembocaba en el divorcio. Siendo, así las cosas, el afecto, proveniente del latín affectus, refiere a un sentimiento, el cual es el resultado de las emociones, hacia a alguien o algo, especialmente de amor o cariño, por lo que podemos concluir que el afecto o cariño es la principal fuente del matrimonio y de su permanencia.
Es de agregar, tal y como en la institución del affectio maritalis, dicho afecto que origina la unión de una pareja en matrimonio debe ser permanente, por cuanto éste es la fuente directa de la creación del contrato matrimonial y la existencia, de hecho, del vínculo marital depende de tal afecto. En este sentido, al momento en el cual perece el afecto y cariño ocurre el nacimiento del desafecto, el cual es definido por la Real Academia Española como la falta de estima por algo o alguien a quien se muestra desvío o indiferencia. Dicho desafecto consiste en la pérdida gradual del apego sentimental, habiendo de una disminución del interés por el otro, que conlleva a una sensación creciente de apatía, indiferencia y de alejamiento emocional, lo que con el tiempo lleva a que los sentimientos positivos que existían hacia la o el cónyuge cambien a sentimientos negativos o neutrales.
(…OMISSIS…)
Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más, sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.
Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada.
(…OMISSIS…)
En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas.”

De lo antes señalado, se colige que la institución del matrimonio se centra en el affectio maritalis, referido a la voluntad de ser marido o de ser mujer, lo cual conlleva a un sentimiento positivo nacido de las emociones de amor y respeto mutuo de una persona hacia otra de distinto sexo, y viceversa, en donde prime el consentimiento, lo cual conlleva al libre desenvolvimiento de la personalidad, sentimiento el cual debe constituir la principal fuente y pilar de dicha institución jurídica, y por tanto el requisito sine qua non para su permanencia en el tiempo.

En este orden de ideas, a fin de afianzar el fundamento a la presente decisión, vale destacar el pronunciamiento sobre el punto de marras realizado la Sala de Casación Civil en la sentencia Nº 136 de fecha treinta (30) de marzo del año 2017 del Tribunal Supremo de Justicia la cual expresa:
“(…) Esta Sala de Casación Civil acoge los criterios doctrinales y jurisprudenciales antes citados, especialmente la sentencia N° 1070 dictada con carácter vinculante por la Sala Constitucional en fecha 09 de diciembre de 2016, y concluye que cualquiera de los cónyuges que así lo desee, podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, o por cualquier otro motivo, como la incompatibilidad de caracteres o desafecto, sin que quepa la posibilidad de que manifestada la ruptura matrimonial de hecho, se obligue a alguno de los cónyuges a mantener el vínculo jurídico cuando éste ya no lo desea, pues de lo contrario, se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona.
(…OMISSIS…)
Cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas.
Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…”. Así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la Sala Constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el juez de la entidad de la razón del solicitante.
Por último, ratifica esta Sala que el fin que deben perseguir los Tribunales, es producir como jueces naturales conforme lo dispone el artículo 49 de la Carta Política, una decisión que entienda el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de la protección familiar y de aligerar la carga emocional de la misma. Cabe destacar que no obstante el procedimiento apropiado para tramitar la solicitud de divorcio que en este punto se ha abordado, sin lugar a dudas que la correspondiente decisión proferida por el Tribunal causará cosa juzgada material a tenor de lo previsto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, sería un absurdo considerar que toda la interpretación progresiva de carácter constitucional (vinculante) dada a la institución del divorcio en aras –entre otros aspectos- de materializar en él un procedimiento célere, breve y expedito pudiera sacrificar la fuerza de cosa juzgada material.
Por ello, una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial, “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…” máxime si cualquier posible discusión en cuanto a una eventual reconciliación estaría –como ocurre en el sub iudice- fuera de contexto por ser ajena a las defensas que se plantearen, sin condicionantes probatorios, pues no existe prueba del sentimiento de desafecto ya que ello no está vinculada a condiciones ni a hechos comprobables; por el contrario, debe depender de la libre manifestación de voluntad del cónyuge de disolver el vínculo por la terminación del afecto, lo cual es más acorde con las exigencias constitucionales del libre consentimiento que impone el derecho de libre desarrollo de la personalidad y sin que el procedimiento pretenda invadir la esfera privada del cónyuge solicitante y sin cuestionar el libre desarrollo de su personalidad, pues las relaciones conyugales se establecen para vivir manteniendo el vínculo afectivo, por lo que a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria el Juez cuenta un
amplio margen de discrecionalidad para acordar la demanda y sus pretensiones y de conformidad al artículo 11 del Código ritual, pueda, en casos excepcionales de duda, requerir alguna prueba que considere indispensable, sin permitírsele al Juez inmiscuirse en el libre desarrollo de la personalidad del individuo al valorar los motivos por los cuales el solicitante adoptó la decisión. El trámite es estrictamente objetivo y nada invasivo de la esfera individual del o la solicitante. Todo ello obedece al respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en las sentencias de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, N° 446, del 15 de mayo de 2014, expediente N° 14-
094; N° 693, de fecha 2 de junio de 2015, expediente N° 12-1163; y N° 1070, del 9 de diciembre de 2016, expediente N° 16-916. Así se decide”

Si bien, nuestro legislador en un principio estableció normas sustantivas y adjetivas tendientes a proteger la institución jurídica del matrimonio, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, en su actividad progresista y pedagógica ha señalado que el consentimiento es un requisito indispensable no sólo para contraer matrimonio, sino además para que éste perdure en el tiempo. Es por ello, que ha permitido acertadamente la invocación de otras causales para solicitar la disolución del vínculo conyugal, pues una determinada persona tiene el derecho a adquirir un estado civil distinto y/o de decidir formar una nueva familia.
Así, entonces siendo el affectio maritalis, esto es, el sentimiento positivo de amor de una persona hacia otra de distinto sexo, y el principal cimiento sobre el cual se constituye la unión matrimonial, puede pasar que con el transcurso del tiempo y/o la convivencia en pareja, uno de ellos o ambos gradualmente en su interior vaya transformando esos sentimientos positivos, en neutrales o negativos, en cuyo último caso, puede conllevar a que los cónyuges enfrenten situaciones conflictivas prolongadas, en donde el respeto mutuo y los demás deberes conyugales pueden verse afectados, a tal punto de verificarse frecuentemente o indefinidamente su incumplimiento.
Debido a ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, enalteciendo el dinamismo del derecho, el cual debe ir a la par con la evolución de la sociedad, ha introducido en el Ordenamiento Jurídico Positivo Venezolano la modalidad del divorcio bajo la causal del desafecto, en cuyo caso -tal como se estableció en la Ut Supra decisión- su trámite no precisa de un contradictorio, ya que en este caso los cónyuges alegan y demuestran el profundo deseo de no seguir unidos en matrimonio, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, lo cual difiere de las demandas de divorcio de carácter contenciosas.
En virtud de lo anterior, las formalidades que se deben cumplir en esta modalidad de divorcio son la citación del otro cónyuge, y la del Fiscal del Ministerio Público, todo en sintonía con la decisión No. 1070, de fecha 9 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Es por ello, que una vez cumplida con dichas formalidades de ley, y plasmada la expresión de voluntad de los solicitantes de pretender la disolución de vínculo conyugal en base de la causal del desafecto o incompatibilidad de caracteres, el Juez sin más dilación, esto es, sin apertura del lapso probatorio alguno, deberá decretar el divorcio, debido a que la manifestación de voluntad efectuada por los cónyuges solicitantes no puede depender de la valoración subjetiva del juzgador.
En el caso de autos, se observa que la ciudadana CECILIA SOLEDAD PINTO ARCILA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.840.814, fundamento su petición en el desafecto, manifestando que: “(…) es el caso que la relación conyugal fue interrumpida de manera pública y notoria desde hace mas de Veinte (20) años, por lo que existe una separación de hecho, sin que hasta la presente fecha, se haya reanudado la vida en común, destacando que no pretendo ninguna reconciliación, por lo cual ocurro ante su competente autoridad para solicitar, como en efecto lo hago, la disolución del vínculo conyugal que nos une ya que es mi voluntad poner fin a la relación matrimonial por invocación expresa del DESAFECTO, que de acuerdo a lo plasmado en el contenido de la Sentencia N° 1070 de 09 de Diciembre de 2016 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia(…)”.

De igual forma, se observa que la cónyuge, solicitante señaló que durante el vínculo matrimonial procreo un (01) hijo con el ciudadano JORGE ORLANDO LAYA NASPE, identificado Ut Supra, que lleva por nombre JORGE ANTONIO LAYA PINTO (fallecido), quien en vida fuera venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-17.458.590, según consta en Acta de Nacimiento N° 1383, folio N° 683, de fecha veintiuno (21) del octubre del año 1986, siendo que esta nueva modalidad de divorcio es de carácter no contencioso o de jurisdicción voluntaria, permite concluir en quien decide que éste Juzgado tiene competencia para conocer sobre el presente asunto. La representante del Ministerio Público como parte de buena fe, no emitió opinión al efecto, hecho éste que no es impedimento alguno para emitir pronunciamiento en la presente solicitud.

En virtud de lo anterior, y visto lo expuesto por la cónyuge solicitante, así como el ciudadano JORGE ORLANDO LAYA NASPE, anteriormente identificado, quien ha manifestado su voluntad inequívoca de peticionar el divorcio fundamentado en la pérdida del affectio maritalis, esto es, en el desafecto de su parte hacia su cónyuge; y considerando el criterio interpretativo constitucional con carácter vinculante que ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del artículo 185 del Código Civil, a través de la Sentencia No. 693 de fecha dos (2) de junio de 2015, en la cual permite a los cónyuges solicitar el Divorcio por cualquier otra causal, así como el criterio establecido con carácter vinculante en la decisión No. 1070, de fecha 9 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la en la cual se hace referencia a la causal del desafecto y estando notificado el Ministerio Público, lo cual hace presumir a esta Sentenciadora, que no existe impedimento para la disolución del vínculo legal contraído por los cónyuges, concluye quien suscribe que se cumplieron los supuestos establecidos en la ley, para considerar PROCEDENTE en derecho solicitud de DIVORCIO de lo ciudadana CECILIA SOLEDAD PINTO ARCILA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.840.814, contra el ciudadano JORGE ORLANDO LAYA NASPE, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.751.604. ASÍ SE DECIDE. –
III
DISPOSITIVA
En base a los hechos narrados, el derecho invocado y con fuerza de lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Guatire, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la decisión No. 1070, de fecha 9 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la sentencia N° 136 de fecha treinta (30) de marzo del año 2017 emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declara CON LUGAR la solicitud de divorcio presentada por la ciudadana CECILIA SOLEDAD PINTO ARCILA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.840.814, debidamente asistida por la Abogada JUANA MARGARITA ARNAL PINTO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.762.579, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el N° 49.478,contra el ciudadano JORGE ORLANDO LAYA NASPE, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-8.751.604, en consecuencia queda DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL que los une, contraído por ellos el día veinticinco (25) de abril del año 1986, por ante el Consejo Municipal del Distrito Zamora del estado Miranda (actualmente Oficina de Registro Civil del Municipio Zamora del estado Bolivariano de Miranda), según consta en acta N° 26, folios Nros. 038 y 039, del a partir del momento en que la presente decisión quede definitivamente firme.
Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Guatire, a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025). Publíquese en el portal web WWW.TSJ.GOB.VE. Años 214º de la Independencia y 166º de la Federación. -
LA JUEZ,

Abg. ADRIANA BEATRIZ REVANALES ARMAS.
LA SECRETARIA,

Abg. ERIKA E. HEREDIA C.

En esta misma fecha, se publicó y registró la presente decisión, siendo las doce y cincuenta y ocho minutos de la tarde (12:58 p.m.), dejándose copia debidamente certificada de la misma en el copiador de sentencias llevado por ante este Tribunal a tenor de lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA,

Abg. ERIKA E. HEREDIA C.

ABRA/EEHC/Maria. -
DIVORCIO. -
Solicitud Nº 14177. -