JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA Los Teques, 02 de Mayo de 2025 215° y 166° De una revisión al presente expediente, se observa que en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), se recibió a través Juzgado Distribuidor, libelo de demanda por motivo de INTERDICCIÓN, incoada por la ciudadana CECILIA RODRIGUEZ SILVA, venezolana, mayor de edad y titular de las cédula de identidad Nro. V-11.038.707. Ahora bien, se aprecia que hasta la presente fecha, la parte interesada no ha dado cumplimiento al auto de fecha 09 de octubre de 2024, mediante el cual se le instó a explicar, indicar o manifestar los motivos por los cuales considera que los ciudadanos MARITZA JOSEFINA OROPEZA SILVA, LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ SILVA y LUCILA RODRÍGUEZ SILVA, identificados en autos, son aptos para ejercer la tutoría interina de las ciudadanas ANDREA CAROLINA HIDALGO y FRANCYS VERÓNICA HIDALGO RODRÍGUEZ, en vez del ciudadano WLADIMIR ULISES HIDALGO ISEA, quien es el progenitor de las ciudadanas. Asimismo, este Juzgado, instó nuevamente a la parte actora, mediante auto de fecha 24 de marzo del presente año, para que indicara, específicamente, si tenía interés o no en impulsar la demandad instaurada, habiendo transcurrido más de siete (07) meses de inactividad procesal contados desde la fecha en que realizó su última actuación. En razón de ello, quien aquí suscribe, resulta oportuno traer a colación el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 1º de junio de 2001, (caso Fran Valoro y Milena Portillo Manosalva de Valero), el cual tiene carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, interpretándola como una limitación a toda persona, del derecho de acceso a los órganos de la administración de justicia, dentro de un límite de tiempo prudencial que no denote la pérdida del interés procesal por parte del demandante, ya que éste constituye un requisito de la pretensión. En tal sentido, al ponerse de manifiesto tal desinterés, después de la admisión de dicha pretensión, o incluso antes de ser admitida, se origina el decaimiento del ejercicio de la acción, por la falta del debido impulso de la parte, lo cual permite declarar terminado el procedimiento, cuando hubiere transcurrido un lapso de inactividad suficiente que le haga presumir al Juez (a) que la solicitante de la respectiva tutela jurisdiccional, probablemente, ya no desea obtenerla o simplemente no requiere que se le satisfaga el derecho deducido, en forma oportuna y expedita, simplemente porque su abstención de instar la iniciación o continuación del procedimiento, así lo denota. En este orden de ideas, resulta suficientemente relevante que en el caso que nos ocupa, la parte accionante no ha impulsado debidamente el proceso, lo cual conlleva a apreciar que no está interesada en activarlo. Así, aun cuando tal conducta omisiva depende naturalmente de la voluntad de los justiciables, afecta sin duda, por congestionar innecesariamente la actividad del Tribunal y distraer la atención del Juez (a) sobre otros asuntos que si lo requieren. Por tanto, ha considerado la Sala Constitucional, que verificado el decaimiento del interés procesal, así, puede ser ello constatado y apreciado, sin necesidad de que los postulantes lo aleguen, surgiendo la potestad de que los jueces den por terminado el procedimiento, para así poder continuar movilizando el órgano judicial en procura de aquellos casos donde las partes o solicitantes sí hubieren demostrado su interés. Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ante la inminente pérdida del interés procesal por la accionante, declara extinguido este procedimiento, por falta de uno de los requisitos exigidos para tramitarlo, como lo es su debido impulso, y así se decide.- En tal sentido, en virtud de lo antes expuesto, quien aquí suscribe, ordena el cierre del expediente, y posteriormente su remisión a la División del Archivo Judicial, para que dicha dependencia proceda a su debido resguardo. Elabórese legajo y remítase el expediente constante de una (1) pieza, contentiva de treinta y dos (32) folios útiles. Cúmplase.- LA JUEZA TITULAR, ELSY MADRIZ QUIROZ LA SECRETARIA, MARÍA YAMILETTE DÍAZ EMQ/MYD/CS.- EXP. Nº 32.002.-