TSJ Regiones - Decisión

...REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
LOS TEQUES
215º y 166º

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
PARTE ACTORA: MONICA GAYON CUBIDES, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número V.-15.023.456

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA:MARTHA TRINIDAD RONDÓN CARPIO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el número 189.779.

PARTE DEMANDADA: CARLOS CÉSAR HANSEN, FRANCISCO AUGUSTO HANSEN GAYON y MARIELA HANSEN, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números V.-25.840.265, V.-24.464.155 y E.-81.851.410, respectivamente, en su carácter de herederos conocidos del De Cujus CARLOS FRANCISCO HANSEN MAIDANA (†).

APODERADO JUDICIAL DE LA CO-DEMANDADA MARIELA HANSEN: FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ RANGEL, inscrito enel Instituto de Previsión Social del abogado bajo el número 111.513.

APODERADO JUDICIAL DE LOS CO-DEMANDADOS: no tiene constituido.

MOTIVO: ACCIÓN MERO DECLARATIVA.

EXPEDIENTE NRO. 21.729

II.- BREVE RELACIÓN DE LOS HECHOS:
Mediante acta número 1.879, emitida por la Coordinación Civil de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, de fecha 16.02.2022, correspondió a este tribunal conocer la presente causa, que por ACCIÓN MERO DECLARATIVA, intentada por la ciudadana MONICA CUBIDES GAYON, contra los herederos del De cujus CARLOS FRANCISCO HANSEN MAIDANA, la cual fue recibida por este despacho judicial el veintiuno (21) de febrero de dos mil veintidós (2022). (F.01 al F.42)
Mediante auto fechado 22.02.2022, este tribunal le dio entrada a la presente acción a los libros respectivos bajo el número 21.729,Asimismo, instó a la representación judicial de la parte actora, abogada MARTHA TRINIDAD RONDÓN CARPIO, a subsanar el libelo de demanda en un lapso perentorio de cinco (05) días de despacho siguientes. (F.44 y F.45)
En fecha 24.02.2022, la apoderada judicial de la parte actora consignó diligencia a los fines de dar cumplimiento a lo instado por este despacho judicial mediante el auto fechado 22.02.2022, y subsanar la presente demanda. (F.46)
Mediante auto fecha 02.03.2022, este tribunal admitió demanda, ordenando el emplazamiento de la parte demandada, ciudadano FRANCO AUGUSTO HANSEN GAYON, en su carácter de heredero conocido del De Cujus CARLOS FRANCISCO HANSEN MAIDANA (†), con el objeto que diera contestación a la presente demanda incoada en su contra, dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en auto de haberse practicado su citación; la publicación del edicto librado por este juzgado a los herederos desconocidos del De Cujus, de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil; y, la notificación de la Vindicta Pública de acuerdo con lo estipulado en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil. (F.47 y F.48)
En fecha 01.04.2022, la apoderada judicial de la parte actora consignó escrito de reforma de la presente demanda. (F.49 al F.59)
Mediante auto fecha 04.04.2022, este tribunal admitió la reforma de la demanda, ordenando el emplazamiento de la parte demandada, ciudadanos CESAR HANSEN, MARIELA HANSEN y FRANCO AUGUSTO HANSEN GAYON, en su carácter de herederos conocidos del De Cujus CARLOS FRANCISCO HANSEN MAIDANA (†), con el objeto que dieran contestación a la presente demanda incoada en su contra, dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en auto de haberse practicado su citación; la publicación del edicto librado por este juzgado a los herederos desconocidos del De Cujus, de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil; y, la notificación de la Vindicta Pública de acuerdo con lo estipulado en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil. (F.60)
En fecha 20.04.2022, la apoderada judicial de la parte actora consignó los fotostatos a los fines que este tribunal proveyera lo acordado mediante el auto de fecha 04.04.2022. (F.61)
Mediante auto fechado 21.04.2022, este tribunal libró el edicto de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y boleta de notificación a la Vindicta Pública de acuerdo con lo estipulado en el artículo 132 ejusdem, ambos acordados en el auto de fecha 04.04.2022. (F.62y F.63)
En fecha 27.04.2022, la apoderada judicial de la parte actora retiró el edicto librado por este despacho judicial el veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022). (F.64)
En fecha 27.04.2022, la apoderada judicial de la parte actora consignó los fotostatos para la elaboración de las compulsas de citación a los co-demandados. (F.65)
Mediante auto fechado 28.04.2022, este despacho judicial libró compulsas a los codemandados. (F.28.04.2022). (F.66 al Vto. del F.67)
En fecha 09.05.2022, el alguacil de este juzgado consignó acuse de recibo de la boleta de notificación librada el 21.04.2022 a la Vindicta Pública. (F.68 y F.69)
En fecha 09.05.2022, el ciudadano alguacil de este juzgado consignó recibos de citación firmados por los co-demandados FRANCO AUGUSTO HANSEN GAYÓN y MARIELA HANSEN. (F.70 al F.73)
En fecha 16.05.2022, el alguacil titular de este juzgado consignó compulsa y recibo de citación del co-demandado CÉSAR HANSEN, de conformidad con lo previsto en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil. (F.74 al F.89)
En fecha 22.06.2022, la representación judicial de la parte actora consignó la publicación de prensa del edicto librado por este juzgado el 21.04.2022, asimismo, solicito se oficiará al SAIME para que proporcionase los movimientos migratorios del codemandado César Hansen. (F.91 y F.92)
Mediante auto fechado 29.06.2022, este tribunal ordenó librar oficio al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), a los fines que remitiese información relativa a los movimientos migratorios del codemandado César Hansen. (F.92 y su Vto.)
En fecha 08.07.2022, la codemandada MARIELA HANSEN confirió poder apud acta al abogado en ejercicio FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ RANGEL, inscrito en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el número 111.513. (F.93 y su Vto.)
En fecha 11.07.2022 el apoderado judicial de la codemandada Mariela Hansen, consignó escrito de solicitud de perención. (F.94 al F.98)
Mediante auto fechado 15.07.2022, este despacho judicial negó por resultar improcedente la perención solicitada por el abogado en ejercicio FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ RANGEL, en su carácter de apoderado judicial de la codemandada, Mariela Hansen. (F.99 al F.103)
En fecha 25.07.2022, el apoderado judicial de la codemandada, Mariela Hansen, apeló al auto dictado por este juzgado el 15.07.2022. (F.104 y su Vto.)
Mediante auto fechado 26.07.2022, este tribunal oyó la apelación en un solo efecto, efectuada por el abogado Francisco Andrés Rodríguez Rangel, en su carácter de apoderado judicial de la codemandada, ciudadana Mariela Hansen del auto dictado por este juzgado en fecha 25.07.2022. (F.105)
En fecha 20.09.2022, el alguacil titular de este despacho judicial consignó acuse recibo del oficio librado por este juzgado el 29.06.2022, dirigido al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. (F.106 y F.107)
Mediante auto fechado 03.02.2023, este tribunal agregó las resultas del oficio dirigido al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), de fecha 29.06.2022. (F.108 al F.112)
En fecha 23.02.2023, la apoderada judicial de la parte actora solcito se librase nueva compulsa de citación al codemandado Carlos César Hansen, en la dirección proporcionada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), en la comunicación que cursa a los folios 108 al 112 de la presente causa. (F.113)
Mediante auto fechado 15.03.2023, este tribunal libó nuevo oficio al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), a los fines que proporcionasen los últimos movimientos migratorios del codemandado Carlos César Hansen. (F.114 y su Vto.)
En fecha 26.04.03, el alguacil de este tribunal consignó acuse recibo del oficio librado mediante auto fechado 15.03.2023, dirigido al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). (F.115 y F.116)
En fecha 11.07.2023, el apoderado judicial de la co-demandada, Mariela Hansen, consignó escrito de solicitud de reposición. (F.117 y su Vto.)
Mediante auto de fecha 14.07.23, este juzgado ordenó la reposición de la presente demanda al estado de citación de todos los co-demandados, por haberse transcurrido en demasía el límite de tiempo entre las citaciones de los mismos, de conformidad con lo previsto en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil. (F.118 y su Vto.)
III.- MOTIVACIONES PARA DECIDIR.
* Punto Previo: De la Perención de la Instancia.
** Precisiones conceptuales.
La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el Artículo 267 del Código Adjetivo Civil.
“Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”
La doctrina señala que la perención es la extinción del proceso por el transcurso de un tiempo determinado (anual, semestral, mensual), sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.
El autor patrio Arístides Rengel-Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo ll. Pág. 372-373, afirma lo siguiente:
“…Para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes. La inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos del procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar el arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso.
(…) La perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes (…)
La jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia (…) “.
En concordancia con la disposición antes transcrita, el artículo 269 eiusdem, establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso. Adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente.
Se tiene, pues, que la perención de la instancia es la figura que extingue el proceso en virtud de la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo, y se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actividad omisiva de las partes y/o del Juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año, o de un semestre o de treinta días.
Las mencionadas condiciones objetivas, subjetivas y temporales de la perención revelan que su fundamento está en que la inactividad de las partes entraña una renuncia a continuar la instancia y en la conveniencia de que el estado se libere de la obligación de proveer sobre la demanda, después de ese período de inactividad prolongada.
Podemos decir que, la perención de la instancia, a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo, por parte del Legislador, revistió a la institución de la perención de una naturaleza eminentemente sancionatoria, siendo aplicable, conforme lo dispone el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, a las partes. Luego, se puede observar que hubo una conducta negativa de la parte accionante, en el sentido de no cumplir con las obligaciones que le impone la ley de impulsar la demanda por un lapso mayor de un (01) año, y en este caso en particular, previa revisión de las actas procesales que conforman el expediente, se evidencia que lo fue desde el día 14 de julio de 2023 (F.118 y su Vto.), fecha en la cual este juzgado declaró la nulidad de las citaciones practicadas a los co-demandados, por haber transcurrido en demasía el arco de tiempo establecido para practicar la citación personal entre uno y otro co-demandado de conformidad con el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, asimismo, quedó suspendida la causa hasta que la parte actora solicitará la citación de la parte demandada.
Precisado lo anterior, debe señalarse que desde el día 11.07.2023 (F.118 y su Vto.) no fue realizada actividad procesal alguna por la parte actora, quien debía impulsar la citación de la parte demandada, lo cual no sucedió. En consecuencia, transcurrió en demasía el año a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, tiempo necesario para considerar que la presente demanda se encuentra dentro de los parámetros para decretar la perención anual de la instancia, por cuanto la parte actora, no ejecutó desde el 14.07.2023, hasta la presente fecha, las obligaciones que le impone el ordenamiento jurídico venezolano. Y ASÍ SE DECLARA.
Por otra parte, en sentencia Número 1483 del 29 de octubre de 2013, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, la Sala define lo que conforme al criterio de ese órgano jurisdiccional debe entenderse por interés procesal y pérdida del interés.
Así, respecto al interés procesal la Sala señaló que “(…) surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que, a través de la Administración de Justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo”.
A juicio de la Sala, reiterando el criterio establecido en sentencia número 2673 del 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A., existe presunción de pérdida del interés en dos casos de inactividad procesal: “antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia”. (Subrayado añadido)
De ese modo, en cuanto a la relación del interés procesal con el derecho al acceso a los órganos de administración de justicia previsto en el artículo 26 de la Constitución, la Sala precisó igualmente que dicho derecho “se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta con la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso. De esta manera, el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (Vid. Sentencia de esta Sala N° 416/2009). Por ello, el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Así que, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional (Vid. Sentencia de esta Sala N° 256/2001)”.
Asimismo, lo discernido anteriormente, debe ser valorado por esta Juzgadora atendiendo los pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales reiterados en múltiples ocasiones por nuestro máximo Tribunal, en tal sentido y a mayor abundamiento, la Sala de Casación Civil en sentencia Nº RC-000183 de fecha 30.12.2013, con Ponencia del Magistrado Dr. Luis Ortiz Hernández, se dejó sentado, lo siguiente:
“…Nuestro m.T., se ha pronunciado acerca de la perención en los siguientes términos: La perención consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la ley, sin que se hubiese verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio (Artículo 267 ejusdem).
Esta institución procesal encuentra su justificación en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar justicia; y por otra parte, en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y de su desinterés en la continuación del proceso…” (Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, O.P.T., Tomo 2, Febrero de 2003, página 413).
Como se observa, el legislador impone una dura sanción, cuando las partes han actuado de manera negligente durante el proceso, ya que los obliga a actuar bajo la amenaza de la perención, evitando así en gran medida, las paralizaciones de las causas por largos períodos.
En este sentido, la Perención de la Instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Por ello la función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad, en cuanto no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado, es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal.
Consecuente a este fin, la perención está concebida por el legislador como una norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio de las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.
Por ello, el verdadero espíritu y propósito de la perención, es sancionar la inactividad de las partes con la extinción de la instancia, siendo preciso determinar el impulso del proceso el cual dependerá de ellas (partes), pues si es el caso que la causa se encuentra paralizada, porque el juez no ha cumplido con su deber de sentenciar dentro de los lapsos legales, no se puede castigar a las partes por la negligencia del juzgador.
En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. J.E.C.R., de fecha 01 de junio de 2001, señaló lo siguiente: “…la perención es fatal y corre sin importar quienes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento…”.

Así las cosas, en el caso particular de la perención, debe tomarse en consideración que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los presupuestos exigidos en la ley: (i) el transcurso del tiempo sin impulso procesal de las partes, y (ii) produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que ésta se produce y no desde que es declarada por el juez, por tanto, la declaratoria del juez sólo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos. (Sala de Casación Civil, 20 de diciembre de 2001 -Exp. N° AA20-C-1951-000001).
De modo púes, que es la actividad de las partes, la única capaz de evitar la perención, esto es, las actuaciones de impulso procesal de las partes, entendiendo por estas, solamente aquellas que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente, y que como quedo establecido, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión, la inactividad produce la perención de la instancia.
Se concluye entonces, que se cumplen los requisitos de procedencia de la denominada perención anual, en la siguiente forma:
i) Que transcurrió más de un (01) año sin que se realizara ningún acto de impulso procesal, en el presente caso la causa estuvo inactiva por falta de impulso procesal de la parte actora desde el 11.07.2023, fecha en la cual este despacho judicial declaró la nulidad de las citaciones practicadas a los co-demandados, por haber transcurrido en demasía el arco de tiempo establecido para practicar la citación personal entre uno y otro co-demandado, de conformidad con lo previsto en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, asimismo, quedó suspendida la causa hasta que la parte actora solicitará la citación de la parte demandada(F.118 y su Vto.), sin que a la fecha se hubiera realizado cualquier otro trámite con el fin de continuar gestionando la citación de la parte demandada, transcurriendo un arco de tiempo suficiente para declarar la perención anual de la instancia.
ii) Que la inactividad es atribuible exclusivamente a las partes, es decir, que en el caso que nos ocupa, la parte actora no realizó actuación alguna desde el día 11 de julio de 2023, no hubo impulso de su parte hasta la actualidad, encontrándose la causa en la fase de citación, considerándose como actuaciones de impulso procesal, sólo aquellas que realmente perseguían la realización del acto procesal inmediato siguiente, el cual consistía en el presente caso, en hacer efectiva la citación de la parte demandada.
iii) Que la presente demanda por ACCIÓN MERO DECLARATIVA, no se encontraba en fase de sentencia, pues, en el caso de autos, estaba –se repite- en etapa de citación, por lo que ciertamente se cumplen los requisitos de procedencia de la perención anual.
Precisado lo anterior, debe señalarse que, una vez que ha sido debidamente admitida una demanda, los efectos procesales que se derivan son, precisamente, hacer nacer, en cabeza del interesado, la carga de impulsar todos y cada uno de los trámites del juicio. Así las cosas, ha transcurrido más de un (01) año, arco de tiempo que transcurrió en exceso sin que la parte actora realizará algún acto de procedimiento para cumplir con la citación de la parte demandada, el cual consistía en el impulso de la citación, entendido como uno de los lapsos para que se acuerde la perención de la instancia que prescribe el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, evidenciándose una actuación negligente durante el proceso, omisión a la cual el legislador impone una dura sanción, como lo es la perención, evitando así en gran medida, las paralizaciones de las causas por largos períodos. Y ASÍ SE DECIDE.
IV.- DISPOSITIVA.
Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: Se decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 270 eiusdem, en el juicio que por ACCIÓN MERO DECLARATIVA interpuesta por la ciudadana MONICA GAYÓN CUBIDES contra los ciudadanos CARLOS CÉSAR HANSEN, FRANCISCO AUGUSTO HANSEN GAYON y MARIELA HANSEN, en su carácter de herederos conocidos del causante CARLOS FRANCISCO HANSEN MAIDANA (†) plenamente identificados en el presente juicio.
SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: Para darle cumplimiento a lo ordenado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, déjese copia certificada de la anterior sentencia.
Publíquese y Regístrese, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, así como en la página www.miranda.scc.org.ve.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de año dos mil veinticinco (2025), a los 215º Años de la Independencia y 166º Años de la Federación.
LA JUEZ

RUTH GUERRA MONTAÑEZ
LA SECRETARIA

JENNIFER ANSELMI DÍAZ
En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las dos y treinta minutos de la tarde (02:00p.m.)
LA SECRETARIA
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