TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda.
Los Teques, dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Años 215º de la Independencia y 166º de la Federación

EXPEDIENTE N° 5739/2025

SOLICITANTES:
ELIZABETH MARGARITA MOYA MARCANO y ANALDO MIGUEL MOGOLLON, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-13.159.102 y V-10.729.985, respectivamente.
ABOGADA ASISTENTE:
SANDRA CORINA MOGOLLON ESPINOZA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 294.563.

MOTIVO: DIVORCIO 185.
Tipo de Sentencia: Definitiva

Capítulo I
DE LOS HECHOS
En fecha 21 de febrero de 2025, se recibió escrito de solicitud de Divorcio 185, presentado por los ciudadanos ELIZABETH MARGARITA MOYA MARCANO y ANALDO MIGUEL MOGOLLON, debidamente asistidos por la abogada SANDRA CORINA MOGOLLON ESPINOZA, identificados anteriormente, proveniente del sistema de distribución y se le dio entrada y registro en fecha 24 de febrero de 2025, en el libro de jurisdicción voluntaria, quedando anotado bajo el N° 5739/2025.
Mediante diligencia de fecha 25 de febrero del corriente año, comparecieron ante este Tribunal los ciudadanos ELIZABETH MARGARITA MOYA MARCANO y ANALDO MIGUEL MOGOLLON, debidamente asistidos por la abogada SANDRA CORINA MOGOLLON ESPINOZA, antes identificados, y consigno los recaudos correspondientes para la admisión de la presente solicitud.
Por auto de fecha 06 de marzo de 2025, este Tribunal instó a los solicitantes a consignar copia certificada del acta de nacimiento del ciudadano MOISES ALEJANDRO MOGOLLON MOYA.
El 10 de marzo de 2025, compareció el ciudadano ANALDO MIGUEL MOGOLLON, debidamente asistido por la abogada SANDRA CORINA MOGOLLON ESPINOZA, antes identificados, y consignó el recaudo solicitado.
En fecha 12 de marzo del año en curso, mediante auto este Tribunal admitió la presente solicitud, al mismo tiempo ordenó la citación a la Fiscal Undécima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, a los fines de que interviniera en el procedimiento como parte de buena fe.
Mediante diligencia de fecha 26 de marzo del año 2025, compareció el Alguacil Titular de este Tribunal, y dejó constancia de haber citado a la Fiscal Undécima del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial.
En fecha 31 de marzo del corriente año, compareció la abogada JENNY TERESA VILLALOBOS ZURITA, en su carácter de Fiscal Auxiliar Interina (E) Décima Primera del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, y mediante diligencia manifestó:
“(…) Ante este digno Tribunal, no tener objeción que formular a la presente solicitud de Divorcio 185-A, mediante sentencia 1070, ya que cumple con todos los requisitos de ley (…)”.
Señalado lo anterior, este Juzgado procede a decidir de conformidad con las consideraciones que se explanan infra.

Capítulo II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Punto Previo.-
Como punto previo este Tribunal debe pronunciarse acerca de lo peticionado por las partes en su escrito libelar, a saber:
“CAPITULO VII.-

DE LA LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD CONYUGAL. -

De conformidad con lo establecido con el artículo 186 del Código Civil Venezolano vigente, declaro que, en virtud del presente documento de SOLICITUD DE DIVORCIO, se proceda en este acto en homologar la misma tal cual como se expresó anteriormente en la Sentencia Definitiva”.

Así las cosas, la doctrina patria nos manifiesta que el régimen patrimonial matrimonial, es diverso al régimen matrimonial en sí, en consecuencia las partes pueden transigir libremente con sus bienes. Pero para evitar que se extorsione o engañe a un cónyuge para lograr el divorcio, mediante concesiones patrimoniales, surgió el artículo 173 del Código Civil, el cual a pesar de referirse al régimen patrimonial que no es de orden público, el mismo establece un momento determinado para su disolución y liquidación, la cual debe tener lugar después de declarada la disolución del matrimonio, por tal motivo, existe un procedimiento específico para cada acción y/o demanda, es decir, tanto para el divorcio como para la liquidación y partición de bienes conyugales. Así se establece.-

Ahora bien, los solicitantes en su escrito de solicitud alegaron que contrajeron matrimonio civil por ante la Oficina Subalterna del Registro Civil del Municipio Alberto Arvelo Torrealba del estado Barinas, en fecha 28 de diciembre del año 1996, según consta de la copia certificada del Acta de Matrimonio asentada bajo Nº 71 de los Libros de Registros de Matrimonios llevados por ante el referido órgano durante el año 1996. Del mismo modo, manifestaron que establecieron su último domicilio conyugal en el Sector El Capachal, Casa N° 03, San Diego de Los Altos, Parroquia Cecilio Acosta, Municipio Guaicaipuro del estado Bolivariano de Miranda. Asimismo, alegaron que en su unión matrimonial procrearon un (1) hijo, identificado como: MOISES ALEJANDRO MOGOLLON MOYA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-28.210.797; y que si obtuvieron bienes gananciales que liquidar.
Continuaron alegando los solicitantes, que desde el mes de octubre del año 2022, se hicieron presentes en su relación, ciertos hechos que hicieron imposible la vida en común, por lo que hasta la presente fecha han estado separados, sin que hasta la actualidad haya ocurrido acto o hecho alguno que hubiese dado la oportunidad de volver a convivir juntos y cumplir con las obligaciones matrimoniales como cónyuges, haciendo cada uno de ellos, su vida separadamente a su modo y satisfacción, por lo cual, acudieron a solicitar se declare la disolución de su vínculo matrimonial de acuerdo a lo plasmado en el artículo 185 del Código Civil, interpretado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1070 de fecha 09 de diciembre de 2016.
Resulta pertinente para quien suscribe verificar si procede la solicitud de divorcio, presentada por los ciudadanos ELIZABETH MARGARITA MOYA MARCANO y ANALDO MIGUEL MOGOLLON, identificados al inicio de la sentencia, la cual se encuentra fundamentada en la sentencia Nº 1070/2016 de fecha 09 de diciembre de 2016, expediente N° 16-916, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, normativa sobre la cual fundamentó su pretensión, siendo el mismo del tenor siguiente:

“(…) A este respecto tenemos pues que al momento en el cual perece el afecto la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges, por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales.
De la misma forma, durante la unión matrimonial puede surgir la incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges, la cual consiste en una intolerancia de alguno de los cónyuges para con su pareja, siendo exteriorizada en diversas formas lo que genera una permanente aversión que hace imposible la vida en común.
De modo pues que tales situaciones no se pueden encasillar a las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, tal y como se estableció en la sentencia n° 693/2015, ya que al ser sentimientos intrínsecos de alguno de los cónyuges, estos pueden nacer o perecer de forma inesperada sin que exista un motivo específico.
Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.
Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada.
Por ello, a los fines de la protección familiar debe entenderse el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de aligerar la carga emocional de la familia. (…)”.

De la jurisprudencia transcrita, se colige que en garantía al libre desenvolvimiento de la personalidad de los cónyuges, y su derecho además a obtener una tutela judicial efectiva, se considera procedente la solicitud del divorcio cuando ésta es fundamentada en cualquier otra causal, no expresamente prevista en el artículo 185 del Código Civil, en la cual los cónyuges consideren que les es imposible la continuación de su vida en común, bien sea por la pérdida del afecto que hubo entre ambos, como cualquier otra, permitiéndose por ello la solicitud del divorcio de mutuo acuerdo y consentimiento. Así las cosas, si el libre consentimiento y voluntad de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, debería ser igual dicho consentimiento mutuo al momento de haber una ruptura amorosa o de la relación matrimonial, conduciendo así al divorcio, pues, nuestro Código Civil establece que nadie puede ser obligado a contraer matrimonio, y por ende, nadie puede ser obligado a permanecer en comunidad, o en este caso en una relación matrimonial, derecho que poseen por igual ambos cónyuges. En este sentido, la ut supra mencionada jurisprudencia consideró no solo garantizar el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, sino a su vez el derecho a la dignidad del ser humano y el respeto de la autonomía de la personalidad, de su individualidad, de la potestad de cada individuo de la especie humana de decidir en libertad, adquirir un estado civil distinto al que posee, el de constituir legalmente una nueva familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona. En tal sentido, uno de los cónyuges o ambos podrán demandar el divorcio por motivo de incompatibilidad de caracteres o desafecto, pues, en éste procedimiento no es necesario el aperturar una articulación probatoria, debido a que no hay contradictorio, por el simple hecho de que se considera suficiente el deseo de no seguir en matrimonio, es decir, el desamor, ya que es un sentimiento intrínseco de las personas.
En el caso sub examine los solicitantes ELIZABETH MARGARITA MOYA MARCANO y ANALDO MIGUEL MOGOLLON, debidamente asistidos por la abogada SANDRA CORINA MOGOLLON ESPINOZA, identificados al inicio de la sentencia, pretenden que se declare disuelto el vínculo matrimonial que mantienen, alegando el desafecto de la vida en común de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la sentencia N°1070/2016 de fecha 09 de diciembre de 2016 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ello debido a lo señalado en su escrito libelar, que contrajeron matrimonio en fecha 28 de diciembre del año 1996, y al transcurrir del tiempo surgieron desavenencias y desacuerdos que hacen imposible la vida en común entre ambos cónyuges, trayendo como consecuencia el desafecto entre éstos, sin posibilidad de reconciliación alguna. Ahora bien, de una revisión exhaustiva a los autos procesales se evidencia que cumplidas las formalidades de ley, es decir, al ser citada debidamente la Fiscal del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, y por cuanto la representación del Ministerio Público compareció ante este Juzgado y no objetó la presente solicitud, y al no haber contención entre los mencionados cónyuges, ciudadanos ELIZABETH MARGARITA MOYA MARCANO y ANALDO MIGUEL MOGOLLON, debido a que éstos expresaron voluntariamente su consentimiento de querer disolver el vínculo matrimonial, es forzoso para esta juzgadora declarar con lugar la presente solicitud de divorcio, tal como se hará en la dispositiva del fallo. Así se decide.-
Capítulo III
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de Divorcio incoada por los ciudadanos ELIZABETH MARGARITA MOYA MARCANO y ANALDO MIGUEL MOGOLLON, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-13.159.102 y V-10.729.985, respectivamente; en consecuencia, disuelto el vínculo que los unía en virtud del matrimonio celebrado en fecha veintiocho (28) de diciembre de 1996, por ante el Registro Civil del Municipio Alberto Arvelo Torrealba del estado Barinas, tal y como consta en la copia certificada del acta de matrimonio inserta bajo el Nº 71, de los Libros de Registro Civil de Matrimonios llevados por ante el referido órgano durante el año 1996.
Publíquese en la página web del Tribunal Supremo de Justicia (www.tsj.gob.ve), regístrese y déjese constancia en el Diario, así como Copia Certificada de la presente decisión en la sede del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, a los
dos (02) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025). Años 215º de la Independencia y 166º de la Federación.
LA JUEZ,

DRA. ANDREA ALCALÁ PINTO.
LA SECRETARIA,

ABG. MARIA AVILA B.
En esta misma fecha siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), se publicó la presente decisión, constante de seis (06) páginas.
LA SECRETARIA,

ABG. MARIA AVILA B.

S-N° 5739/2025.
AAP/mab/er.-