En el día hábil de hoy, Primero (01) de Marzo de 2006, siendo las 2:00 p.m., oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar, comparecen por ante este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, el ciudadano JEAN PAUL CEPEDA MIQUILENA, titular de la cédula de identidad Nro.V-13.362.851, en su condición de representante judicial de la Empresa demandada, VENEZOLANA DE SALUD INTEGRAL C.A, inscrito ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el Nro.04, Tomo 70A, de fecha 26 de febrero de 2004 como se evidencia de poder conferido en la Notaria Pública Octava de Maracaibo, en fecha 09 de Julio de 2004, quedando inserto bajo el Nro. 47, Tomo 64 de los libros de autenticaciones de esa Notaría y que corre inserto en el presente expediente a los folios Nro. 64 al 67; se deja constancia expresa de la que la parte demandante ciudadana ELBA GRACIELA SANDIA DE MOLINA, .....

Por la motivación antes expuesta este JUZGADO PRIMERO DE TRANSICION DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECIDE: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por Cobro de Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales, incoara la ciudadana NANCY TERESA BAUTISTA MORA. SEGUNDO: SIN LUGAR la pretensión por indemnización por daño moral proveniente del hecho ilícito del patrono. TERCERO: SE CONDENA al demandado EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOTORES CORDILLERA ANDINA, C.A. (DIMCA), a pagar a la demandante antes identificada la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES BOLIVARES CON UN CENTIMO (Bs. 1.741.833,01), por los conceptos laborales arriba señalados. Se ordena calcular los intereses sobre el concepto de antigüedad conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del T.....

este Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 11 de octubre de 2005, por la abogada Joseline De Caires Jiménez, coapoderada judicial de la parte demandante, ciudadano Ulises Antonio Rivera Escobar, contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 12 de agosto de 2005. SEGUNDO: CON LUGAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN de conformidad con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en consecuencia, SIN LUGAR LA DEMANDA, que por Cobro de Prestaciones Sociales fue interpuesta por el ciudadano Ulises Antonio Rivera Escobar contra la C.A. HIDROLÓGICA DE REGIÓN SUROESTE (HIDROSUROESTE), inscrita en la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Jud.....

este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, DA POR CONSUMADO EL DESISTIMIENTO y le imparte el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, conforme a lo solicitado, se levanta la medida de prohibición de Enajenar y Gravar decretada por este Juzgado en fecha 01 de julio de 2005, para lo cual se acuerda oficiar lo conducente al ciudadano Registrador Inmobiliario del Municipio García de Hevia del Estado Táchira. Se da por terminado el presente juicio y se ordena el archivo del expediente.

El este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR LA APELACIÓN interpuesta en fecha 20 de octubre de 2005 por el abogado Pablo José Moros Servitá, con el carácter de autos, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en fecha 28 de septiembre de 2005. SEGUNDO: SE CONFIRMA EL FALLO DEL A QUO dictado en fecha 28 de septiembre de 2005 que declaró: 1°. PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por cobro de bolívares mediante el procedimiento de intimación, que interpusieron los abogados UGLIS SALAVERRIA CASTILLO y ELIS AVIMELETH VALLEJOSUNIAGA, apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil PRODUCTOS Y SERVICIOS (PROCER) C.A., en contra de la Firma Mercantil FERRETERIA.....

por autoridad de la Ley, DECLARA: ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, ha instaurado los ciudadanos GABRIELE RASETTA D´ÁLOISIO y PAOLA CAIRA DE RASETTA, italianos, mayores de edad, cónyuges entre si, titulares de las cédulas de identidad números E-580.732 y E-618.564 respectivamente y de este domicilio, en su carácter de ARRENDADORES, representados por la ciudadana LOREDANA RASETTA CAIRA, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad N° V-12.231.569 y de este domicilio en contra del ciudadano LUCIANO ROJAS MORENO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.658.016 casado y de este domicilio en su carácter de ARRENDATARIO. En consecuencia, EXTINGUIDO el proceso.

Este Tribunal Primero Ejecutor de Medidas suspende la ejecución ha solicitud de la parte actora, por cuanto no se encontraba persona alguna en el inmueble.

Este Tribunal Primero Ejecutor practicó Medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad del demandado William Chacón Barrera hasta cubrir la suma de Dos Millones Novecientos Ochenta Mil Bolívares (Bs. 2.980.000,00)

Este Juzgado de los Municipios Uribante y Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley IMPARTE LA HOMOLOGACION AL DESISTIMIENTO

Ete Juzgado de los Municipios Uribante y Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley IMPARTE LA HOMOLOGACION AL DESISTIMIENTO