Visto el acuerdo celebrado en fecha 15 de octubre del año en curso, entre la parte demandante, ciudadanas SOLIBETH MARISOL COLMENARES ROJAS Y SARA COLMENARES ROJAS, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V-10.155.964 y V-10.165.654, en su orden respectivamente, asistida por la abogada en ejercicio DIAMELA CALDERON BRICEÑO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 31.109; por una parte y por la otra las ciudadanas YARITZA DEL CARMEN NORIEGA GOMEZ Y VICKI MOLINA OSPINA, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-13.507.823 V-9.223.164, en su orden respectivamente, asistidas por la abogada en ejercicio NELLY GARCIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.145.873, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 52.017; observando esta operadora de justicia que no es contrario a derecho el acto realizado entre las partes, en razón de lo cual, procede de conformidad con lo establecido en el artículo 2.....

Por todas las razones de hecho y de derecho explanadas anteriormente, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR, la demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, interpuesta por los ciudadanos RAMON ACACIO MUÑOZ MALDONADO y AYDEE COROMOTO NAVARRERA DE MUÑOZ, venezolanos, mayores de edad, abogado el primero, titulares de las cédulas de identidad números V-2.454.805 y V-3.576.595, respectivamente, domiciliados en el Estado Miranda, en su carácter de ARRENDADORES, contra las ciudadanas CARMEN LILIANA GAVIRIA MORA y DAISMARY JOSE SOLE CLAVIER, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-9.239.881 y V-12.818.103, respectivamente, de este domicilio y hábiles, en su carácter de ARRENDATARIA y FIADORA, en su orden, en consecuencia, se declara resuelto el Contrato de .....

Por lo tanto, esta Juzgadora con base en lo precedentemente expuesto, considera que la parte demandante al no haber impulsado la citación de la demandada, en el término estipulado en el artículo transcrito, incumplió con las obligaciones que la ley le impone. En tal virtud, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Tórbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente procedimiento.

Por todas las razones de hecho y de derecho explanadas anteriormente, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda de COBRO DE BOLÍVARES POR EL PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN, interpuesta por el ciudadano LUIS ENRIQUE MAGGIORANI BUITRAGO contra la ciudadana AMARILIS OCAMPO SUÁREZ, ambos suficientemente identificados en esta Sentencia, en consecuencia, CONDENA a la parte accionada en lo siguiente: PRIMERO: PAGAR la suma de TRES MIL TRESCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 3.300,00), por concepto de capital adeudado en la letra de cambio objeto de la acción. SEGUNDO: PAGAR la cantidad de TREINTA Y TRES BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 33,00) por concepto de intereses moratorios calculados a la rata del 5% anual desde el día 11 de octubre de 2009 hasta el día 24 de noviembre de 2009. .....

En razón de lo cual, esta operadora de justicia, tomando como base las normas y los criterios jurisprudenciales aquí transcritos, previo análisis del libelo de demanda y de los recaudos consignados para avalar dicha solicitud, NIEGA la medida preventiva de DESALOJO solicitada por la parte actora, por vía de causalidad, toda vez que no se encuentran llenos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.