REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO ANGOSTURA DEL ORINOCO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR Ciudad Bolívar, 04 de Agosto de 2026 216º y 167º RESOLUCIÓN N°: PJ0252026000157 ASUNTO: FP02-V-2026-000300 PARTE DEMANDANTE: JOSE ANGEL CORASPE CEBALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V-28.694.432.- ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: FAVIOLA DEL CARMEN CABRERA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 81.358.- PARTE DEMANDADA: ADRIANA CAROLINA MARTINEZ MADRID, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-26.030.275.- APODERADA JUDICIAL LA PARTE DEMANDADA: MARYOLI CABRERA, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 147.477.- MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO En fecha 02 de Junio de 2026, fue presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos y recibida por ante este tribunal por efecto de distribución en esa misma fecha, escrito contentivo de DEMANDA de: RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO suscrito por el ciudadano: JOSE ANGEL CORASPE CEBALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V-28.694.432, correoelectrónico: josecoraspc001@gmail.com, teléfono móvil celular: 0412-8745306, Número de Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Nro.: V28694432-5 y de domicilio, ubicado en la Avenida Bolívar Edificio Residencias Horizontes piso 4APT 133 Sector Los Próceres, Ciudad Bolívar, Municipio Angostura del Orinoco, Estado Bolívar; debidamente asistido en este acto por la abogado FAVIOLA DEL CARMEN CABRERA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de identidad Personal N° V-12.190.497, Inpreabogado N°81.358. Correo electrónico: faviolac2274@gmail.com, teléfono móvil celular: 0414-8563801 de este domicilio; Ante su competente autoridad acudo a los fines de demandar a la ciudadana ADRIANA CAROLINA MARTINEZ MADRID, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad Nro. V-26.030.275, Numero de Registro de Información Fiscal (R.I.F9 NroV26030275-9 Correo electrónico adrinformaciones@gmail,com teléfono móvil 0412-8330906 el RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE CONTRATO DE VENTA PRIVADA, de Un (01) inmueble, constituido por un Lote de Terreno identificado con el N° 240A, ubicado en la vía Puente Angostura zona de ensanche del, Municipio Angostura del Orinoco del Estado Bolívar, de conformidad con el artículo 450 del Código de Procedimiento civil y, el artículo 1.364 del Código Civil, ante usted ocurro exponer y solicitar lo siguiente: El Tribunal, para decidir, hace previamente las siguientes consideraciones, de acuerdo a lo manifestado por los solicitantes, en su escrito, quienes manifiestan lo siguiente: NARRACION DE LOS HECHOS Que presento a Usted Ciudadano (a) Juez (a), único y original, en Un (1) folio y su vuelto, el documento de compra venta privado que fuera firmado en Ciudad Bolívar, Municipio Angostura del Orinoco del Estado Bolívar en fecha 20 de abril del año 2026, además de mi persona, por la ciudadana: ADRIANA CAROLINA MARTINEZ MADRID, titular de la cédula de identidad Nro. V-26.030.275, correo: adrinformaciones@gmail.com, teléfono: 04128330275, Ciudad Bolívar del Municipio Angostura del Orinoco de Ciudad Bolívar, del Estado Bolívar; el documento acompañado está referido a las bases y aceptaciones para la venta pura y simple, perfecta e irrevocable de propiedad de la identificada ciudadana sobre: Un (01) inmueble, de su exclusiva propiedad, constituido por un Lote de Terreno identificado con el Nº 240A, ubicado en la vía Puente Angostura zona ensanche del, Municipio Angostura del Orinoco de Ciudad Bolívar del Estado Bolívar. El inmueble tiene una superficie de terreno que mide: TRECIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (375 mts2). Y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: NORTE: Con Lote Nº 239 A de José Torrealba con 25M; SUR: Con Calle Amazona con 25M; ESTE: Con Calle Miranda CON 15M, y OESTE: Con Lote Nº241 A de Yoel Pereira CON 15M. Que los derechos de propiedad del inmueble objeto de la presente demanda, le pertenecen a la demandada tal como se evidencia de Documento de Venta debidamente Protocolizado ante El Registro Público del Municipio Heres Estado Bolívar en fecha 23-02-2006, inscrito bajo el Numero 04, folio 15 al 16 Protocolo Primero, Tomo Décimo Octavo Primer Trimestre del año 2006. El precio de esa venta fue convenido en la cantidad de UN MILLON TRESCIETOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs.1.377.255,00), cantidad que a título de referencia contable para la fecha de la transacción equivale a TRES MIL TRESCIENTOS DOLARES (3.300,00$) los cuales son calculados a la tasa de cambio oficial publicada por el Banco Central de Venezuela, en fecha 27 de Febrero de 2026, de 417,35 Bs. por cada Dólar Estadounidense, de acuerdo con el Artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela, en concordancia con el Convenio Cambiario Nro. 1 de fecha Veintiuno (21) de Agosto de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.405 de fecha Siete (07) de Septiembre del 2018, cantidad recibida de manos de los Compradores mediante Cheque del Banco Nacional de Crédito N° 80600019. DEL PETITORIO Que ahora bien Ciudadano Juez, el contenido de dicho contrato que redactado bajo la modalidad de un documento privado motivado a que hasta la presente fecha ha sido imposible obtener un instrumento público que demuestre la propiedad del inmueble que adquirí de parte del vendedor; con la finalidad de brindar mayor seguridad jurídica y obtener certeza de propiedad al referido instrumento, acudo ante su competencia autoridad a los fines de intentar como efecto lo hago mediante la presente Demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE COMPRA VENTA PRIVADA, conforme a lo previsto en los Artículos 444, 631, 895 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de que la ciudadana ADRIANA CAROLINA MARTINEZ MADRID, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cedula de Identidad Personal N° V-26.694.432, respectivamente, previa citación comparezcan a manifestar que reconoce el CONTENIDO Y FIRMA del referido documento, emanado por ellos, en los términos previstos en el artículo 1364 y siguientes del Código Civil; en concordancia con el artículo 450, 340 y 338, respectivamente del Código de Procedimiento Civil venezolano, aún vigente. DE LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA Que de conformidad con el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, estimo la presente solicitud en la cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCEHNTA Y UN BOLÍVARES CON VEINTE CENTIMOS DE BOLIVAR (Bs. 1.944.081,20), en cumplimiento de la Resolución N° 2023-0001, del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha "24 de Mayo de 2023", lo cual equivale en EURO como moneda de más alta denominación publicada en la página WEB del Banco Central de Venezuela a la fecha del 02-06-2026, a la cantidad de 2999 EUROS, conforme a la cotización del día 02-06-2026 de 648,24314989 Bolívares por cada EURO; lo que hace competente a su instancia tanto por la Cuantía, como por la Materia y el Territorio. DEL FUNDAMENTO JURÍDICO De igual modo, para el fiel cumplimiento del requisito exigido en el ordinal quinto (5to) del artículo 340 de la Norma Procesal Civil, nos vemos en la necesidad de transcribir expresamente el contenido de los artículos 450, 338, 339 y todo el 340 de la mencionada norma, de esta manera: Artículo 450: El reconocimiento de un instrumento privado puede pedirse por demanda principal. En este caso se observarán los trámites del procedimiento ordinario y las reglas de los artículos 444 a 448. (Omissis) Artículo 338: Las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho, se ventilarán por el procedimiento ordinario, si no tienen pautado un procedimiento especial Artículo 339: El procedimiento ordinario comenzará por demanda, que se propondrá por escrito en cualquier día y hora, ante el secretario del Tribunal o ante Artículo 340: El libelo de la demanda deberá expresar 1° La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda. 2° El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene. 3° Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. 4° El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere inmueble; los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales. 5° La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones. 7° Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas. 8° El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. 9° La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174 Que por su parte, los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil Venezolano, establecen: Artículo 1.363: El instrumento privado reconocido y tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria para el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones, hace lo hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones. Artículo 1.364: Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido. Fundamentada como ha quedado mi pretensión, paso a expresar mi derecho constitucional contemplado en el artículo 26 en donde instruye: '...Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y Expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles....", por lo que pasamos al siguiente capítulo. DEL PETITORIO Por todo lo anteriormente señalado, es que alego como parte actora, que sin duda alguna ESTOY LEGITIMADA PARA EXIGIR a la ciudadana ADRIANA CAROLINA MARTINEZ MADRID, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cedula de Identidad Personal N° V-26.030.275, respectivamente, para que convengan o así sea condenado por este Tribunal en Reconocer en su Contenido y Firma, el documento privado de compra venta sobre el inmueble objeto de la demanda, suscrito entre nosotros, ut supra, identificado. Ahora bien, por razones de Ley, y a los fines de terminar la negociación definitiva por ante el Registro Público correspondiente; es por lo que acudo ante su competente autoridad, a los fines de que el documento privado y firmado con huellas dactilares, tenga la fuerza jurídica de documento público y tenga efectos frente a terceras personas, acudo ante su competente autoridad a los fines de intentar como efecto lo hago mediante el presente escrito, a EL RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA, de conformidad a lo ordenado en los artículos 450 y 340 del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente. DIRECCIONES PROCESALES Que señalo como dirección de la parte demandada a los efectos de la citación: Urbanización Vista Hermosa, Calle Principal, Casa Nro. 24, Parroquia Vista Hermosa, Ciudad Bolívar del Municipio Angostura del Orinoco de Ciudad Bolívar, del Estado Bolívar. Que de igual forma señalo como dirección procesal Edificio Rosa, Apartamento 03, Planta Baja, Avenida Nueva Granada, Sector Negro Primero, Parroquia Vista Hermosa, Ciudad Bolívar, Municipio Angostura del Orinoco del estado Bolívar. DISPOSICIONES FINALES Por último, solicito formalmente que la presente demanda sea admitida, tramitada, sustanciada conforme a derecho y DECLARADA CON LUGAR en la Definitiva. Es justicia que espero en Ciudad Bolívar, Municipio Angostura del Orinoco del Estado Bolívar. En fecha 08/06/2026, este Tribunal le da entrada y se dispone anotarla en el libro de registro respectivo, la presente DEMANDA de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE COCUMENTO PRIVADO, JOSE ANGEL CORASPE CEBALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V-28.694.432, debidamente asistido por debidamente asistido en este acto por la abogado FAVIOLA DEL CARMEN CABRERA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de identidad Personal N° V-12.190.497, Inpreabogado N°81.358, en contra de ADRIANA CAROLINA MARTINEZ MADRID, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-26.030.275, debidamente representada por MARYOLI CABRERA, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 147.477.- En fecha 26/06/2026, este Tribunal admite la apud quaestionem por cuanto ha lugar en derecho de conformidad con el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil a los fines de sustanciar la presente demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, y así mismo ordena librar boleta de citación a la ciudadana, ADRIANA CAROLINA MARTINEZ MADRID, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-26.030.275, se encuentran ubicado en la Urbanización Vista Hermosa, Calle Principal, Casa Nro. 24, Parroquia Vista Hermosa, Ciudad Bolívar del Municipio Angostura del Orinoco de Ciudad Bolívar, del Estado Bolívar, Indicándole que deberá comparecer por ante este Tribunal dentro de los CINCO DIAS DE DESPACHO siguientes a su citación.- En fecha 27 de Julio de 2026, comparece ante este tribunal la ciudadana, MARYOLI CABRERA, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 147.477, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana ADRIANA CAROLINA MARTINEZ MADRID, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-26.030.275, mediante poder debidamente autenticado ante la notaria Publica Primera de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar de fecha 04/05/2026, inscrita bajo el Nº 9, tomo 44, folios 69 al 76 el cual el mismo fue consignado. Y asimismo señala ante este despacho para exponer y solicitar lo siguiente: Que expongo y acudo ante a este Tribunal para darme por citada en representación de la ciudadana ADRIANA CAROLINA MARTINEZ MADRID, titular de la cedula de identidad Nro. V-26.030.275, para convenir en su totalidad y en cada una de sus partes de la presente demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE CONTRATO DE VENTA PRIVADA, incoado por el ciudadano JOSE ANGEL CORASPE CEBALLO, titular de la cedula de identidad Nro. V-28.694.432.- DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Siendo la oportunidad procesal a los fines de que este Juzgador emita el pronunciamiento correspondiente a la demanda interpuesta por el ciudadano: JOSE ANGEL CORASPE CEBALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V-28.694.432, debidamente asistido por debidamente asistido en este acto por la Abogado FAVIOLA DEL CARMEN CABRERA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de identidad Personal N° V-12.190.497, Inpreabogado N°81.358, contra ADRIANA CAROLINA MARTINEZ MADRID, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-26.030.275, debidamente representada por la ciudadana MARYOLI CABRERA, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 147.477, mediante poder debidamente autenticado ante la notaria Publica Primera de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar de fecha 04/05/2026, inscrito bajo el Nº 9, tomo 44, folios 69 al 76, por RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, pasa enunciarse con relación a la competencia del procedimiento en los siguientes términos: Que la acción propuesta dimana de un procedimiento de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, contenidas en las disposiciones de los artículos 1364 y 1366 del Código Civil Venezolano Vigente y en los Artículos del 444 al 450 del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente; lo cual del libelo de la demanda se desprende que la acción fue estimada en la cantidad de: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS (1.944.081,20) con precio del euro de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTICUATRO CENTIMOS (Bs. 648,24) para la fecha la interposición de la presente acción con fecha de 02/06/2026, según lo establecido por el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. Ahora bien, que con entrada en vigencia de la Resolución Nº 0001, de fecha 24 de mayo de 2023,emanada la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, donde modificó a nivel nacional la cuantía de los tribunales de Municipio y del contenido del literal a) del artículo 1 expresa lo siguiente: Artículo 1.-Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo, según corresponda, de la siguiente manera: a) Los Juzgados de Municipio y Ejecutores de Medidas, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela. De la norma antes trascrita se infiere, que para determinar el conocimiento de la acción y posterior decisión del procedimiento el Juez como director del proceso debe verificar si la acción esta subsumida en lo establecido en el ordenamiento antes mencionado, con el fin de garantizar el debido proceso de las actuaciones judiciales y una tutela judicial efectiva en lo que respecta a la acción propuesta por ante el órgano jurisdiccional. Dicho lo anterior, y verificada como han sido las actuaciones que conforman el procedimiento de la pretensión por el ciudadano: JOSE ANGEL CORASPE CEBALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V-28.694.432, debidamente asistido por debidamente asistido en este acto por la abogado FAVIOLA DEL CARMEN CABRERA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de identidad Personal N° V-12.190.497, Inpreabogado N°81.358 , contra MADRID, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-26.030.275, de este domicilio, debidamente representada por la ciudadana; MARYOLI CABRERA, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 147.477, quien es apoderada judicial según consta en poder debidamente autenticado ante la notaria Publica Primera de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar de fecha 04/05/2026, inscrito bajo el Nº 9, tomo 44, folios 69 al 76, por RECONOCIMIENTO de CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO la cual fue estimado por: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS (1.944.081,20) con precio del euro de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTICUATRO CENTIMOS (Bs. 648,24) para la fecha la interposición de la presente acción con fecha de 02/06/2026, según lo establecido por el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, equivalente a la cantidad de tres mil veces el valor de la moneda de mayor valor del Banco Central de Venezuela, no rebasa los límites de la cuantía atribuida a los Tribunales de Municipio establecida en el literal a) del artículo 1 de la Resolución Nº. 2023-0001, de fecha 24 de mayo de 2023, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en razón de ello este tribunal se declara competente para la sustanciación y decisión del presente procedimiento, por lo que procede a emitir el pronunciamiento del fallo respectivo. - Así se decide. – Siendo la oportunidad para dictar sentencia definitiva en la presente causa, este Tribunal pasa a pronunciarse, bajo las siguientes consideraciones: Realizado el estudio pormenorizado de las actas que conforman este expediente seguidamente el Tribunal dictará su decisión definitiva con fundamento en las consideraciones que a continuación se exponen: Es preciso antes de juzgar sobre el fondo realizar algunas consideraciones relacionadas, a saber: La parte actora ciudadano JOSE ANGEL CORASPE CEBALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V-28.694.432, debidamente asistido por debidamente asistido en este acto por la abogado FAVIOLA DEL CARMEN CABRERA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de identidad Personal N° V-12.190.497, Inpreabogado N°81.358, contra ADRIANA CAROLINA MARTINEZ MADRID, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-26.030.275, debidamente representada por la ciudadana MARYOLI CABRERA, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 147.477, mediante poder debidamente autenticado ante la notaria Publica Primera de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar de fecha 04/05/2026, inscrito bajo el Nº 9, tomo 44, folios 69 al 76, por RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO.- Ahora bien, por lo tanto, constituye principio cardinal en materia procesal, aquel conforme al cual el Juez se encuentra vinculado a lo alegado y probado en autos, sin que pueda sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hechos que no fuesen demostrados conforme al Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. El anterior precepto establece los límites del oficio del Juez, lo que significa que él está obligado a decidir sobre las cuestiones propuestas o planteadas por las partes, porque el límite de toda controversia judicial, está circunscrito por los hechos alegados como fundamento a la pretensión invocada en el libelo de la demanda y los hechos aducidos como fundamentos de las excepciones o defensas opuestas en la oportunidad de la contestación de la misma, debiendo en consecuencia atenerse a sus dichos para decidir conforme el Ordinal 5° del Artículo 243 eusdem, quedando de esta manera trabada la litis; razón por la cual con posterioridad a estos actos no pueden las partes traer nuevos hechos al proceso que alterarían la relación procesal ya cerrada. Siendo la oportunidad para dictar sentencia definitiva en la presente causa, este Tribunal pasa a pronunciarse, bajo las siguientes consideraciones: PARA DECIDIR EL TRIBUNAL OBSERVA: La presente demanda como antes fue establecida, por reconocimiento de contenido y firma de documento privado, es una demanda vía principal siguiendo con lo establecido en las normas citadas artículos 1364 y 1366 del Código Civil y lo previsto en los artículos 444 al 450 del Código de Procedimiento Civil, siendo la fundamentación citada anteriormente la base jurídica por lo cual seguirá el procedimiento de la demanda de Reconocimiento de Contenido y Firma de Documento Privado, siendo cierto lo manifestado por la parte demandadas en su contestación a la demanda al indicar que dicho procedimiento es el establecido en los “artículos 444 a 448” del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.- Siendo establecida la fundamentación jurídica por a cuál se llevará el presente procedimiento, en los artículos 444 a 448 del Código de Procedimiento Civil, siendo el artículo 444 la norma para iniciar el procedimiento que indica lo siguiente: Artículo 444° La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco (5) días siguientes a aquél en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento. Siendo contestada la presente demanda en tiempo útil tal como lo establece el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, antes citados, cumpliendo a cabalidad el demandado con su contestación a la demanda. Así se establece. - Concluida con la corrección y ordenamiento del proceso en la presenta causa pasa inmediatamente este sentenciado a resolver el fondo del asunto y lo hace de la siguiente manera a saber: Inicialmente, es oportuno señalar la normativa legal y doctrinaria establecida en los asuntos por motivo de reconocimiento de documento privado; al respecto, prevé el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil, que el instrumento privado puede ser reconocido a través de demanda principal, la cual deberá tramitarse conforme las reglas de los artículos 444 a 448 de la referida norma adjetiva civil; en la que se estableció que cuando el instrumento privado se produce con el libelo de demanda, la oportunidad para su desconocimiento es en el acto de contestación de la demanda, sin embargo, si la parte no hace uso de su derecho a desconocer el documento, o si lo hizo extemporáneamente y precluyó su oportunidad procesal, se entiende que el instrumento ha sido reconocido tácitamente. En cuanto a los documentos privados, el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia reiterada, ha sentado el concepto de los mismos en los siguientes términos: “…Como es de doctrina, en la expresión: “instrumentos o documentos privados” se comprenden todos los actos o escritos, que emanan de las partes, sin intervención del registrador o de algún otro funcionario competente -requerida en el documento público o auténtico- y que se refieren a hechos jurídicos a los cuales pueden servir de prueba; y la condición esencial de la existencia de todo documento privado es la firma estampada en él de la persona a quien se opone. Con esa especie de documento pueden pues, probarse todos los actos que la ley no requiera su constancia en documento público, o no revista de solemnidades especiales; documentos esos que sólo tienen validez si son reconocidos o tenidos legalmente por tales.” (Sentencia de fecha 26 de mayo de 1952). Ahora bien, en el caso bajo estudio, este juzgador observa que la parte actora, JOSE ANGEL CORASPE CEBALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V-28.694.432, debidamente asistido por debidamente asistido en este acto por la Abogado FAVIOLA DEL CARMEN CABRERA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de identidad Personal N° V-12.190.497, Inpreabogado N°81.358 , contra MARTINEZ MADRID, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-26.030.275, debidamente representada por la ciudadana; MARYOLI CABRERA, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 147.477, en su carácter de apoderada judicial, reconocieron en su contenido y firma el documento privado de fecha 20 de Abril del año 2.026, y que riela en el folio 07 y su vuelto de la presente causa y que está debidamente explanado en la narrativa de esta decisión, afirmando que los demandados suscribieron el presente documento que hoy presenta la demandante para su reconocimiento en su contenido y firma. A objeto de providenciar se señala en forma previa, que el Código de Procedimiento Civil, en cuanto al convenimiento expresa: Artículo 263: “En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal. Artículo 264: “Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones.” A su vez, el Código de Procedimiento Civil vigente de manera expresa establece la posibilidad de ejercer la acción de reconocimiento de un instrumento privado, según lo dispuesto en el artículo 450 de dicho cuerpo legal, que dispone lo siguiente: Artículo 450.- El reconocimiento de un instrumento privado puede pedirse por demanda principal. En este caso se observarán los trámites del procedimiento ordinario y las reglas de los artículos 444 a 448. La legislación venezolana considera que el instrumento privado para que tenga valor probatorio debe estar suscrito por el obligado y en este sentido se ha orientado la Jurisprudencia Nacional al establecer que, si la escritura no está firmada, no hará por tanto fe contra nadie. Los documentos privados pueden ser tachados de falsedad antes de ser reconocidos o aún cuando hayan sido. En primer caso, queda a la parte que se sienta afectada promover la falsedad del instrumento ante el órgano competente, pero en el segundo caso, si es un documento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, como constituye una prueba de la verdad de las declaraciones que contiene hasta que se demuestre lo contrario, si la parte quiere contradecir esa declaración o negar su firma deberá promover la tacha de falsedad, tal como lo establece el artículo 1.381 del Código Civil, donde señala los casos en que procede la tacha del documento privado: 1° Cuando haya habido falsificación de firmas. 2° Cuando la escritura misma se hubiere extendido maliciosamente, y sin conocimiento de quien aparezca como otorgante, encima de una firma en blanco suya. 3° Cuando en el cuerpo de la escritura se hubiesen hecho alteraciones materiales capaces de variar el sentido de lo que firmó el otorgante…” La parte a quien se opone el documento que haya sido adulterado en la forma expuesta, deberá ejercer la acción de tacha para obtener, si prospera, la decisión que declare la falsedad del contenido del documento. En tal sentido existen pronunciamientos reiterados que afirman: “El reconocimiento o desconocimiento de un documento privado en nuestra legislación se refiere únicamente a la firma: Si la parte reconoce la firma estampada en el documento, pero alega alteración de contenido de éste, es preciso proceder a la tacha” (Dr. Humberto Bello Lozano, La Prueba y su Técnica). Dada la naturaleza declarativa de la presente causa, debe necesariamente ser analizada bajo la premisa dispuesta en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, cual es del tenor siguiente: “La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquel en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento”. La citada disposición procesal se refiere al reconocimiento o desconocimiento de un documento privado cuando el mismo ha sido producido en juicio, dispositivo legal éste, que guarda una estrecha relación con respecto al artículo 1.364 del Código Civil: “Aquel contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente”. En el caso que nos ocupa, se trata del reconocimiento de un documento privado, el cual constituye medio probatorio que demuestra el negocio jurídico realizado por los contratantes. Estos documentos se diferencian entre públicos y privados, porque en la formación de los primeros interviene un funcionario que da fe pública del contenido del mismo (documento público), y hacen plena prueba, entre las partes intervinientes en el mismo y ante terceros, mientras que los documentos privados son creados por las partes, sin la intervención de funcionario público alguno, y hace efectos jurídicos en juicio solo entre las partes que los suscribieron. Los instrumentos privados pertenecen, al igual que los instrumentos públicos y actualmente la nueva calificación de documentos administrativos, a los medios de prueba clasificado por la doctrina, la jurisprudencia y la ley como prueba escrita, la cual por su naturaleza es preconstituida y posee una gran presunción de sinceridad y fiabilidad, ya que contiene hechos que conciernen a las partes, los cuales se verificaron antes de presentarse cualquier controversia entre ellas, quienes lo suscriben una vez estén conformes con su redacción y contenido, tal y como lo precisa el Código Civil en sus artículos 1.355 y 1.356. El jurista venezolano Dr. Humberto Bello Lozano, en su destacada obra “La Prueba y su Técnica” cuarta edición, p. 252, respecto a los instrumentos privados, señala lo siguiente: “Los documentos privados pueden ser definidos como aquellos que por su esencia pertenecen al ámbito del orden jurídico privado, que dejan constancia de acaecimiento realizados dentro de la esfera privada y trascienden tan solo en situaciones jurídicas de esa índole. La intervención de sujetos no oficiales, lo particular de la materia documentada, la ausencia de formas o solemnidades, son elementos característicos indispensables en su constitución. Para Pietro Castro, son las que las partes o terceros, conjunta o aisladamente, extienden sin intervención del funcionario público y las escrituras defectuosas por incompetencia del notario o por otra falta de forma, si están firmadas por los otorgantes. Según Alsina, vienen a ser los producidos por las partes sin intervención de funcionarios públicos, pudiendo ser otorgados conjuntamente (contratos) o individualmente (correspondencia comercial o cartas misivas) Siguiendo el pensamiento de la jurisprudencia nacional, con los documentos privados, pueden probarse todos los actos o contratos que, por disposición de la ley, no requieren ser extendidos en escritura pública o revestir solemnidades. Pero esta clase de instrumento no valen para nada por sí mismos, mientras no son reconocidos por las partes a quien se oponen o sean tenidos legalmente reconocidos. Cuando el documento público es defectuoso y no tiene fuerza de tal, ya sea por incompetencia del funcionario o por defecto de forma (artículo 1.358 del Código Civil), tendrá carácter de documento privado siempre que haya sido firmado por las partes.” En esta línea de consideraciones que se vienen esgrimiendo, quien aquí juzga considera necesario traer a colación los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil, que textualmente rezan: Artículo 1.363.- El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones. Artículo 1.364.- Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido. Los herederos o causahabientes pueden limitarse a declarar que no conocen la firma de su causante. Las disposiciones anteriormente transcritas, permiten evidenciar que una persona puede acudir al órgano jurisdiccional a exigir el reconocimiento de la firma de un instrumento privado, con el entendido que el obligado a reconocerlo, si lo hace, se tiene por reconocido (en el caso de que sea producido en juicio y haya sido opuesto para su reconocimiento); y para el caso en que acuda al llamamiento al Tribunal y voluntariamente reconozca su firma, se constituye en documento privado reconocido. En ambos casos, no es de la incumbencia del juez indagar sobre la certeza o falsedad del contenido del documento, ya que no se está discutiendo la falsedad del mismo. En otro sentido, cuando el reconocimiento del instrumento privado se intente a través de la vía principal, se sigue todo el trámite del juicio ordinario, se apertura el contradictorio, se abre a pruebas; y dependiendo de cómo hubieren quedado trabados los hechos, se deberá probar y sentenciar. Es decir, que, en el juicio principal de reconocimiento de instrumento privado, como el caso de marras, como quiera que el actor pretende que el demandado reconozca que el contenido del documento es cierto, al igual que la firma le pertenece, es decir, que es de su autoría; en consecuencia, estos son los hechos, que principalmente se deben probar para poder declarar con lugar la demanda. Claro está, todo depende de las defensas opuestas por el demandado y si las mismas lograren ser probadas en autos y suficientes para enervar la pretensión del actor. Cabe resaltar, además, que el desconocimiento de un instrumento privado debe ser categórico, expreso, tajante, que de la manifestación clara de la parte contra quien se produjo el instrumento se infiera sin esfuerzo alguno, que se opone, niega o rechaza que el contenido y/o firma del documento privado sea cierto. Ricardo Henríquez La Roche, en su “Código de Procedimiento Civil, Tomo III, segunda edición actualizada, p. 424, explica en relación al desconocimiento del instrumento, expuso que: “El desconocimiento es un medio de ataque dirigido a la prueba instrumental y no al negocio jurídico al cual se refiere dicha prueba, de suerte que si se impugna el negocio o contrato, no por ello debe darse por desconocida la firma del desconociente…Mutatis mutandi, si se reconoce el documento, tal reconocimiento se limita al aspecto formal, a la firma y al contenido escritural, a la validez del instrumento, mas no involucra la aceptación del negocio jurídico o contrato que constituye la fuente de prueba (cfr. Art. 1.367 C.C). De suerte que el reconocimiento no es incompatible con la excepción de nulidad o de cualquier otra índole que ataque la validez jurídica del negocio jurídico sustancial acreditado por medio de la prueba documental” Evidentemente, para que los instrumentos privados gocen de plena validez y efecto entre las partes y terceros, es necesario que sea reconocido por las partes, bien expresamente o bien de manera tácita, como lo establece el artículo 1.363 del Código Civil, denominándolos documentos privados reconocidos y tenidos legalmente por reconocidos. Es decir, que se tiene como cierto y surte efectos erga omnes en lo que respecta al hecho material de la declaración hecha por ellos y a tal efecto, se equipara al documento público en su valor probatorio, siendo que solo desvirtuable mediante la tacha de falsedad. En este orden, para que un documento privado se asemeje a un documento público, o haga plena fe de su contenido así entre las partes intervinientes en él como frente a terceros, existen dos formas de hacerlo, a saber: 1) mediante el reconocimiento previo o la autenticación, que no es más que la presentación del mismo por ante las notarías o registro, o 2) a través del reconocimiento judicial. El legislador procesal, a parte del reconocimiento previo o auténtico, consagra otras maneras procedimentales de lograr tal autenticación: El artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, está referido al procedimiento incidental que debe seguir la parte a quien se le oponga un documento privado para reconocerlo. Pero en juicio, ya existiendo contención por conflicto de intereses, por lo que no debe interpretarse que dicha norma es el fundamento legal para activar este órgano de justicia, con la pretensión que sea tramitado una petición de reconocimiento de contenido y firma, por la vía de la Jurisdicción Voluntaria. Vemos que, cuando se instaura una demanda por motivo de reconocimiento de instrumento privado, la pretensión del actor versa sobre dicho reconocimiento. De esta manera el objetivo que se propone es lograr el reconocimiento del instrumento privado, para que surta los mismos efectos de un documento público, como lo es la oponibilidad a terceros. Es por ello que la demanda debe cumplir con los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y se ventila por el procedimiento ordinario. El documento queda reconocido en dos casos: 1) si el deudor comparece en el tiempo señalado en la boleta de citación y manifiesta expresamente el reconocimiento (tal como sucedió en el presente caso), y 2) que éste no comparezca en la oportunidad señalada. Ahora, si la firma es negada, el promovente tiene la opción de incoar la acción mero declarativa autónoma a que se contrae el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil o intentar sin más la demanda que se funde en el instrumento privado y oponerlo para su reconocimiento. Por otro lado, si se produce el reconocimiento expreso del documento privado de venta del bien inmueble realizado mediante documento privado, tal como ha sucedido en el presente caso, debe tenerse en cuenta que el reconocimiento es el acto de declaración o confesión que hace la persona emplazada para ello a favor de otro, la obligación en referencia se encuentra contenida en un instrumento privado que se otorgó, y tiene por objeto hacer que dichos documentos tengan plena validez tanto entre la partes y sus sucesores como lo tendría un instrumento público. Por todo lo antes expuesto, este Juzgado observa que, una vez admitida la demanda, comparecieron las demandadas asistidas del abogado, y manifestaron que reconocían el contenido y la firma del instrumento privado de Compra Venta del bien Inmueble como documento fundamental de la acción que aparece en original en el expediente. La parte demandada en su escrito de contestación, admite y reconoce el contenido y la firma del instrumento privado de Compra Venta del bien Inmueble como documento, en consecuencia, deberá declararse terminado el procedimiento. Evidentemente, para que los instrumentos privados gocen de plena validez y efecto entre las partes y terceros, es necesario que sea reconocido por las partes, bien expresamente o bien de manera tácita, como lo establece el artículo 1.363 del Código Civil, denominándolos documentos privados reconocidos y tenidos legalmente por reconocidos. Es decir, que se tiene como cierto y surte efectos erga omnes en lo que respecta al hecho material de la declaración hecha por ellos y a tal efecto, se equipara al documento público en su valor probatorio, siendo que solo desvirtuable mediante la tacha de falsedad. Ahora bien, al existir el reconocimiento expreso y manifiesto de la parte contra quien obra el procedimiento, acerca del contenido y firma del documento privado de Compra Venta sobre el bien inmueble a que se contrae la presente demanda y al renunciar al lapso de ley que le corresponde y por cuanto el convenimiento ha sido perfilado por la doctrina como aquel acto procesal exclusivo de la parte demandada (sea en forma principal, por reconvención, cita o tercería) en el cual se aviene o está de acuerdo total, completa o absolutamente en los términos en que se ha formulado la pretensión de la parte actora en su demanda (sea en forma principal, por reconvención, cita o tercería), lo cual incluye todas sus circunstancias de tiempo, modo y lugar y obviamente tal avenimiento, no debe sufrir modificaciones de ningún género en cuanto a sus elementos y por cuanto representan motivo suficiente por el cual este Juzgador de conformidad con lo preceptuado en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil y a los fines de evitar dilaciones indebidas y siendo que el proceso representa un instrumento fundamental para la realización de la justicia, conforme a lo establecido en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consideración al artículo 10 del Código de Procedimiento Civil relativo a la Celeridad Procesal, actuando de manera equitativa en cumplimiento de los fines de la justicia, en el caso planteado considera este Tribunal luego de una revisión exhaustiva a las actas que conforman el presente expediente se pudo constatar que ADRIANA CAROLINA MARTINEZ MADRID, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-26.030.275, debidamente representada por la ciudadana; MARYOLI CABRERA, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 147.477, en su carácter de apoderada judicial, mediante poder debidamente autenticado ante la notaria Publica Primera de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar de fecha 04/05/2026, inscrito bajo el Nº 9, tomo 44, folios 69 al 76, parte demandada en la presente causa, tienen capacidad para convenir; que no existe evidencia en las actas procesales de que pudiera lesionarse derechos e intereses de terceros diferentes a las partes que celebran el presente convenimiento. Así se establece. En virtud de que la demandada previamente identificada, reconoció en forma expresa el contenido y la firma del documento privado presentado por el demandante y siendo que es un acto procesal que puede efectuarse en todo estado y grado de la causa y por cuanto se encuentran llenos los extremos exigidos en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal declara procedente homologar el convenimiento efectuado y en consecuencia procedente la pretensión de reconocimiento de contenido y firma del documento privado presentado como documento fundamental de la acción que cursa del folio siete (07) y su vuelto del presente expediente, que fue consignado, en lo que respecta a las actuaciones celebradas entre los ciudadanos JOSE ANGEL CORASPE CEBALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V-28.694.432, debidamente asistido por debidamente asistido en este acto por la Abogado FAVIOLA DEL CARMEN CABRERA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de identidad Personal N° V-12.190.497, Inpreabogado N°81.358 , contra de la ciudadana ADRIANA CAROLINA MARTINEZ MADRID, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-26.030.275, debidamente representada por la ciudadana; MARYOLI CABRERA, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 147.477, en su carácter de apoderada judicial y consecuencialmente reconocido el referido documento, de conformidad a los artículos 450, 444 y 448 del Código de Procedimiento Civil y 1363 y 1364 del Código Civil, teniéndose dicho acto como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ASÍ SE DECIDE. – DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Angostura del Orinoco del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 444 y 450 del Código de Procedimiento Civil en concordancia a lo establecido en el artículo 1.363 del Código Civil, este Juzgador, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN AL CONVENIMIENTO de la demanda y el RECONOCIMIENTO EN SU CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, intentada por el ciudadano JOSE ANGEL CORASPE CEBALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V-28.694.432, debidamente asistido por debidamente asistido en este acto por la Abogado FAVIOLA DEL CARMEN CABRERA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de identidad Personal N° V-12.190.497, Inpreabogado N°81.358 , contra de la ciudadana ADRIANA CAROLINA MARTINEZ MADRID, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-26.030.275, debidamente representada por la ciudadana; MARYOLI CABRERA, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 147.477, en su carácter de apoderada judicial, de este domicilio, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Como consecuencia de la referida decisión, se declara legalmente Reconocido en su contenido y firma del Instrumento Privado a que se contrae la presente demanda y que corre inserto en el folio siete (07) y su vuelto del presente expediente, teniéndose dicho acto como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Déjese copia certificada en el copiador de homologaciones del tribunal; archívese el expediente.- Expídanse las copias certificadas que soliciten las partes con inserción del presente auto, se acuerdan asimismo la devolución de los originales.- Publíquese, regístrese, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia wwwtsj.gob.ve así como en la páginawww.bolivar.scc.org.ve déjese copia certificada de esta decisión. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Angostura del Orinoco del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los cuatro (04) días del mes de Agosto del año dos mil veintiséis (2026). Años: 216° de la Independencia y 167° de la Federación. El Juez Suplente, Javier Duerto Zeiga La Secretaria, Juhanny Freites En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las dos y treina minutos de la tarde (02:30 p.m.). Conste. La Secretaria, Juhanny Freites.