REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO de la Región Guayana con Competencia en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Ciudad Bolívar, 15 de Enero de 2026. 215º y 166º ASUNTO: FP02-U-2025-000009 SENTENCIA Nº PJ0662026000004 “visto sin informes de las partes” La presente causa se inicia en fecha 25 de Febrero de 2025, mediante escrito interpuesto por el ciudadano David Guillermo Isturiz Acevedo, titular de la cedula de identidad N° V-10.866.036, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Primer Circuito Judicial, actuando en su carácter de Gerente General de la sociedad mercantil Operadora Las Américas, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, en fecha 19 de Febrero de 2016, bajo el Nº 55, Tomo 23-A REGMERPRIBO, con ultima modificación inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción bajo el N° 12, Tomo 4-A REGMEPRIBO de fecha 12 de Enero de 2015, e inscrita en el RIF bajo el alfanumérico J-405280034, con domicilio procesal ubicado en UD-203, Chilemex, avenida las Américas, C.C. Costa América, Nivel Plaza, Puerto Ordaz, estado Bolívar. El referido escrito contentivo de Recurso Contencioso Tributario con solicitud de Amparo Cautelar para la Suspensión de los Efectos del Acto Administrativo contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 2024/0353 de fecha de fecha 29 de Octubre de 2024, emanada de la Superintendencia de Tributos Caroní adscrita a la Alcaldía del Municipio Caroní del estado Bolívar, cuya Nulidad Absoluta constituye la pretensión jurídica de la contribuyente. Para el referido acto estuvo debidamente asistido por el abogado Orangel de Jesús Bonalde Rondón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 30.897. Seguidamente en fecha 05 de Marzo del año 2025, se le dio entrada bajo el epígrafe de la referencia; se ordeno a tal efecto notificar al Alcalde y Sindico Procurador del Municipio Caroní, a la Superintendencia de Administración Tributaria del Municipio Caroní y al Fiscal General de la República. (v. folio 97 primera pza.); a tenor de lo establecido en el Parágrafo Único del artículo 291 del Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario de fecha 29 de Enero de 2020 (en lo sucesivo COT de 2020), se solicitó al ente exactor la consignación del expediente administrativo el cual ha debido conformarse con ocasión al procedimiento de Control Fiscal. En fecha 6 de Marzo de 2025, se Admitió Provisionalmente el Recurso, para entrar a conocer y decidir sobre la Acción de Amparo Cautelar Constitucional, dictando sentencia interlocutoria Nº PJ0662025000029, mediante la cual se declaró PROCEDENTE la misma, y en consecuencia se acordó la suspensión de los efectos del Acto Administrativo contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 2024/0353 de fecha 29 de Octubre de 2024, se abrió cuaderno separado bajo el epígrafe FF01-X-2025-000007, y posteriormente con la re implementación del Sistema Juris 2000, fue cambiada su nomenclatura a FF01-X02025-000008. (v. folios 1 hasta el 11 y folio 23 del cuaderno separado) Estando las partes a derecho y por cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 286 y siguientes del COT de 2020; este Tribunal dicto Sentencia Interlocutoria Nº PJ0662025000057 en fecha 21 de Mayo de 2025, mediante la cual se ADMITIO el presente Recurso Contencioso Tributario, ordenando así las notificaciones de ley. (v. folio 109 primera pza.). En fecha 12 de Junio de 2025, el abogado Martín Barrios, inscrito el IPSA bajo el Nº 92.915, actuando en su carácter de Sindico Procurador del Municipio Caroní, consignó por ante la URDD, copia certificada del Expediente Administrativo solicitado por este Tribunal Superior Contencioso Tributario, el cual consta de Una (1) pieza y Ciento Veintiún (121) folios útiles. (v. folios 117 hasta 243 primera pieza) En fecha 9 de Octubre de 2025, se dicto auto de “visto sin informes”, este Juzgado tomando en consideración lo preceptuado en el artículo Nº 304 y siguiente del COT de 2020, fija el lapso de sentencia de (60) días continuos para dictar sentencia. (v. folio 6 segunda pieza). En fecha 29 de Octubre de 2025, el abogado José G. Navas R. en su carácter de Juez Superior Provisorio, se aboca al conocimiento y decisión de la presente causa. (v. folio 245 primera pieza) -I- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Mediante la notificación de la Providencia Administrativa N° GFA 792/2023 de fecha 18 de Septiembre de 2023, la cual fue notificada en fecha 25 de Septiembre de 2023, Administradora de la empresa, se inicia el procedimiento de control fiscal el cual culmina con el Acto Administrativo contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 2024/0353 de fecha 29 de Octubre de 2024, cuyas obligaciones se determinaron sobre base presuntiva por los siguientes conceptos y cantidades tomando como fecha de referencia el 9 de Octubre de 2024: Impuestos causados y no pagados Trescientos Dieciséis mil Novecientos Setenta y Siete Bolívares con Un céntimo (Bs. 316.977,01). equivalente a Siete mil Setecientos Noventa y Cinco con Sesenta y Nueve (7.795,79) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el BCV, para el momento de la emisión del Acto Administrativo y ; Multa por la cantidad de Seiscientos Treinta y Tres mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Bolívares con Dos céntimos (Bs. 633.954,02), equivalente a Quince mil Quinientos Noventa y Uno con Cincuenta y Ocho (15.591,58) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el BCV ; e Intereses Moratorios por la cantidad de Doscientos Catorce mil Trescientos Veintiocho Bolívares con Noventa céntimos (Bs. 214.328,90). (v. folio 44 primera pieza) -II- ARGUMENTOS DE LAS PARTES La representación de la contribuyente en su escrito alegó lo siguiente: I. Del Recurso Jerárquico y el Silencio Administrativo. II. Del Vicio del Falso Argumento de Derecho y de la Invasión en la competencia del control fiscal. III. Del Vicio Inmotivación de la Resolución 2024/0353. IV. Inexistencia de Elementos que Presuponen la Responsabilidad por un hecho ilícito. V. De la Improcedencia de los Intereses Moratorios. VI. Del Quebrantamiento de la Efectiva Capacidad Contributiva. VII. Vicio de Ausencia de Valoración de Pruebas. Que en fecha 19 de Noviembre de 2024, fue interpuesto Recurso Jerárquico ante la Sindicatura Municipal, con los argumentos para desestimar el Acto Administrativo contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 2024/0353 de fecha 29 de Octubre de 2024, los cuales se ratifican en el presente recurso, el cual se interpone en virtud del silencio administrativo o denegación tácita del superior jerárquico. Alega la representación judicial de la contribuyente, que su representada cumplió con la presentación de la documentación necesaria exigidas por la fiscalización; y denuncia que el ente exactor incurrió en una invasión de competencia en cuanto al control fiscal, al pretender incluir en su revisión elementos relacionados con impuestos nacionales, cuya competencia corresponde al SENIAT. Que la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nª 2024/0353, fundamenta la implementación del sistema de determinación sobre base presuntiva, por la no consignación de los libros de entrada y salida de inventario, aún cuando la omisión en la presentación de este recaudo no constituye ningún ilícito, así como tampoco impide el control fiscal para la determinación del Impuesto a las Actividades Económicas, por cuanto su utilidad está asociada al impuesto sobre la renta, tributo cuya competencia corresponde al SENIAT. Que aún cuando la fiscalización reconoce la consignación de las declaraciones del IVA y las correspondientes a los Ingresos Brutos Municipales, de acuerdo a una muestra aleatoria de acuerdo al requerimiento del ente exactor, consta en el acta de recepción Nº 787-2023-1 de fecha 29 de Septiembre de 2023, la consignación en casi su totalidad de todos los ítems solicitados. Que el ente exactor justifica la implementación del sistema de determinación sobre base presuntiva, por supuestas irregularidades, las cuales son están comprobadas, imponiendo el pago de impuesto y sanciones excesivas, violando el principio de presunción de inocencia. Y que el efectuar esta actuación, bajo la premisa de la omisión en la presentación de los libros de inventarios, constituye el denunciado vicio de falso argumento de derecho, y la invasión de la competencia del control fiscal atribuida al SENIAT, de acuerdo con lo establecido en el numeral 12 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En cuanto al alegato del vicio de Inmotivación, la representación judicial de la contribuyente, señala que la Administración Tributaria Municipal, instauró un acto administrativo contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 2024/0353, bajo argumentos y premisas inconsistentes, al generar unos reparos ficticios, sin señalar con claridad: ¿de dónde y cómo? Se originaron las diferencias, limitándose a indicar cifras basadas en hipótesis no probadas ni argumentadas. Que desde el Acta de Reparo Fiscal Nº 625/2023, se observa la denunciada falta de motivación del acto administrativo, siendo ratificada la misma en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 2024/0353. Por lo que respecta a los intereses moratorios, alega la representación de la contribuyente que el hecho de que el Acto Administrativo contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 2024/0353, se encuentra en etapa administrativa y contra el mismo se ha interpuesto el Recurso Contencioso Tributario, razón por la cual consideran que no es un acta definitivo, y en consecuencia no puede generar aún intereses moratorios. Que la Sala Constitucional en sentencia Nº 1490 de fecha 13 de Julio de 2007, caso Telcel, C.A., ratifica el criterio sobre la procedencia de los intereses moratorios, señalando que los mismos se causan por el incumplimiento de una obligación tributaria, una vez el reparo formulado ha adquirido firmeza, y no inmediatamente al vencimiento del plazo fijado para el cumplimiento de la obligación. En cuanto al alegato referido sobre el quebrantamiento del principio de capacidad contributiva, denuncia la improcedencia de la metodología empleada por el ente exactor en el Control Fiscal, la cual considera arbitraria, sin fundamento en cuanto a la presunción de la existencia de omisión de ingresos, imponiendo el pago de diferencias y sanciones excesivas, el cual supera el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia Nº 00675 de fecha 21 de mayo de 2009, caso Tiendas Karamba San Fernando, C.A. En el mismo orden de ideas, y con relación al alegato referido al vicio de la ausencia en la valoración de las pruebas, expone la contribuyente, que en acta de recepción Nº 787-2023, el funcionario dejó constancia de los documentos consignados a la fiscalización, a saber: 1. Acta Constitutiva y última modificación, consignada en físico. 2. Registro de Información Fiscal (RIF), consignado en físico. 3. Licencia de actividades económicas, consignada en físico. 4. Declaración de ingresos brutos, consignado en físico. 5. Declaraciones de ingresos brutos en otras jurisdicciones municipales, y pagos del impuesto. No aplica. 6. Libros de contabilidad (Mayor, Diario e Inventarios), relativos a la sede ubicada en la jurisdicción del municipio Caroní, objeto del procedimiento de Fiscalización y Determinación. Entregado. 7. Facturas de venta, nota de crédito y notas de débito aplicadas a dichas facturas. Reporte de Maquina Fiscal, Punto de Venta. Consignado. 8. Comprobantes de pago de los anticipos y del impuesto complementario, correspondiente a los ejercicios fiscalizados, consignado. 9. Declaración del ISLR, correspondiente a los ejercicios fiscalizados. Entregado. 10. Declaración del IVA de los meses correspondientes a los ejercicios fiscalizados. Entregado solo declaración. 11. Libros especiales de Ventas del Impuesto al Valor Agregado por mes calendario. Entregado completos años 2022 y 2023. 12. Libro de compras correspondientes a los ejercicios fiscalizados, discriminado por facturas, con indicación del tipo de actividad, monto de la venta sin incluir IVA u otros tributos. Entregados completos años 2022 y 2023. 13. Facturas de compras. Entregadas. 14. Relación de las entradas y salidas de inventario de productos terminados o para comercialización, con indicación de órdenes de despacho o salida de inventarios, facturas a las que aplicaron estas, y autoconsumo. No consignó. 15. Copia de los contratos de servicios u obras, con indicación del monto ejecutado y facturado por cada uno de estos. No aplica. 16. Detalle de los ingresos por intereses u otros ingresos no ordinarios, obtenidos por la contribuyente en los ejercicios fiscalizados. No consignado. 17. Estados financieros, (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado). Entregado. 18. Exhibición de Actas fiscales anteriores, consignado. 19. Solvencias Municipales. Entregado. 20. Pronunciamiento emitido por el SENIAT de exención al IVA y empresas sin fines de lucro. No aplica. 21. Números de Cuentas Bancarias y Estados de Cuenta conjuntamente con las conciliaciones bancarias. Entregó. 22. Otros, los requerimientos solicitados del arqueo de caja, fueron presentados de manera no clara, se observan inconsistencias en registros, declaraciones IGTF, operaciones de Divisas (solo fue presentada una quincena). De acuerdo con lo expuesto por la contribuyente, el ente exactor no señaló en el Acta de Reparo Nº 625/2023, ni en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 2024/0353; los motivos por los cuales no fueron valoradas estas documentales, lo cual les hace incurrir en el denunciado vicio de Ausencia de Valoración de las Pruebas. Al respecto, aun cuando la representación judicial de la Administración Tributaria Municipal no ejerció el Derecho a consignar Informes en el momento procesal; este Superior Contencioso Tributario de la Región Guayana, en aras de mantener el equilibrio procesal y por supuesto garantizar la Tutela Judicial Efectiva, tomará extractos del Acta de Reparo Nº 625/2023, acto administrativo de trámite, y de la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 2024/0353, acta administrativo definitivo, en el cual se confirman en su totalidad los reparos formulados por la fiscalización. El ente exactor en el acta de reparo N° 625/2023 notificada en fecha 13 de Octubre de 2023; señala en la sección de la Determinación, lo siguiente: “A los efectos del análisis fiscal y la determinación del impuesto efectivamente causado por la sociedad mercantil (…), durante los períodos auditados, se emplearon los criterios previstos en el artículo 61 de la Ordenanza de Impuesto sobre las Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios y su Clasificador de Actividades Económicas y el artículo 141 y siguientes del Código Orgánico Tributario. Con base a la documentación presentada por el contribuyente, y recibida mediante Acta de Requerimiento anexa al expediente, se observó que la sociedad (…), presentan irregularidades en su registro de ventas, razón por la cual se procede sobre BASE Presuntiva. Dentro de este mismo contexto este Despacho considera oportuno indicar y valorar los documentos probatorios consignados por la empresa: Se realizó una evaluación al sistema llevado por la Superintendencia, así como revisión de todos los recaudos consignados. En relación a los documentos aportados por parte de la contribuyente (…) Se procede a la revisión de los requisitos consignados en la fiscalización, los libros contables fueron presentados cumpliendo con la normalidad del sella del Registro Mercantil correspondiente, NO obstante se pudo observar que el Reporte de Entrada y Salida de Inventario no fue presentados: 1.- La Declaración de ISLR Presentada por el contribuyente (…) presenta un inventario inicial de 8.429,31, y un inventario final de 51.470,39 donde se puede evidenciar que el contribuyente negó la entrega del requisito nro. 14 según Acta de Recepción 792-2023-1 de fecha 25/09/2023. 2.- Los estados de Cuenta de la Empresa fueron Consignado fueron tomado como parte de la prueba ya que son inconcluso y a su vez se evidenció que solo fueron presentados entre 2 a 4 hojas faltando días en los estados de cuenta lo que limito corroborar el manejo del punto con el libro de venta, y declaraciones debidamente efectuadas por el contribuyente. 3.- No se evidencia en el libro de ventas las facturas Manuales (talonario alternativo) 4.- En un aproximado de 550 facturas u operaciones fiscales emitidas en la primera quincena de Junio 2023 declara en IGTF solo 53 operaciones en divisa (solo fue presentada una quincena de la declaración igtf), la diferencia fue realizada en pagos en efectivo, no se pudo corroborar la información y la determinación del impuesto efectivamente causado por la sociedad mercantil (…), el libro de ventas no registra el cobro del 3%. 5.- Se puede observar en el libro de venta o presentado por la empresa que la primera quincena finaliza con un número de factura mes de Junio 00018112 de 01/06/2023 al 15/06/2023 y comienza la siguiente quincena de fecha 16/06/2023 con la factura 0018155, la facturación faltante no es consecutiva aparece dentro de la primera quincena es decir en la primera quincena esta 0018113 es llevada de manera desorganizada sin ningún lineamiento cabe destacar que el mismo número de factura es el mismo del número de control y correlativo de una sola impresora Fiscal. 6. El Libro Diario Mayor no registra por separado los ingresos por cada Actividad 302 y 30201.” Señala el ente exactor, en cuanto a la implementación de la determinación sobre base presuntiva, aplicó el siguiente procedimiento: “Este despacho, atendiendo a las tecnicas de auditoría comúnmente aplicadas, como también los criterios previstos en el Código Orgánico Tributario en su artículo 187 y siguientes, como también las disposiciones previstas en la (s) Ordenanza (s) de Impuesto sobre Actividades Económicas, prevista (s) para cada uno de los períodos utilizados, se procedió a determinar los ingresos tributarios de la sociedad mercantil (…), conforme lo dispone el artículo 61 literal B) de la Ordenanza de Actividades Económicas, subsistiendo la responsabilidad que pudiera corresponder por las diferencias derivadas de una posterior determinación lo que dio como resultado, para los períodos comprendidos entre el 01/01/2022 al 30/06/2023, lo siguiente:” Períodos Actividad Económica Código Ingresos Alícuota Impuesto Desde Hasta Ejercida Actividad Investigados Causado 1/2/2022 31/2/2022 Comercio al Mayor y al Detal 302 464.356,39 2,50% 11.608,91 Licorería y Bodegones y Distribuidora 30201 3.844.956,93 6,00% 230.697,42 Sub-Total 4.309.313,32 242.306,33 1/1/2023 30/6/2023 Comercio al Mayor y al Detal 302 1.833.692,77 2,50% 45.842,32 Licorería y Bodegones y Distribuidora 30201 8.034.556,95 6,00% 482.073,42 Sub-Total 9.868.249,72 527.915,74 Totales 14.177.563,04 770.222,06 Acreditando el Impuesto pagado en las Declaraciones presentadas y que fueron objeto del ajuste por la fiscalización, cuya cantidad alcanzó Cuatrocientos Cincuenta y Tres mil Doscientos Cuarenta y Cinco Bolívares con Cinco Céntimos (Bs. 453.245,05), generó una diferencia de Impuesto por pagar por la cantidad de Trescientos Dieciséis mil Novecientos Setenta y Siete Bolívares con Un Céntimos (Bs. 316.977,01). En el mismo orden de ideas, tenemos que en el Acto Administrativo contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 2024/0353 notificada en fecha 29 de Octubre del año 2024, en la motivación sobre la opción de efectuar la determinación sobre base presuntiva, señala: “Que vistos los alegatos expresados por el Contribuyente en su Escrito de Descargo, así como las actuaciones del Auditor Fiscal, éste Despacho para decidir observa lo siguiente: En relación al alegato fundamentado en lo siguiente: “…vicio de FALSO SUPUESTO e INMOTIVACION…” Este despacho, atendiendo el alegato en cuestión, le genera suspicacia al observar como el contribuyente cita el vicio de falso supuesto de hecho del acto administrativo, que si bien es cierto el contribuyente consigno sus documentos tal y como se evidencia en el Acta de Recepción de Documentos Nº GFA 787-2023-1 de fecha 29/09/2023 en la cual se evidencia que efectivamente presento los documentos, sin embargo dejo constancia que dichos documentos presentaron alteración en los registros, siendo esto un elemento distorsionador que dificulto la apreciación de los hechos comerciales registrados, imposibilitando el análisis sobre un enfoque de determinación sobre base cierta. Que en el caso de auto debe esta Administración Tributaria Municipal pasar a considerar primero si fue procedente o no la determinación tributaria sobre base presuntiva aplicada por la funcionaria actuante al momento de la fiscalización, en razón que constituye un principio del derecho tributario que la obligación tributaria debe determinarse sobre base cierta y que solo ante la imposibilidad de disponer de esa certeza por vía de excepción debe procederse al cálculo sobre base presuntiva, siendo así las cosas se evidencia en autos, conforme al expediente administrativo, que la auditor dejo constancia de que la determinación realizada por la fiscalización del 01/01/2022 al 30/06/2023, las siguientes irregularidades: se pudo observar que el Reporte de Entrada y Salida de Inventario no fue presentado… El libro Diario y Mayor no registra por separado los ingresos por cada actividad 302 y 30201…No presento Libro de Inventario, no permitiendo de esta manera obtener el monto real de sus registros contables dentro del Municipio. Asì mismo, para el cálculo de la determinación, se valoraron los documentos probatorios consignados por la empresa, se realizó una evaluación al sistema llevado por la Superintendencia, así como revisión de todos los recaudos consignados y de acuerdo con lo establecido en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico Tributario, en referencia a la determinación sobre base presuntiva (…) …Omissis… La Superintendencia de Administración Tributaria Municipal se limitó a cumplir con el deber que le imponen la disposición legal pertinente, debido a lo observado durante la investigación fiscal, así las cosas, no pudiendo con la información suministrada la auditor actuante sustentar la naturaleza de los ingresos percibidos por el contribuyente, viéndose en la necesidad de aplicar un método que le permitiese dilucidad los ingresos percibidos por el contribuyente, amparado legalmente en la norma transcrita. …Omissis… La determinación realizada mediante la metodología sobre base presunta, se hizo en apego a la normativa vigente, toda vez que la contribuyente no cumple con lo estipulado en la ley, en cuanto a registro y facturación se refiere, tal y como lo dejo asentado la Auditor actuante en el acta fiscal ut supra, ya mencionado anteriormente, lo que dificulto la apreciación de los hechos comerciales registrados por la contribuyente durante los períodos auditados, imposibilitando el análisis sobre un enfoque de determinación sobre base cierta. …Omissis… En cuanto al VICIO DE INMOTIVACIÓN alegado por la empresa (…), podemos señala que la motivación como requisito de forma, se ha dicho que constituye uno de los principios rectores de la actividad administrativa, en cuyo cumplimiento los órganos de la Administración Tributaria deberán indicar en cada caso el fundamento expreso que da lugar a sus actos, mediante la exposición de los hechos y el derecho, es decir, los motivos que la soportan. En efecto, la motivación de los actos representa una garantía que permite al contribuyente conocer en forma clara y precisa las razones fácticas y jurídicas de la decisión tomada. …Omissis… Ahora bien, partiendo de que la motivación del acto es concomitante con toda la información que se desprenda de las actas, documentos que forman parte del respectivo expediente administrativo, en el caso en estudio es de observar que en el acta Fiscal levantada con ocasión a la determinación y debidamente notificada a la contribuyente no pueden dejar dudas sobre el conocimiento de las actuaciones practicadas por la administración y las bases tomadas para efectuar la determinación, ya como lo explica la funcionario tuvo que tomar como base de cálculo el rendimiento normal de empresa con actividad similar a su representada, ya que la información y la documentación consignada no fueron suficientes y carentes de confiabilidad. Adicionalmente, la contribuyente tuvo conocimiento de la información que sirvió de sustento al reparo, así como a los cálculos efectuados para ello, lo cual le permitió ejercer su derecho a la defensa incoando como lo hizo, esa Superintendencia de Administración Tributaria Municipal considera que el Acta Fiscal No. 625/2023 de fecha 09/10/2023, no adolece del vicio de inmotivación que se invoca; en consecuencia, desestima el alegato de falta de motivación esgrimido por la recurrente.” -III- PRUEBAS TRAIDAS AL PROCESO En la oportunidad procesal correspondiente al lapso probatorio, las partes estuvieron ausentes del mismo, no obstante es pertinente acotar que el abogado Martín José Barrios, actuando en su condición de Síndico Procurador del Municipio Caroní, acatando la solicitud de este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana, consignó ante la URDD, copia certificada del expediente administrativo constante de Una (1) pieza y Ciento Veintiún (121) folios útiles, cumpliendo con lo establecido en el parágrafo único del artículo 291 del COT de 2020. En cuanto a la contribuyente, consignó conjuntamente con el escrito las siguientes documentales: • Marcada con la letra “A”, Certificado de RIF. • Marcada con la letra “B”, Licencia sobre Actividades Económicas de Industrias, Comercio y Servicios. • Marcada con la letra “C”, Relación de ingresos brutos de los meses Enero 2022 hasta Junio 2023. • Marcado con la letra “D”, Registro Mercantil. • Marcada con la letra “E”, Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 2024/0353 notificada en fecha 29 de Octubre del año 2024. • Marcada con la letra “F”, Solvencia del Servicio de Aseo Municipal. • Marcado con la letra “G”, Captured de pantalla donde se observa bloqueo de portal. • Marcado con la letra “H”, escrito de Recurso Jerárquico, con fecha de recepción 19 de Noviembre de 2024. • Marcado con la letra “I”, escrito de Descargos. • Marcada con la letra “J”, Acta de Reparo Fiscal Nº 625/2023. -IV- MOTIVACIONES PARA DECIDIR El thema decidendum se circunscribe a la validez de la implementación del procedimiento de determinación sobre base presuntiva que dio origen al Acto Administrativo contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 2024/0353 notificada en fecha 29 de Octubre del año 2024, emitida por la Superintendencia de Administración Tributaria adscrita a la Alcaldía del Municipio Caroní del estado Bolívar. Punto Previo. Que en fecha 19 de Noviembre de 2024, fue interpuesto Recurso Jerárquico ante la Sindicatura Municipal, con los argumentos para desestimar el Acto Administrativo contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 2024/0353 de fecha 29 de Octubre de 2024, los cuales se ratifican en el presente recurso, el cual se interpone en virtud del silencio administrativo o denegación tácita del superior jerárquico. En este sentido, y a los efectos de determinar la temporalidad del Recurso Contencioso Tributario, es menester tomar en consideración la normativa contenida en el artículo 281 del COT de 2020, el cual establece: Artículo 281. La Administración Tributaria dispondrá de un lapso de sesenta (60) días continuos para decidir el recurso, contados a partir de la recha de culminación del lapso probatorio. Si la causa nos se hubiere abierto a prueba, el lapso previsto en este artículo se contará a partir del día siguiente de a que en que se hubiere incorporado al expediente el auto que declare no abrir la causa a pruebas.” En este sentido, se observa en el expediente identificado con la letra “H” (v. folios 54 al 68 primera pieza), escrito contentivo de Recurso Jerárquico el cual presenta acuse de recibo por parte del ente exactor en fecha 19 de Noviembre de 2024. En este sentido, es importante resaltar, que en el expediente administrativo consignado por el Sindico Procurador del Municipio Caroní, no consta dicho escrito, así como tampoco el Auto de Admisión del recurso. No obstante, en el sello húmedo se puede detallar la siguiente información: República Bolivariana de Venezuela, Estado Bolívar, Alcaldía Socialista Bolivariana de Caroní, “Recepción de Recursos”. Presentado por el ciudadano Jorge José Jiménez, C.I.Nº 4.678.935, asistido por el contador Clemente Sayago, C.I.Nº1 7.662.380, CPC 23.958, recibido por el funcionario: Nolan Brito a las 10:37 a.m., del día 19 de Noviembre de 2024. De la revisión efectuada al escrito contentivo del Recurso Jerárquico interpuesto contra el Acto Administrativo identificado como “Resolución Nº 2024/0353” la cual pone fin al Sumario Administrativo, que Confirma el reparo contenido en el Acta Fiscal Nº 625/2023; se puede observar la ausencia de promoción de pruebas, razón por la cual, el lapso establecido en el ut supra citado artículo 281 del COT de 2020, se contaría a partir del tercer día de consignado el recurso, momento en el cual el enter exactor ha debido emitir el Acto Administrativo en el cual se decide sobre la admisibilidad del mismo, cuya fecha debería corresponder con el 24 de Noviembre de 2024. En virtud de la falta de respuesta alegada por la contribuyente, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 281 del COT de 2020, a partir del 25 de Noviembre de 2024 comenzaría a computarse el plazo para decidir el Recurso Jerárquico o a todo evento opere el Silencio Administrativo Negativo; en este sentido, los Sesenta (60) días continuos vencieron el día sábado 25 de Enero de 2025, en aplicación supletoria del COT de 2020, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 10 de la norma in comento, se extendería al día lunes 27 de Enero de 2025; interponiéndose el Recurso Contencioso Tributario en fecha 25 de Febrero de 2025, cuyo lapso de interposición venció el 18 de Marzo de 2025, con lo cual el mismo fue ejercido en forma tempestiva, procediendo este Superior Contencioso Tributario a entrar a conocer y decidir el fondo de la controversia. Así se declara. Alega la representación judicial de la contribuyente, que no era procedente la implementación de la determinación sobre base presuntiva, por cuanto la misma resultaba inadecuada, al no estar dados los puestos para aplicar la misma, y que la misma debe ser aplicada en supuestos excepcionales, cuando es absolutamente imposible aplicar la determinación sobre base cierta. Que su representada cumplió con la presentación de la documentación necesaria exigidas por la fiscalización; y denuncia que el ente exactor incurrió en una invasión de competencia en cuanto al control fiscal, al pretender incluir en su revisión elementos relacionados con impuestos nacionales, cuya competencia corresponde al SENIAT. Que la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 2024/0353, fundamenta la implementación del sistema de determinación sobre base presuntiva, por la no consignación de los libros de entrada y salida de inventario, aún cuando la omisión en la presentación de este recaudo no constituye ningún ilícito, así como tampoco impide el control fiscal para la determinación del Impuesto a las Actividades Económicas, por cuanto su utilidad está asociada al impuesto sobre la renta, tributo cuya competencia corresponde al SENIAT. Que aún cuando la fiscalización reconoce la consignación de las declaraciones del IVA y las correspondientes a los Ingresos Brutos Municipales, de acuerdo a una muestra aleatoria de acuerdo al requerimiento del ente exactor, consta en el acta de recepción Nº 787-2023-1 de fecha 29 de Septiembre de 2023, la consignación en casi su totalidad de todos los ítems solicitados. Que el ente exactor justifica la implementación del sistema de determinación sobre base presuntiva, por supuestas irregularidades, las cuales son están comprobadas, imponiendo el pago de impuesto y sanciones excesivas, violando el principio de presunción de inocencia. Y que el efectuar esta actuación, bajo la premisa de la omisión en la presentación de los libros de inventarios, constituye el denunciado vicio de falso argumento de derecho, y la invasión de la competencia del control fiscal atribuida al SENIAT, de acuerdo con lo establecido en el numeral 12 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Señala el ente exactor, que en virtud de que la contribuyente no aportó los soportes contables suficientes para valorar y corroborar las operaciones efectuadas por ésta, tales como: Reporte de Entrada y Salida de Inventario, y el Libro de Inventarios, además que El libro Diario y Mayor no registra por separado los ingresos por cada actividad 302 y 30201. De igual manera sostiene que la determinación se fundamenta que para el cálculo de la misma se valoraron los documentos probatorios consignados por la contribuyente, de igual manera se efectuó una evaluación al sistema llevado por el ente exactor, y el funcionario se vio en la necesidad de implementar la determinación sobre base presuntiva, tomando como base de cálculo el rendimiento normal de empresa con actividad similar a su representada, ya que la información y la documentación consignada no fueron suficientes y carentes de confiabilidad. En este sentido, y a los efectos de determinar si el acto administrativo emitido por la Administración Tributaria Municipal, está configurado de acuerdo con la normativa que rige la materia, es menester analizar el iter procedimental que se desprende de las actuaciones en autos. El procedimiento se inicia en fecha 25 de Septiembre del año 2023, mediante notificación vía correo electrónico de Providencia Administrativa N° GFA-792-2023 y de Acta de Requerimiento General N° 792/2023-1, en la cual se solicitaron los siguientes recaudos, para su presentación en un lapso de Tres (3) días hábiles siguientes a su notificación: 1. Acta Constitutiva y última modificación. 2. Registro de Información Fiscal (R.I.F. vigente) 3. Licencia de Actividades Económicas. En Físico. 4. Declaraciones de ingresos brutos de los ejercicios fiscalizados. 5. Declaraciones de ingresos brutos en otras jurisdicciones municipales y constancia de pago del respectivo impuesto. 6. Libros de Contabilidad, Diario, Mayor, Inventario. Compras, Banco y Cuenta de Ingresos. 7. Facturas de venta, notas de crédito y notas de débito aplicadas a dichas facturas. Reporte de Máquina Fiscal, Punto de Venta. 8. Comprobantes de pago de los anticipos y del impuesto complementario, correspondientes a los ejercicios fiscalizados. 9. Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, correspondientes a los ejercicios fiscalizados. 10. Declaraciones del Impuesto al Valor Agregado de los meses, correspondientes a los ejercicios fiscalizados. 11. Libros especiales de Ventas de Impuesto al Valor Agregado de los meses, correspondientes a los ejercicios fiscalizados. 12. Libro de Compras, correspondiente a los ejercicios fiscalizados, discriminados por facturas, y con indicación del tipo de actividad, monto de la venta sin incluir Impuesto al Valor Agregado del Municipio Caroní 13. Facturas de Compras (últimos 3 meses por cada año fiscalizado). 14. Relación de las entradas y salidas de inventario de productos terminados o para comercialización, con indicación de órdenes de despacho o salidas de inventarios, facturas a las que aplicaron estas, y autoconsumo. 15. Copias de Contratos de servicios u obras, con indicación del monto ejecutado y facturado por cada uno de estos. 16. Detalle de ingresos por intereses y otros ingresos no ordinarios obtenidos por la contribuyente en el lapso fiscalizado. 17. Estados Financieros, (Estado Resultado) 18. Exhibición de Actas fiscales anteriores y/o decisiones administrativas o judiciales con que concluyeron efectivamente dichos procedimientos. 19. Pronunciamiento emitido por el SENIAT de exención al IVA, y/o empresas sin fines de lucro. No aplica. 20. Números de Cuenta Bancarios y Estados de Cuenta conjuntamente con las conciliaciones, debidamente certificado. En fecha 29 de Septiembre de 2023 se levantó Acta de Recepción N° 787/2023-1, en la cual se deja constancia de la presentación de los siguientes recaudos: 1. Acta Constitutiva y última modificación. En físico. 2. Registro de Información Fiscal (R.I.F.) En físico. 3. Licencia de Actividades Económicas. En físico. 4. Declaraciones de ingresos brutos de los ejercicios fiscalizados. En físico. 5. Declaraciones de ingresos brutos en otras jurisdicciones municipales y constancia de pago del respectivo impuesto. No posee sucursales. 6. Libros de Contabilidad, Diario, Mayor, Inventario, Compras, Banco y Cuenta de Ingresos. Consignado. 7. Facturas de venta, notas de crédito y debito. Reporte de Máquina Fiscal, Punto de Venta Consignado. 8. Comprobantes de pago de los anticipos y del impuesto complementario, correspondientes a los ejercicios fiscalizados. Consignado. 9. Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, correspondientes a los ejercicios fiscalizados. Consignado. 10. Declaraciones del Impuesto al Valor Agregado de los meses, correspondientes de los meses. Consignado. 11. Libros especiales de Ventas de Impuesto al Valor Agregado de los meses correspondientes a los ejercicios fiscalizados. Consignado completo 2022 y 2023. 12. Libro de Compras por facturas, con indicación del tipo de actividad, monto de la venta sin incluir Impuesto al Valor Agregado u otros tributos. Consignado completo 2022 y 2023. 13. Facturas de Compras. Consignado. 14. Relación de las entradas y salidas de inventario de productos terminados o para comercialización, con indicación de órdenes de despacho o salidas de inventarios, facturas a las que aplicaron estas, y autoconsumo. No consignó. 15. Copias de Contratos de servicios u obras, con indicación del monto ejecutado y facturado por cada uno de estos. No aplica. 16. Detalle de ingresos por intereses y otros ingresos no ordinarios obtenidos por la contribuyente en el lapso fiscalizado. No consignado. 17. Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultado). Consignado. 18. Exhibición de Actas fiscales anteriores y/o decisiones administrativas o judiciales con que concluyeron efectivamente dichos procedimientos. Solo fue presentada Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo. 19. Solvencias Municipales (RUC). Consignado. 20. Pronunciamiento emitido por el SENIAT de exención al IVA, y/o empresas sin fines de lucro. Físico. No aplica. 21. Números de Cuenta Bancarios y Estados de Cuenta conjuntamente con las conciliaciones, debidamente certificado. Consignado. 22. Otros: requerimientos del arqueo de caja (fueron presentados de manera no clara, presentan inconsistencia en registros), declaraciones del IGTF operaciones en divisa (solo fue presentada una quincena de la declaración) , listado de proveedores. Como fundamento para la implementación del sistema de determinación sobre base presuntiva, el ente exactor alega que la contribuyente: “(…) conforme al expediente administrativo, que la auditor dejo constancia de que la determinación realizada por la fiscalización del 01/01/2022 al 30/06/2023, las siguientes irregularidades: se pudo observar que el Reporte de Entrada y Salida de Inventario no fue presentado… El libro Diario y Mayor no registra por separado los ingresos por cada actividad 302 y 30201…No presento Libro de Inventario, no permitiendo de esta manera obtener el monto real de sus registros contables dentro del Municipio. Asì mismo, para el cálculo de la determinación, se valoraron los documentos probatorios consignados por la empresa, se realizó una evaluación al sistema llevado por la Superintendencia, así como revisión de todos los recaudos consignados y de acuerdo con lo establecido en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico Tributario, en referencia a la determinación sobre base presuntiva.”. Antes de analizar cada uno de los recaudos enumerados ut supra, este juridiscente considera pertinente establecer en qué consiste el procedimiento de control fiscal de Fiscalización y Determinación; en este orden de ideas, la Sala Político Administrativa en sentencia N° 01045 de fecha 9 de Julio de 2014, caso Miguel José Guzmán Rodríguez, señaló: “Dentro de ese procedimiento de fiscalización y determinación, deben distinguirse dos períodos de la actividad de la Administración perfectamente diferenciables, a saber: i) la fase previa investigativa o preparatoria, que culmina con el acta de reparo y; ii) la etapa de sumario administrativo, que finaliza con la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo. Las 2 Fases del Procedimiento de Fiscalización. En efecto, el íter procedimental comienza la emisión de un acto de trámite (Providencia), mediante el cual se autoriza a los funcionarios en él identificados para efectuar la fiscalización, que deberá ser notificado al contribuyente o responsable para que éste proceda a suministrar la información que sea necesaria para la determinación tributaria. (Vid., entre otras, sentencia de esta Sala N° 1165 de fecha 25 de septiembre de 2002, caso: Fundición Metalúrgica Lemos, C.A.). Primera Fase. Desde ese momento se inicia una actividad de control posterior del órgano exactor, a través de una labor investigativa destinada a comprobar la situación jurídica tributaria de los sujetos pasivos del gravamen, los cuales tienen el deber, ocurrido el hecho determinarla o proporcionar la información necesaria para que la Administración Tributaria proceda a hacerlo. Primera Fase. A modo de resumen, esta primera fase puede arrojar un Acta de “Reparo” o una de “Conformidad”, las cuales constituyen actos que finalizan el primer ciclo investigativo o preparatorio. Primera Fase. En ese sentido, esta Máxima Instancia ha sostenido que durante esta fase no está previsto un lapso para que el particular investigado ejerza su derecho a la defensa o su derecho de contradicción ante la Administración. Ello es así, porque precisamente, se está en presencia de un conjunto de operaciones de carácter preparatorio o instrumental, tendentes a comprobar la veracidad y exactitud de la declaración aportada por el contribuyente o responsable y sólo es, después de recabada esa información, en caso que la Administración constate que existe una omisión, inexactitud, irregularidad u ocultamiento de hechos por parte del sujeto pasivo del tributo, que emitirá el Acta de Reparo, contra la cual el contribuyente o responsable -de considerarlo necesario por estar en desacuerdo total o parcialmente con la manifestación de voluntad de la Administración vertida en ese proveimiento- puede presentar el escrito de descargo, en legítimo ejercicio de su derecho a la defensa, iniciándose entonces la segunda fase del procedimiento, esto es, la etapa del “Sumario Administrativo”. Fase Segunda.” La Sala ha sido clara en cuanto a la descripción del procedimiento de Fiscalización y Determinación, resaltando la actividad investigativa de una primera fase, la cual puede culminar con una Acta de Conformidad o con un Acta de Reparo; pero a todo evento, ¿Qué es lo que se va a determinar?, en el caso a quo la veracidad de la información presentada en cada una de las Declaraciones de ingresos brutos de acuerdo con el período impositivo (mensual); para ello debe contar con los elementos empleados por la contribuyente en su procedimiento de autoliquidación, cuyo resultado fue el mostrado en la correspondiente Declaración. En este caso, de acuerdo con la máxima de experiencia, la labor del Auditor consiste en primera instancia en verificar a través de las pruebas de auditoría la veracidad de la información presentada en cada una de las declaraciones de Ingresos Brutos; es decir, determinar si lo declarado se encuentra debidamente soportado (para ello se elaboran las cédulas de auditoría), y de acuerdo con el comportamiento de las mismas evaluar la posibilidad de profundizar la labor investigativa ante la presunción de inconsistencias en la información manejada; actividad no observada en el expediente administrativo consignado por el ente exactor. En cuanto a la omisión del reporte Registro de Entradas y Salidas de Inventario, aún cuando podría considerarse como un elemento orientado a la determinación de los Ingresos Brutos, es importante citar la normativa contenida en el Reglamento General de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicado en G.O.N° 5.662 de fecha 24 de Septiembre de 2003, el cual señala en su artículo 177 señala: “Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a llevar y mantener en el domicilio fiscal o establecimiento a través de medios manuales o magnéticos cuando la Administración Tributaria lo autorice, la siguiente información relativa al registro detallado de entradas y salidas de mercancías de los inventarios, mensuales, por unidades y valores así como, los retiros y autoconsumo de bienes y servicios”. Es pertinente aclarar, que de acuerdo con los principios de Contabilidad generalmente aceptados y las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), señalan que los ingresos se perfeccionan con la transferencia a titulo oneroso de los bienes y o servicios, en el presente caso sería con la entrega del producto objeto del giro económico de la contribuyente, y por supuesto se soporta con la entrega de la factura, u otro documento equivalente en caso de que la operación se efectúe a crédito, para lo cual se encuentran las cuentas por cobrar como asiento contable. De acuerdo con los hechos narrados en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° Nº 2024/0353, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario hace las siguientes observaciones con relación al procedimiento de Fiscalización y Determinación: 1. No se desprende del contenido de los Actos Administrativos: de trámite Acta de Reparo Nº 625/2023, y definitivo Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 2024/0353, alguna actuación orientada a determinar la no factibilidad de ejecutar la determinación sobre base cierta, al contrario, se destaca la justificación sobre la aplicación del sistema de determinación sobre base presuntiva. 2. No se muestran los resultados de las pruebas de auditoría, ni se menciona su aplicación; solamente se hace mención de la información presentada en cuanto a los libros contables, de forma consolidada, del registro especial del inventarios, de la revisión efectuada a la Declaración del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), y la falta de soporte (facturas de ventas, con lo cual se contradice con lo asentado en el Acta de Recepción Nº 787/2023-1) con lo cual se presume una fiscalizacion en esta materia, lo cual no compete a la Administración Tributaria Municipal. 3. Las normas de auditoría contemplan las cedulas de auditoría y los cuadros analíticos, lo cual no se observa en el expediente administrativo consignado por el ente exactor, lo cual denota la falta de actividad investigativa; en el mismo sentido, no se observa requerimiento específico relacionado con el detalle de cada uno de los aforos declarados por la contribuyente. 4. En el Acta de Recepción Nº 787/2023-1, se observa que la contribuyente consigna facturas de ventas, más no constan en el expediente alguna cedula de auditoría donde se recoja el análisis efectuado con esa información, pero en la narrativa del Acta de Reparo Nº 625/2023 y la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 2024/0353, se señala que: “…dichos documentos presentaron alteración en los registros, siendo esto un elemento distorsionador que dificulto la apreciación de los hechos comerciales registrados, imposibilitado el análisis sobre un enfoque de determinación sobre base cierta”. 5. Como anexo al acta de reparo, se observa cuadro comparativo de información extraída de los libros: Diario, Mayor, Ventas, IVA, ISLR e Inventarios y de los Estados Financieros; sin embargo no se observan las cedulas de auditoría donde se refleje la información arrojada por la relación de las facturas, y del análisis de las cuentas por cobrar; así como tampoco el análisis efectuado a cada una de las declaraciones de ingresos brutos objeto del procedimiento de control fiscal. 6. En la narrativa de la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 2024/0353, se observa que la Administración Tributaria Municipal, explica el procedimiento de determinación de los “ingresos omitidos” en estos términos: “…ya como lo explica la funcionario tuvo que tomar como base de cálculo el rendimiento normal de empresa con actividad similar a su representada, ya que la información y la documentación consignada no fueron suficientes y carentes de confiabilidad”. 7. No se observa en el expediente administrativo, los datos correspondientes a la empresa o empresas tomadas como referencia para efectuar la determinación sobre base presuntiva de los ingresos, mucho menos el análisis correspondiente, en el cual se demuestre los factores de similitud con la contribuyente objeto del control fiscal, para demostrar la factibilidad comparativa. 8. No se observa la fuente de donde se tomaron los ingresos presuntamente omitidos, los cuales forman parte del reparo y de la determinación del “impuesto causado y no pagado”. De acuerdo con lo expuesto en el Acta de Recepción Nº 787/2023-1, en el cual la fiscalización deja asentado la entrega de recaudos por parte de la contribuyente, dentro de los cuales se observan: facturas de ventas, estados de cuenta bancarios (muestra), estados financieros; libros contables, declaraciones del ingresos brutos, considera este juridiscente, y en aplicación de la máxima de experiencia; estos constituyen elementos que permiten orientar el procedimiento de fiscalización, tal como lo señaló la SPA en la ut supra citada sentencia Nº N° 01045 de fecha 9 de Julio de 2014, caso Miguel José Guzmán Rodríguez. Esto tiende a demostrar que si existen los elementos para haber ejecutado la Fiscalización y Determinación mediante el sistema de Determinación Sobre Base Cierta, por cuanto se desprende del contenido de los Actos Administrativos de Trámite y del Acto Administrativo definitivo (Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo) una deficiente actividad investigativa y determinativa; y es que el principal elemento probatorio de los ingresos brutos son las facturas emitidas como soportes de las ventas, y no se hace mención de las pruebas de auditoría ni su resultado con relación a la comprobación de los ingresos brutos declarados; no se justifica el para que se requirieron las declaraciones del ISLR e IVA; y por supuesto, de acuerdo con la máxima de experiencia, en un procedimiento de Fiscalización y Determinación a un contribuyente con un movimiento de operaciones alto y complejo, una sola Acta de Requerimiento N° 792/2023-1 y de Recepción N° 787-2023-1 no justifican una activa actuación fiscal; por cuanto, el volumen de información a requerir y de pruebas a realizar exigen una mayor número de actos preparatorios. Así se establece. Ahora bien, antes de valorar las pruebas promovidas por la representación de la contribuyente, este Tribunal Superior Contencioso Tributario de la Región Guayana, considera pertinente citar el criterio reiterado de la Sala Político Administrativa con relación a los procedimientos de Determinación de la obligación Tributaria: en sentencia N° 00735 de fecha 22 de Julio de 2010, caso Multicine las Trinitarias, C.A., señaló: “De la normativa transcrita se colige que la Administración Tributaria dispone de dos (2) sistemas para la determinación de la obligación tributaria de oficio como son: “sobre base cierta” y “sobre base presuntiva”, en el primero de los casos, es decir, la estimación de oficio sobre base cierta es realizada por el Órgano Fiscal cuando éste dispone de todos los elementos que le permitan conocer la situación del sujeto pasivo de la obligación tributaria, tales como: las declaraciones del contribuyente; los libros contables, las intervenciones de terceros, entre otros”. El COT de 2020, en su artículo 141, define ambos sistemas de la forma siguiente: Artículo 141. “La determinación por la Administración Tributaria se realizará aplicando los siguientes sistemas: 1. Sobre Base Cierta, con apoyo en todos los elementos que permitan conocer en forma directa los hechos imponibles. 2. Sobre Base Presuntiva, en mérito de los elementos, hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión con el hecho imponible permitan determinar la existencia y cuantía de la obligación Tributaria.” En este mismo orden de ideas, la Ordenanza de Impuesto sobre las Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar (ISAE) publicada en Gaceta Municipal 1023-2011 de fecha 19 de Diciembre de 2011, señala en su artículo 59 lo siguiente: “Cuando la Administración Tributaria deba proceder a la determinación de oficio del impuesto previsto en esta Ordenanza, lo hará de la siguiente manera: 1. Sobre base cierta con apoyo de los elementos que permitan conocer en forma directa la base imponible. 2. Sobre base presunta, si a la Administración Tributaria Municipal, le fuera imposible obtener los elementos de juicio sobre base cierta, bien porque fuere imposible conocer los ingresos brutos obtenidos o, bien porque el contribuyente no los proporcione a la Administración Tributaria Municipal y esta no los pudiere obtener por si misma. En este segundo supuesto, el contribuyente no tendrá derecho a impugnar la determinación de oficio, fundamentándose en hechos o elementos que hubiere ocultado o no exhibido a la Administración Tributaria Municipal cuando fue requerido por ello”. Tal como lo señala la norma ut supra citada, la cual es ratificada por la SPA en su criterio reiterado, en el procedimiento de Fiscalización y Determinación, la regla general es la implementación del sistema de determinación sobre base cierta; más aún en el caso de la Administración Tributaria cuyo cumplimiento del deber de declarar se efectúa a través de los medios electrónicos implementadas por ésta, lo cual le permite tener en sus servidores el ejemplar de cada declaración presentada por el sujeto pasivo, tal como sucede con la Administración Tributaria del Municipio Caroní. Tal como lo señala el COT de 2020 y la Ordenanza del ISAE, sólo cuando “fuere imposible conocer los ingresos brutos obtenidos”, bien sea porque una vez efectuadas las pruebas de auditoría, arroje la necesidad de profundizar en la comprobación de la información contenida en la Declaración de Ingresos Brutos, y el contribuyente no aporte el resto de la información para determinar la veracidad de lo declarado, o porque la misma Administración Tributaria Municipal no la pudiere obtener por sí misma, bien sea a través de sus registros electrónicos y físicos o a través de información de terceros; es cuando debe acudir como instancia extraordinaria, al sistema de determinación de determinación sobre base presuntiva. Al respecto, la Sala Político Administrativa en sentencia N° 00581 de fecha 22 de Abril de 2003, caso Pablo Electrónica, C.A., al referirse a las reglas para la aplicación del sistema de determinación sobre base presuntiva, sostiene: “A partir de la norma transcrita supra, con apoyo en la jurisprudencia patria sentada sobre el particular, concluyó el a quo que la determinación de oficio sobre base presuntiva es de aplicación excepcional, sólo para aquellos casos en los que la fiscalización no puede obtener de la contribuyente, ya de manera directa o indirecta, los elementos de juicio necesarios para practicar la determinación de oficio sobre base cierta, vale decir ante la imposibilidad de disponer de certeza para la determinación tributaria de oficio, interpretando entonces que regla general aplicable es que la obligación tributaria se determine sobre base cierta.” (Subrayado por este Tribunal Superior Contencioso Tributario) En cuanto a la prueba como elemento de garantía en cuanto al Derecho a la Defensa, la Tutela Judicial Efectiva y al Debido Proceso, dentro de un procedimiento administrativo o judicial, la Sala de Casación Civil, sentando jurisprudencia en sentencia N° RC-000217 de fecha 7 de Mayo de 2013, caso Especialidades Médicas de Occidente, C.A., señaló: “(…) Ahora bien, el derecho a la defensa y al debido proceso -derechos de rango constitucional previstos en los artículos 26 y 49 del texto constitucional-, se concentran especialmente en el derecho probatorio, siendo este último el que permite a las partes demostrar sus propias afirmaciones de hecho y de derecho con la finalidad de obtener una sentencia ajustada a la realidad (mediante el establecimiento de los hechos a través de las pruebas) y lograr así el fin último del proceso cual es la realización de la justicia. En tal sentido, para ver satisfecha la garantía constitucional del derecho a la defensa, surge necesariamente la necesidad de la prueba como mecanismo del que se valen las partes para convencer al juez de sus respectivos alegatos, de manera que esta garantía fundamental del derecho a la prueba representa la facultad que cada parte tiene de presentar cualquier medio probatorio que tenga a su disposición que se encuentre vinculado con sus pretensiones y con el tema a decidir lo que se pone de manifiesto al indicar el objeto de la prueba. Dicho lo anterior es concluyente afirmar que, para garantizar el derecho a la defensa de los justiciables, toda prueba presentada por las partes debe ser admisible, siempre que su objeto sea legal y pertinente, siendo la regla la admisión y su negativa o inadmisión, la excepción. (…)” De la narrativa del Acto Administrativo contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 2024/0353 se hace mención de documentales promovidas en esta instancia judicial (v. folio 21 y vto.), no obstante en la misma narrativa el ente exactor señala: “CONSIDERANDO Que en el Acta Fiscal Nº 625/2023, de Fecha 09/10/2023, la Auditor Fiscal, ciudadana MARVIS RIOS, titular de la cédula de identidad Nº 12.649.720, en su parte motiva deja constancia de lo siguiente: “…Con base al análisis efectuado de la documentación presentada por el contribuyente y recibida, mediante Acta de Requerimiento anexa al expediente, se observa que la sociedad mercantil OPERADORA LAS AMERICAS, C .A. (…), presentan irregularidades en sus registros de ventas, razón por la cual se procede a BASE Presuntiva. Dentro de este mismo contexto este Despacho considera oportuno indicar y valorar los documentos probatorios consignados por la empresa”. “…se pudo observar que el Reporte de Entrada y Salida de Inventario no fue presentado…El libro Diario y Mayor no registra por separado los ingresos por cada actividad 302 y 30201…” …Omissis… CONSIDERANDO Que visto los alegatos expresados por el Contribuyente en su Escrito de Descargo, así como las actuaciones de la Auditor Fiscal, éste Despacho de la Superintendencia de Administración Tributaria Municipal para decidir observa lo siguiente: En relación al alegato fundamentado en lo siguiente: “…vicio de FALSO SUPUESTO e INMOTIVACION…” Este despacho, atendiendo el alegato en cuestión, le genera suspicacia al observar como el contribuyente cita el vicio de falso supuesto de hecho administrativo, que si bien es cierto el contribuyente consigno sus documentos tal y como se evidencia en el Acta de Recepción de documentos Nº GFA 787-2023-1 de fecha 29/09/2023 en la cuyal se evidencia que efectivamente presento los documentos, sin embargo dejo constancia que dichos documentos presentaron alteración en los registros, siendo esto un elemento distorsionador que dificulto la apreciación de los hechos comerciales registrados, imposibilitando el análisis sobre un enfoque de determinación sobre base cierta” De acuerdo con los documentales traídos por la contribuyente al proceso, los consignados por la Administración Tributaria Municipal en el expediente administrativo, y lo relatado en el Acto Administrativo contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario N° 2024/0353, y en aras de salvaguardar la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso, pasa este juridiscente a valorar estos elementos probatorios. Aún cuando en la narrativa de este Acto Administrativo definitivo se menciona el análisis de las documentales, resulta palmaria la ausencia de cedulas de auditoría, donde se demuestre la actividad investigativa, con lo cual se violenta el principio de unidad de expediente por parte de la Administración Tributaria Municipal, con lo cual considera este juridiscente silencia estas pruebas, lo cual constituye una flagrante violación al debido proceso, a la Tutela Judicial Efectiva y por supuesto al Derecho a la Defensa. Así se establece. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el artículo 31 referida a la Actividad Administrativa, señala: “De cada asunto se formará expediente y se mantendrá la unidad de éste y de la decisión respectiva, aunque deban intervenir en el procedimiento oficinas de distintos Ministerios o Institutos Autónomos” El expediente administrativo, constituye la prueba fundamental de la actuación de la Administración Tributaria, por cuanto contiene el iter procedimental del funcionario actuante en la configuración del Acto Administrativo, y traerlo al proceso, es obligación de ésta tal como lo señaló la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 01125 de fecha 01/10/2008, y en la que se dejó sentado lo siguiente: “( …) tal como lo expresó la Sala en su decisión 00116 de fecha 24 de enero de 2008, cuando afirmó: “…En este sentido, cabe destacar el criterio de este Supremo Tribunal, al señalar que la obligación de presentar el referido expediente administrativo en el juicio donde se esté conociendo de las objeciones a los actos administrativos derivados de él, recae en la propia Administración que emitió el acto objeto del recurso, pues es a ella a la que le interesa demostrar las actuaciones y sustentos de que se valió para fundamentar sus actos…” (Vid. Sentencia Nº 00692 de fecha 21 de mayo de 2002 y Nº 1.257 de 12 de julio de 2007). Adicionalmente señala la Sala: “...El expediente administrativo está constituido por el conjunto de actuaciones previas que están dirigidas a formar la voluntad administrativa, y deviene en la prueba documental que sustenta la decisión de la Administración. Por tanto, sólo a ésta le corresponde la carga de incorporar al proceso los antecedentes administrativos; su no remisión constituye una grave omisión que pudiera obrar en contra de la Administración y crear una presunción favorable a la pretensión de la parte accionante…”. Es menester destacar y aclarar el principio de la unidad del expediente, y tal como lo señala el artículo 31 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (ut supra citado), de “cada asunto se formará expediente y se mantendrá la unidad de éste…”; en materia de procedimientos de control fiscal, y en el caso a quo, el expediente se comienza a conformar a partir de la Providencia Administrativa GFA 792-2023, y el mismo debe ir incorporando cada uno de las actuaciones de la Administración Tributaria, en cada una de las fases del procedimiento de Fiscalización y Determinación, lo cual incluye por supuesto los elementos consignados por el sujeto pasivo en el proceso, los cuales también deben ser incorporados. Obligación que en la presente causa no se cumplió y que conlleva a que la Administración Tributaria Nacional deba probar -al ser impugnado el acto administrativo- no sólo la legalidad del acto administrativo, sino la legalidad de todo el procedimiento llevado a cabo para configurar el acto administrativo definitivo y, que su actuación estuvo ajustada a derecho, motivo por el cual se genera para el recurrente una presunción a su favor respecto a la documentación mencionada y que debe estar inserta en el expediente. Así se establece. En el mismo orden de ideas, se observa en la actuación fiscal, una actitud propia de un procedimiento de Verificación de Deberes Formales donde el objeto es comprobar hechos ciertos, en cuanto a las prestaciones de hacer y no hacer: presentar declaración, presentar recaudos, emitir y entregar facturas, llevar los libros de acuerdo con las normas, presentarlos al ser exigidos por la autoridad, etc. No se observa en el expediente administrativo las cedulas de auditoría propias de un procedimiento de Fiscalización, así como tampoco las pruebas de auditoría en las cuales se pueda mostrar la actividad inquisitiva del funcionario en su actuación. Al contrario de la verificación, el procedimiento de Fiscalización y Determinación, tal como lo señala la Sala, implica una actividad investigativa, y la misma se desarrolla en dos fases: una primera fase en la cual se requiere del contribuyente los soportes de la información presentada en cada una de las Declaraciones de Ingresos Brutos (facturas, notas crédito, debito, estados de cuenta bancario, etc.), asientos contables, y cualquier otro elemento que le permita determinar la exactitud de los declarada, actividad inquisitiva reflejada en las cedulas de auditoría, y en los actos preparatorios; es menester resaltar, dada la naturaleza de la Fiscalización (auditoria), el tiempo de la actuación es proporcional a los períodos sujetos de revisión, y la actividad se desarrolla principalmente en el domicilio fiscal de la contribuyente dada la privacidad de la información que se maneja. La segunda etapa, ya posterior a la emisión y notificación del Acta de Reparo, y una vez vencido el lapso para el allanamiento, se instruye un Sumario Administrativo, en el cual al contribuyente la norma le permite manifestar cualquier inconformidad a través del escrito de Descargos, teniendo la oportunidad probatoria para demostrar sus alegatos, pruebas que deben ser valoradas por el sumariador y en el caso de no considerar su pertinencia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva exigen manifestar o dejar constancia de su apreciación. Así se establece. En cuanto a la facultad investigativa, el ente exactor puede solicitar toda información orientada a la labor investigativa, en este caso determinar si los ingresos brutos declarados se corresponden a la verdadera capacidad económica del contribuyente, razón por la cual, el alegato presentado por la representación de la contribuyente carece de sentido, por cuanto no existe invasión de competencia al solicitar el Registro Especial de Entradas y Salidas de Inventario, deber contenido en el artículo 177 del Reglamento General de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por cuanto esta herramienta puede ser utilizada por el funcionario actuante en su actividad investigativa a los efectos de efectuar los cruces de información pertinentes. Así se declara. Dado su carácter excepcional, el sistema de Determinación Sobre Base Presuntiva, debe seguir los criterios establecidos en el artículo 143 del COT de 2020, cuya actividad debe ser demostrada mediante la motivación del criterio seleccionado y su vinculación con el hecho generador de la obligación tributaria, en el caso a quo, los Ingresos Brutos. Es pertinente citar la normativa contenida en la Ordenanza que crea el Impuesto sobre las Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios y de Índole Similar, con relación a la base imponible que está constituida por los ingresos brutos, en este sentido tenemos: “Artículo 44. Se entiende por ingresos brutos, todos los proventos o caudales que de manera regular reciba el contribuyente o establecimiento permanente por causa relacionada con las actividades económicas gravadas, siempre que no se esté obligado a restituirlo a las personas de quienes hayan sido recibidos o a un tercero y que no sean consecuencia de un préstamo o de otro contrato semejante.” De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia patria, en materia impositiva municipal, los ingresos brutos gravables deben reunir las siguientes condiciones: proventos recibidos de forma regular, que esté relacionado con la actividad económica gravada y que sobre ellos no pese una obligación de restitución. La misma norma, define el elemento esencial para establecer la base imponible, en este caso tenemos: Artículo 43. “La base imponible del impuesto sobre actividades económicas está constituida por los ingresos brutos efectivamente percibidos en el período impositivo correspondiente por las actividades económicas u operaciones cumplidas en la jurisdicción del Municipio Caroní o que deban reputarse como ocurridas en esa jurisdicción de acuerdo con los criterios previstos en esta Ordenanza, en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal o en los acuerdos o convenios celebrados a tales efectos.” Ahora bien, aparte de estos razonamientos expuestos por la Administración Tributaria Municipal en la Resolución Culminatoria del Sumario N° 2024/0353, resulta palmaria la ausencia de elementos concretos para poder evaluar la procedencia en la aplicación del sistema de determinación sobre base presuntiva; y ante la ausencia de valoración de la documentación presentada por el contribuyente en las dos fases del procedimiento de Fiscalización y Determinación, al ser consideradas como “no permitiendo de esta manera obtener el monto real de sus registros contables dentro del Municipio” (vid. Folio 45 primera pieza); considera este Superior Contencioso Tributario, que el ente exactor omitió etapas fundamentales en el iter procedimental, sin llegar a demostrar la imposibilidad de la aplicación del procedimiento de determinación sobre base cierta. Así se establece. Ahora bien, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, y la misma Ordenanza que crea el Impuesto sobre las Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios y de Índole Similar, cada operación que genere el hecho imponible, debe estar respaldada por el soporte legal; es decir, por la factura, regulada en materia impositiva nacional por una norma contenida en la Providencia Administrativa SNAT/2011/0071 publicada en G.O.N° 39795 de fecha 8 de Noviembre de 2011; de la cual la Ordenanza recoge como un ilícito formal “No emitir facturas u otros documentos obligatorios o emitirlos en un medio no autorizado”. En el presente caso, aun cuando el COT de 2020 en su artículo 194 señala que el acta de reparo que se levante de acuerdo con las formalidades exigidas en esta norma goza de autenticidad (hará plena fe mientras no se demuestre lo contrario), es menester destacar el valor del expediente administrativo como principal elemento para aplicar el control de legalidad de la actuación de la Administración Tributaria. En este sentido, la Sala Político Administrativa (SPA) en sentencia 00040 de fecha 15 de Enero de 2003, caso CONFERRY, al referirse al valor probatorio de las actas fiscales señaló: “Se trata de actos administrativos que, como particular medio de prueba documental, deben plasmarse o editarse por escrito, deben ser recogidos en un instrumento; lo cual hace que la relación entre los elementos contenido-objeto del documento público administrativo sea “ad substantiam actus”, es decir, que no existe acto administrativo si el mismo no consta en un documento. …omissis… En efecto, el valor probatorio de las actas de reparo fiscal, por su autenticidad, gozan de plena fuerza probatoria, y por la presunción de veracidad que las rodea dan certeza respecto a las afirmaciones materiales sobre los hechos en ellas contenidos, hasta prueba en contrario. En este sentido, la Sala, una vez más, afirma los principios y valores constitucionales, al derecho a la defensa y la asistencia jurídica, al sostener su inviolabilidad en todo estado y grado de la investigación y del proceso, conforme lo señala el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; así, como la garantía a la igualdad de las partes intervinientes en el proceso, en resguardo al principio del control y el contradictorio; como también su importancia, pues constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, según lo previsto en el artículo 257 eiusdem; en razón de ello, si se formula una objeción donde esté involucrado el orden público, el juez como rector del juicio y en atención al poder inquisitivo que tiene, especialmente en esta materia contencioso administrativa, para descubrir la verdad, no puede sacrificar la justicia, exagerando las formalidades procesales y limitando el derecho a la defensa, ni utilizar el proceso con finalidades distintas a las que le son propias…” En atención al poder inquisitivo que detenta este juridiscente, al determinar que el Acto Administrativo contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 2024/0353; y al observar la existencia de elementos legales y pertinentes para ejecutar la Fiscalización sobre base cierta, en atención al valor supremo de Justicia, como objetivo del proceso judicial, este juridiscente pasa a considerar el vicio del procedimiento administrativo. En este orden de ideas, la Sala Político Administrativa del TSJ, en sentencia N° 01996 de fecha 25 de Septiembre de 2001, caso Inversiones Branfema contra Contraloría General de la República sentando jurisprudencia, en cuanto a los vicios del acto administrativo, señala: “La doctrina y la jurisprudencia contenciosa administrativa progresivamente han delineado el contenido y alcance del referido vicio de procedimiento administrativo, al permitir una valoración distinta de este vicio que afecta al acto administrativo en atención a la trascendencia de las infracciones del procedimiento. En tal sentido, se ha establecido que el acto administrativo adoptado estaría viciado de nulidad absoluta, cuando: a) ocurra la carencia total y absoluta de los trámites procedimentales legalmente establecidos; b) se aplique un procedimiento distinto al previsto por la ley correspondiente, es decir, cuando por una errónea calificación previa del procedimiento a seguir, se desvíe la actuación administrativa del iter procedimental que debía aplicarse de conformidad con el texto legal correspondiente (desviación de procedimiento); o c) cuando se prescinden de principios y reglas esenciales para la formación de la voluntad administrativa o se transgredan fases del procedimiento que constituyan garantías esenciales del administrado (principio de esencialidad). Cuando el vicio de procedimiento no produce una disminución efectiva, real, y transcendente de las garantías del administrado, sino que representa sólo fallas o irregularidades parciales, derivadas del incumplimiento de un trámite del procedimiento, la jurisprudencia ha considerado que el vicio es sancionado con anulabilidad, ya que sólo constituyen vicios de ilegalidad aquellos que tengan relevancia y provoquen una lesión grave al derecho de defensa. “ En atención al criterio establecido en la sentencia citada ut supra, y sobre la base de los elementos que rielan en autos, este Tribunal Superior Contencioso Tributario de la Región Guayana, observa que el ente exactor en su actividad de control fiscal, transgredió fases del procedimiento de fiscalización, comunes en toda auditoría o examen de la cuenta, al justificar la implementación del sistema de determinación sobre base presuntiva, por la omisión del contribuyente en consignar el Registro Especial de entradas y salidas de inventario; sin demostrar (no consta en autos) mediante la aplicación de normas y principios de auditoría, que los ingresos declarados en cada período objeto de la fiscalización, no representan los ingresos brutos obtenidos por la contribuyente, más aún cuando fueron suministrados en formato digital las facturas de ventas, tal como dejó constancia en Acta de Recepción N° 787-2023-1 de fecha 29 de Septiembre de 2023. De acuerdo con los elementos traídos por la contribuyente, y los que constan en el Acta de Recepción N° 787-2023-1 de fecha 29 de Septiembre de 2023; resulta evidente que la Administración Tributaria Municipal, en el ejercicio del procedimiento de Fiscalización y Determinación, incurrió en el vicio del procedimiento administrativo, el cual se manifiesta en: la carencia total y absoluta de los trámites procedimentales legalmente establecidos, al omitir efectuar las pruebas de auditoría para demostrar la existencia de elementos que hacen presumir que los ingresos declarados por la contribuyente no se corresponden al real ejercicio de su actividad económica; el implementar la excepcional vía de la determinación sobre base presuntiva sin cumplir con fases importantes en la comprobación de la imposibilidad de actuar sobre base cierta, constituye un vicio que afecta la certeza y confiabilidad del Acto Administrativo, y por cuanto el sumariador no corrigió tal hecho en la fase administrativa, es forzoso para este Tribunal Superior Contencioso Tributario declarar la nulidad absoluta del Acto Administrativo. Así se decide. Por lo que respecta al alegato presentado con relación al presunto vicio de Inmotivación, considera pertinente este juridiscente, citar el criterio reiterado y pacífico de la SPA con relación al mismo, y en sentencia Nº 002807 de fecha 21/11/2001; caso Héctor Prince y otros, señaló: “Ahora bien, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sala, el vicio de inmotivación, se produce cuando no es posible conocer cuáles fueron los motivos del acto y sus fundamentos legales, o cuando los motivos del acto se destruyen entre sí, por ser contrarios y contradictorios. (Sentencia de esta Sala de fecha 9 de mayo de 1991). En efecto, advierte la Sala que la insuficiente inmotivación de los actos administrativos, solo da lugar a su nulidad cuando no permite a los interesados conocer los fundamentos legales y los supuestos de hecho que constituyeron los motivos en que se apoyó el órgano administrativo para dictar la decisión, pero no cuando, a pesar de la sucinta motivación, ciertamente, permite conocer la fuente legal, las razones y los hechos apreciados por el funcionario. (Sentencia de esta Sala de fecha 21 de marzo de 1984). “ En el caso a quo, la Administración Tributaria Municipal, tanto en su acto administrativo de trámite (Acta de Reparo Nº 625/2023) como en el acto administrativo definitivo (Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 2024/0353); señaló: 1. La omisión de ingresos, basado en un procedimiento de determinación sobre base presuntiva, basada en el numeral 4 del artículo 142 del COT de 2020. 2. El quantum del reparo, generado por el rendimiento normal de empresa con actividad similar a la contribuyente. 3. Y la razón por la cual aplicó el procedimiento de Fiscalización y Determinación sobre base presuntiva, debido a la omisión del parte del contribuyente en entregar el Registro de Entradas y Salidas de Inventario de Mercancías, así como lo que denomina el ente exactor, “no permitiendo de esta manera obtener el monto real de sus registros contables dentro del Municipio” debido a la imposibilidad de disponer de los elementos para efectuar la determinación sobre base cierta. De acuerdo con el criterio jurisprudencial citado ut supra, y lo narrado por el ente exactor, el denunciado vicio de inmotivación no se materializa, por cuanto el Acto Administrativo contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 2024/0353, adolece del vicio del error en el procedimiento, tal como fue analizado y establecido ut supra. Así se decide. En el mismo orden de ideas, el artículo 201 del COT de 2020, señala: Artículo 201. “El sumario culminará con una Resolución en la que s determinará si procediere o no la obligación tributaria; se señalará en forma circunstanciada el ilícito que se imputa; se aplicará la sanción pecuniaria que corresponda, y se intimarán los pagos que fueren procedentes. La resolución deberá contener los siguientes requisitos: 1. Lugar y fecha de emisión. 2. Identificación del contribuyente o responsable y su domicilio. 3. Indicación del tributo, período fiscal correspondiente y, en su caso, los elementos fiscalizados de la base imponible. 4. Hechos u omisiones constatadas y métodos aplicados a la fiscalización. 5. Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas. 6. Fundamentos de la decisión. 7. Elementos que presupongan la existencia de ilícitos sancionados con pena restrictiva de libertad, si los hubiere. 8. Discriminación de los montos exigibles, intereses y sanciones que correspondan, según los casos. 9. Recursos que correspondan contra la resolución. 10. Firma autógrafa, firma electrónica u otro medio de autenticación del funcionario autorizado.” (resaltado por este Juridiscente) Es menester, recordar a la representación judicial de la contribuyente, que todo acto administrativo debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma, y aún cuando la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 2024/0353, no reviste carácter de Cosa Juzgada, el cálculo de los Intereses Moratorios, como accesoria, forma parte de la obligación tributaria determinada en esa instancia administrativa, la cual corre la misma suerte de la obligación principal; la misma está ajustada al principio de legalidad, razón por la cual el presente alegato queda desestimado. Así se decide. En cuanto referidos al presunto quebrantamiento del principio de capacidad contributiva, y el de ausencia en la valoración de las pruebas, los mismos fueron suficientemente analizados en la consideración del primer alegato, y en el cual, este Tribunal Superior Contencioso Tributario, concluyó que la Administración Tributaria Municipal, incurrió en el vicio del error en el procedimiento, al transgredir fases del procedimiento de Fiscalización y Determinación, los cuales constituyen garantías esenciales en la configuración del acto administrativo, como lo constituye la valoración de las pruebas documentales aportadas por la contribuyente, las cuales constan en el Acta de Recepción Nº 787-2023-1 de fecha 29 de Septiembre de 2023; lo cual se refleja en la ausencia de las pruebas de auditoría y de las cedulas de auditoría donde refleje el trabajo investigativo, para demostrar la necesidad de utilizar el sistema de determinación sobre base presuntiva, ante la imposibilidad de aplicar la determinación sobre base cierta. Considerando lo antes expuesto, y ante la nulidad declarada del Acto Administrativo objeto de impugnación, quien suscribe, determina que es ineficaz pronunciarse sobre estos dos argumentos planteados, en efecto se acoge al criterio sostenido por la sentencia de Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, N° 00360, del Magistrado Malaquías Gil Rodríguez, de fecha 4 de agosto de 2022, Caso: Móvil Enlace Capital(Antes Taxitel Capital) Vs. SENIAT”, respecto a la incongruencia negativa, dio por sentado lo siguiente: “En consecuencia, este Tribunal (…) advierte que la Providencia Administrativa N° RCA-DF-VDF/2005-4264 de fecha 15 de julio de 2005 (folio 150 del expediente judicial), mediante la cual se autoriza la realización del procedimiento de verificación, carece de las formalidades o requisitos exigidos en el numeral 4 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo establecido en el Parágrafo Único del artículo 172 del Código Orgánico Tributario de 2001, toda vez que no se indicó expresamente con grafismos propios del formato de la autorización, la identificación del contribuyente, ni el domicilio fiscal donde se verificaría el cumplimiento de los deberes formales en materia de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto a los Activos Empresariales correspondientes a los ejercicios fiscales 2003 y 2004; e Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos desde enero de 2004 hasta junio de 2005; sino que los datos identificatorios del recurrente aparecen escritos a mano por la funcionaria actuante, lo cual trae como consecuencia la nulidad absoluta de la referida Providencia por haber sido dictada con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. Así se decide. Visto que, la nulidad de la Providencia Administrativa Providencia Administrativa N° RCA-DF-VDF/2005-4264 de fecha 15 de julio de 2005, acarrea también la nulidad de los posteriores actos administrativos, este Tribunal estima inoficioso entrar a analizar los demás aspectos controvertidos. Así se establece (…)”. Ahora bien, del fallo apelado se aprecia que el Juez de la causa luego de analizar los argumentos planteados por las partes, haciendo uso de sus amplios poderes y ciñéndose a los hechos que constan en las actas procesales, entró a conocer de oficio sobre la legalidad del procedimiento de verificación iniciado por el órgano exactor, determinando que el mismo se encontraba viciado por no cumplir con los requisitos estatuidos en el artículo 172 del Código Orgánico Tributario de 2001, vigente ratione temporis; razón por la cual estimó inoficioso pronunciarse sobre las demás alegaciones presentadas en el caso bajo examen. Atendiendo a las anteriores consideraciones, esta Máxima Instancia advierte del texto de la sentencia recurrida que el hecho de no haber compartido el Juez a quo las pretensiones del Fisco Nacional al valorar sus alegatos, bajo ningún supuesto puede entenderse como el acaecimiento del vicio de incongruencia negativa, pues del análisis del fallo apelado se observa que el Tribunal remitente basó su decisión en las actas procesales, formando -en principio- correctamente su criterio en la presente causa. (Vid., sentencias de esta Alzada Nros. 00351 y 00381 de fechas 22 de junio de 2017 y 5 de abril de 2018, casos: Wonke Occidente, C.A.; y Mediterranean Shipping Company de Venezuela, C.A., respectivamente). Como en efecto ocurrió en el caso concreto, fue declarada la nulidad del acto administrativo impugnado, por lo que, resultó inoficioso conocer de cualquier otro particular al haber quedado satisfecha en su totalidad la pretensión de la prenombrada sociedad de comercio accionante, en consecuencia, esta Alzada desestima el vicio de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento, incoada por la representación judicial de la República. Así se declara.” (Subrayado de este Tribunal Superior) Aun cuando este Superior Contencioso Tributario de la Región Guayana, se pronunció con relación al cálculo de los intereses moratorios en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 2024/0353; ante la inexistencia de la obligación tributaria exigida, por vía de consecuencia, los accesorios, multas, siguen la suerte de lo principal es por ello que indefectiblemente no tiene ningún sentido entrar a verificar la procedencia de los Intereses Moratorios, planteados por la contribuyente, quedando satisfecha la pretensión jurídica de la sociedad mercantil Operadora Las Américas, C.A. Así se declara. Con relación al cuaderno separado identificado con el epígrafe FF01-X02025-000008, en el cual mediante sentencia interlocutoria Nº PJ0662025000026, de fecha 6 de Marzo de 2025, se declaró PROCEDENTE la solicitud de Amparo Cautelar para la Suspensión de los efectos del Acto Administrativo contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 2024/0353; dicha medida se mantiene hasta la firmeza de la presente decisión de fondo. Así se declara. En último lugar, correspondería condenar en costas procesales al Municipio Caroní del Estado Bolívar, de acuerdo a lo estatuido en el artículo 335 segundo aparte del Código Orgánico Tributario de 2020; sin embargo, las mismas no proceden tomando en consideración la prohibición de condenatoria en costas a la República, cuando resulte vencida en los juicios en los que haya sido parte por intermedio de cualquiera de sus órganos, a tenor de lo contemplado en el artículo 88 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2016 y en armonía con el criterio establecido por el Máximo Tribunal Supremo de Justicia Sala Constitucional sentencia N° 735 de fecha 25 de octubre de 2017, caso: Mercantil, C.A., Banco Universal, Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.289 del 29 de noviembre de 2017, donde se dejó sentado “(…) que las empresas que posean capital participativo del Estado así como los municipios, como entidades político territoriales locales, se les concederán los privilegios y prerrogativas procesales de la República” (cursivas propias). Así se declara. -V - DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas y cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con Competencia en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el presente Recurso Contencioso Tributario. En consecuencia: PRIMERO: Queda Nulo el Acto Administrativo contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 2024/0353 de fecha 29 de Octubre de 2024. SEGUNDO: Se EXIME de la condenatoria en costas a la Administración Tributaria Municipal. TERCERO: Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 305 del COT de 2020 esta sentencia si admite apelación, por cuanto el quantum de la causa excede de quinientas (500) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. CUARTO: Se ORDENA la notificación al ciudadano Sindico Procurador del Municipio Caroní del estado Bolívar en cumplimiento a las prerrogativas del Estado, y a la contribuyente. Líbrense oficios. Publíquese, regístrese y emítase dos (02) ejemplares del mismo tenor, de los cuales uno debe reposar en el copiador de sentencia. Cúmplase.- Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con Competencia en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, en Ciudad Bolívar, a los Quince (15) días del mes de Enero del año Dos mil Veintiséis (2026). Años 215º de la Independencia y 166º de la Federación.- EL JUEZ SUPERIOR PROVISORIO ABG. JOSE G. NAVAS RIVERO LA SECRETARIA ABG. ARELIS C. BECERRA A. En esta misma fecha, siendo las Tres y Veinticinco minutos post meridiem (3:25 p.m) se dictó y publicó la Sentencia N° PJ0662026000004. LA SECRETARIA ABG. ARELIS C. BECERRA A. JGNR/Acba/