TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL CUARTO (4º) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR,
SEDE CIUDAD BOLÍVAR.

ASUNTO: FP02-L-2015-000166
DEMANDANTE: JOSE ANGEL CAMEJO LAZARDE, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de identidad Nro. 4.598.481.
APODERADOS DEL DEMANDANTE: JUAN ZAMBRANO, inscrito en el IPSA bajo el Nro. 143.070.
DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEVICIOS SOCIALES (INASS), DR. CARLOS FRAGACHAN.
MOTIVO: CALIFICACION DE DESPIDO INJUSTIFICADO Y REENGANCHE.

En fecha 03 de junio del año 2015, se recibió escrito libelar por ante la U.R.D.D, , del ciudadano JUAN ZAMBRANO, mayor de edad, de este domicilio, titulares de la Cédula de identidad Nro. V- 10.565.180, abogado en ejercicio, inscrito en el IPSA bajo el Nro. 143.070, asistiendo en este acto al ciudadano JOSE ANGEL CAMEJO LAZARDE, mayores de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de identidad Nro. 4.598.481, Demanda por CALIFICACION DE DESPIDO INJUSTIFICADO Y REENGANCHE, contra la empresa INSTITUTO NACIONAL DE SEVICIOS SOCIALES (INASS), DR. CARLOS FRAGACHAN. Siendo registrado en el sistema JURIS en fecha 16/06/2015.
En fecha 04 de junio de 2015, este Jo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Sede Ciudad Bolívar, ordena darle ingreso en el Libro de entrada y salida de causas correspondiente.

En fecha 10 de junio de 2015, este Juzgado se niega a pronunciarse y declara La Falta De Jurisdicción del Poder Judicial a la administración Pública por Órgano de la Inspectoria del trabajo del estado Bolívar sede Ciudad Bolívar, para conocer y decidir la presente controversia, se ordena la remisión del presente expediente en consulta a la Sala político administrativa del tribunal Supremo De Justicia, a los efectos de su consulta obligatoria ordenado en los artículos 59 y 62 del código de Procedimiento Civil.

En fecha 28 de julio de 2015, Vista la sentencia dictada en fecha 10/06/2015, en lo que se declaró Falta De Jurisdicción, este Tribunal ordena el envío del expediente a la Sala político administrativa del tribunal Supremo de Justicia, ordenado en los artículos 59 y 62 del código de Procedimiento Civil. Se ordena librar oficios. En esta misma fecha se libraron oficios correspondientes.

En fecha 22 de septiembre de 2017, se recibió por ante secretaria, la presente causa proveniente de la Sala político administrativa del tribunal Supremo de Justicia, y se ordena registrar el reingreso en el libro de entrada y salida de causas correspondiente y procede a su revisión a los fines de su tramitación.

En fecha 27 septiembre de 2017, Se admite la presente demanda, y se ordena librar cartel de notificación a la parte demanda, asimismo se acuerda librar exhorto a un Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Del Estado Bolívar, Sede puerto Ordaz, a los fines que se practique la notificación de la Procuraduría general de la República. En esta misma fecha se libró cartel de notificación, oficio y exhorto.

En fecha 24 de octubre de 2017, el Alguacil Carlos Villarroel consigno cartel de notificación debidamente fijado en las puertas del Instituto Nacional de Servicios Sociales Dr. Carlos Fragachan, quedando pendiente las resultas de la Notificación de la Procuraduría General de la República.

Analizado el proceso que se llevó a cabo en la presente causa, es necesario hacer las siguientes consideraciones:

La perención de la instancia, es una figura jurídica contenida en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ha sido considerada por la doctrina y jurisprudencia patria, como un medio de terminación del proceso bajo la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio, fundamentado en la falta de impulso procesal por parte de los sujetos de la relación procesal, al no instar diligentemente el procedimiento, manteniéndolo paralizado por el tiempo determinado en la citada Ley adjetiva.
A ese respecto establece el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo siguiente:
“Artículo 201. Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención.”
En interpretación de la citada norma, ha señalado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (vid. Sentencias Nº 825 del 28/07/2005 y Nº 1184 del 12/07/2006), que la misma consagra dos (2) supuestos en que opera la extinción de la instancia, a saber: 1) cuando antes de comenzar el lapso para sentenciar, las partes no realizan ningún acto de procedimiento durante un año; y 2) cuando después de vista la causa, es decir, encontrándose el proceso en etapa de sentencia, no hay actividad de parte o del juez, durante el mismo período de un año; supuestos que se diferencian en virtud del sujeto cuya actuación en el proceso impide que opere la perención, al darle el impulso necesario para su continuación.
También ha dicho la Sala en interpretación de la norma señalada, que antes de comenzar el lapso para sentenciar, el impulso procesal requerido deben darlo los litigantes, pues es una carga de ellos el mantener con vida jurídica el proceso a través de conductas que denoten su interés en que se resuelva la controversia en los lapsos procesales establecidos; toda vez que el abandono del juicio por los sujetos procesales lleva a concluir que éstos, al no realizar ningún acto capaz de impedir que transcurra el lapso fatal, manifiestan tácitamente su intención de no continuar con el litigio.
De la misma manera, ha sostenido la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que el lapso de perención previsto en el citado artículo 201, ejusdem, se inicia el día siguiente de aquél en que se realiza el último acto de procedimiento de las partes o del juez, dependiendo del caso, entendiéndose como un acto de procedimiento, aquel que propende al desarrollo del juicio, es decir, que demuestra la voluntad de activar el proceso hacia su finalidad lógica, con el fallo del tribunal que resuelva el conflicto u otro medio de terminación del proceso.
En este mismo orden, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 0020 de fecha 27/01/11, caso Elsa Novellino Blonval contra Instituto Nacional de Tierras. (INTI) Terceros Interesados: Richard Márquez, Graciliano Pérez y José Aníbal Quintero; en una interpretación al artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia señalo lo siguiente:
“…La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.991 Extraordinaria, de fecha 29 de julio del año 2010, en el TÍTULO VII, contentivo DE LOS PROCESOS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Capítulo I-Disposiciones Generales, en su artículo 94, dispone:

Artículo 94. La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año por inactividad de parte actora, antes de la oportunidad de los informes o de la fijación de la audiencia, según el caso…”

De la norma cuya reproducción íntegra se verifica ut supra, se distingue una consecuencia derivada de la inactividad en que incurre la parte actora, por un periodo mayor a un año, antes de los informes o antes de la fijación de la audiencia oral correspondiente. Dicha consecuencia es la extinción de la instancia de pleno derecho.

Tal efecto procesal, es producto de la falta de interés que demuestra la parte actora en darle continuidad al juicio por ella incoado, produciendo en consecuencia una decisión ajustada a la actividad procesal materializada por el demandante. Entonces, darle fin a la litis por la causal anteriormente señalada no constituye un criterio jurisprudencial, derivado de sentencias reiteradas que emanen de este alto Tribunal de la República, sino la aplicación, en plena observancia, del contenido de la norma reseñada previamente.
En abundancia a lo anterior, es oportuno reseñar el criterio imperante en materia laboral, siendo que esta Sala mediante fallo Nº 825, de fecha 28 de julio del año 2005, con relación a la perención de la instancia, cuya consecuencia es la extinción de la causa, señaló lo siguiente:
“..Como se observa, la norma citada consagra dos supuestos en que opera la extinción de la instancia, a saber, aquel caso en que, antes de comenzar el lapso para sentenciar, las partes no realizan ningún acto de procedimiento durante un año, y aquel otro en que, después de vista la causa -esto es, encontrándose el proceso en etapa de sentencia-, no hay actividad de parte o del juez, durante el mismo período de un año. Se consagran, por tanto, dos supuestos, que se diferencian en virtud del sujeto cuya actuación en el proceso impide que opere la perención, al darle el impulso necesario para su continuación.
En efecto, el análisis del contenido del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo permite establecer que antes de comenzar el lapso para sentenciar, el impulso procesal requerido deben darlo los litigantes, vale decir, que es una carga de ellos el mantener con vida jurídica el proceso a través de conductas que denoten su interés en que se resuelva la controversia, en los lapsos procesales establecidos; en consecuencia, el abandono del juicio por las partes procesales lleva a concluir que éstas, al no realizar ningún acto capaz de impedir que transcurra el lapso fatal, manifiestan tácitamente su intención de no continuar con el litigio...”.

Del criterio up supra se interpreta que el legislador expresamente ha querido sancionar esa inactividad procesal en que incurre la parte accionante por un periodo determinado, habida cuenta que, en muchas ocasiones, se da inicio a un juicio, empero, no se procura darle el debido impulso a fin de su efectiva conclusión.

Todos los criterios supra señalados son acogidos por este Tribunal, de conformidad con el dispositivo 321 del Código de Procedimiento Civil, aplicado en este caso por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Cabe mencionar también, que la perención de la instancia, tal como dispone el artículo 202, ibídem, opera de pleno derecho y puede ser declarada de oficio por el Tribunal correspondiente.
Aplicando los criterios que anteceden al caso que nos ocupa, este Tribunal observa que existe falta de interés por parte de los accionantes en dar continuidad al proceso, toda vez que desde la última y única actuación interpuesta por la parte actora que se realizó en fecha 03 de Junio de junio de 2015, así como la última actuación del tribunal se efectuó en fecha el 24 de octubre de 2017, hasta la presente fecha 27 de febrero de 2026, no se evidencia de autos ninguna otra actuación tendente a dar continuación al proceso, es decir, no se observa en autos ninguna actuación de la parte actora que tienda a impulsar el proceso hasta su término; siendo ello así, es evidente que, ha transcurrido más de un (1) año sin que se haya producido actuación alguna de la accionante que propenda a interrumpir el lapso fatal de la perención
En este orden de ideas, el procesalita Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal (2005, pág.357), señala lo siguiente:
“(…) Para que se interrumpa la inactividad capaz de producir al año la perención, es menester un acto procesal, o acto de procedimiento inserido en el íter legal, que propenda al desarrollo del juicio;…omissis… No son actos de esa índole, según la doctrina de CHIOVENDA, los que no tienen influencia alguna inmediata en la relación procesal, aunque puedan estar dirigidos a su fin…, ver., petición de copias certificadas, otorgamiento de poder apud acta, solicitud del beneficio de justicia gratuita (…)”.
En consideración a todo lo antes expuesto, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio operó indefectiblemente la perención de la instancia, en virtud del transcurso del tiempo previsto en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sin que se hubiere realizado en el proceso algún acto capaz de impulsarlo hacía su culminación, es más, lo que se evidencia es un evidente abandono del proceso por parte del demandante, por lo que no le queda otra alternativa a este Juzgado que declarar LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente causa. ASI SE DECIDE.
DECISIÓN
Por las motivaciones anteriormente expuestas, este Juzgado Cuarto (4º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio que por CALIFICACIÓN DE DESPIDO ha incoado el ciudadano JUAN ZAMBRANO, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INASS), DR. CARLOS FRAGACHAN, en consecuencia se declara EXTINGUIDO EL PROCESO. SEGUNDO: Se ordena notificar a la parte actora de la presente decisión y del abocamiento, una vez transcurridos los lapsos de abocamiento y de apelación, se dará por terminada la presente causa mediante auto separado.

Ahora bien, esta declaratoria no impide que el accionante vuelva a proponer su demanda, una vez transcurrido el lapso establecido en el artículo 204 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

La presenta decisión tiene como base los artículos 2, 19, 49, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 2, 4, 6, 11, 66, 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Déjese copia en el compilador respectivo y archívese el expediente una vez transcurran los lapso de ley.

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Cuarto (4º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los Veintisiete (27) días del mes de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2.026). Años: 215° de la Independencia y 166° de la Federación.

LA JUEZ 4º S.M.E. DEL TRABAJO,
ABG. MSc. MAGLY MAYOL TRANQUINI LA SECRETARIA DE SALA,
ABG. CARMEN ROCIO ORTÍZ GALEANO
En esta misma fecha 27 de febrero de 2026, siendo las Doce y tres de la tarde (12:00 p. m.), se dictó y publico la anterior decisión. Conste.-
LA SECRETARIA DE SALA,
ABG. CARMEN ROCIO ORTÍZ GALEANO

MMM/Co.-