TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CARONÍ DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR

Solicitantes: Raúl Alfonzo Rodríguez García, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V.- 20808805, Jairo Gutiérrez Castañeda y María Lucero Gómez de Gutiérrez, venezolanos, mayores de edad titulares de la cédulas de identidad números V.- 6506941 y V.-6271491 en ese orden a través de su apoderado ciudadano Gabriel Jesús Faria Marcano, inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 54950, debidamente asistidos por el abogado Cesar Ramírez, inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 283490.-

Motivo: transacción judicial

FP11-S-2026-003098

Visto el escrito presentado en fecha 25-09-2026, Raúl Alfonzo Rodríguez García, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V.- 20808805, Jairo Gutiérrez Castañeda y María Lucero Gómez de Gutiérrez, venezolanos, mayores de edad titulares de la cédulas de identidad números V.- 6506941 y V.-6271491 en ese orden a través de su apoderado ciudadano Gabriel Jesús Faria Marcano, inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 54950, debidamente asistidos por el abogado Cesar Ramírez, inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 283490, y verificado la facultad para transar del apoderado facultad que se desprende de documento poder inserto en los folio 35 y 36 del presente expediente.
La figura de la transacción en materia civil, con la finalidad de determinar si la transacción efectuada entre las partes, relacionada con el contrato de venta realizado entre las partes en forma privada en fecha 31-01-2026, sobre un inmueble constituido por cuatro (4) parcelas de terreno, cuyos números parcelarios son: A) 203-01-11, de 504 M2, B) 203-01-11-A, de 251,78 M2, C) 203-01-12, de 504 M2, y D) 203-01-12-A, de 227,91 M2, para un área total de: Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Metros Cuadrados Con Sesenta y Nueve Decímetros Cuadrados ( 1.487,69 M2 ), ubicada en la calle Concepción, Ud 203, Urbanización Chilemex, Puerto Ordaz, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, y la casa sobre ellas construida denominada Quinta Paz y Prosperidad, cuya propiedad consta de en documento debidamente registrado por ante la oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Caroní, Estado Bolívar, del 21 de 1997, bajo el numero 42, Tomo 39, Protocolo Primero, en cuyo documento consta todos detalles medidas, linderos, y demás características y los cuales se dan aquí por producidos, reúne los requisitos exigidos por la Ley, en este sentido, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes consideraciones, a saber:

Así, se observa que el Código Civil en su artículo 1713, es del tenor siguiente:

“La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual”.

A su vez, los artículos1718 del Código Civil y 255 del Código de Procedimiento Civil, atribuyen a la transacción la misma fuerza que la cosa juzgada.
Tal transacción para ser ejecutable debe ser homologada por el juez, previamente la verificación de que se realizó sobre materias que no estén prohibidas en las transacciones, es decir, que pueden ser transados derechos disponibles de las partes y que no sean las convenciones establecidas en ella contrarias a derecho o al orden público, tal como lo ordena el artículo 256 de la norma adjetiva civil.
La citada ley adjetiva dispone en su artículo 256:
“Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución”.

Atendiendo las disposiciones transcritas, se colige que el ordenamiento jurídico positivo confiere una doble naturaleza a la transacción: en primer término, la transacción es un contrato, en tanto que –a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.159 del Código Civil– la misma tiene fuerza de ley entre las partes. En segundo término, la transacción es un mecanismo de autocomposición procesal, en el que las partes, mediante recíprocas concesiones, determinan los límites de las situaciones jurídicas controvertidas, y de allí que –esencialmente– tenga efectos declarativos, con carácter de cosa juzgada. Respecto del auto de homologación, viene a ser la resolución judicial que –previa verificación de la capacidad de las partes para transigir, así como la disponibilidad de la materia para ello- dota de ejecutoriedad al contrato en cuestión, esto es, la facultad de las partes de solicitar al órgano jurisdiccional competente su cumplimiento.

Para ahondar más respecto a la transacción, traemos a colación el criterio esbozado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 01048 de fecha 07 (sic) de agosto de 2002, (…).
…Omissis…
Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1209 de fecha 06 de julio de 2001, (…); el cual es compartido por la Sala de Casación Civil del máximo Tribunal en sentencia Nº 00384 de fecha 14 de junio de 2005, (…).
…Omissis…
Vistas las anteriores normas y los criterios jurisprudenciales sentados por nuestro Máximo Tribunal, se concluye que ciertamente la transacción es un contrato y a la vez, un modo de autocomposición procesal entre las partes, las cuales mediante reciprocas concesiones determinan la forma de dar cumplimiento a estas, poniendo así fin a la controversia suscitada entre ellas.
Siendo ello así, es necesario observar que nuestro Código Civil establece en su artículo 1.133 que: (…).
En ese orden de ideas, tales normas sustantivas civiles ratifican lo anteriormente indicado por nuestro máximo tribunal y hace concluir que los términos que establezcan las partes en su contrato de transacción son ley para ellos, siempre que tales cláusulas versen sobre derechos disponibles y no sean contrarias a derecho y al orden público.
Es así como, una vez realizada la transacción de mutuo consentimiento y voluntad entre las partes en conflicto o para evitar uno, la misma cobra la fuerza de ley que el mismo Código Civil le otorga, sustituyendo éste la voluntad que eventualmente pudo haber manifestado el órgano jurisdiccional a través de la sentencia y poniendo fin a la controversia mediante la mutua concesión entre ellas, estableciéndose mutuas obligaciones mediante las disposiciones que rigen el contrato. Siendo ello así, es la voluntad de las partes la que, mediante un medio de autocomposición procesal, deslastra de su labor procesal en la etapa cognoscitiva del proceso al órgano jurisdiccional, solo dejándole la labor propia de la fase ejecutiva del proceso en lo concerniente a tal transacción, una vez que esta haya sido debidamente homologada, previo el cumplimiento de los requisitos de ley.
El Tribunal, con vista al acuerdo transaccional consignado pudo constatarlas facultades de las partes integrantes en el presente proceso, y por cuanto la misma no versa sobre materia en la cual están prohibidas las transacciones este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley de conformidad al artículo 1.713 del Código de Civil y artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, le imparte su HOMOLOGACIÓN a la transacción celebrada en fecha 29-09-2026 folios 01 al 03 del presente expediente, por el ciudadano Raúl Alfonzo Rodríguez García, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V.- 20808805 – comprador- y los ciudadanos Jairo Gutiérrez Castañeda y María Lucero Gómez de Gutiérrez, venezolanos, mayores de edad titulares de la cédulas de identidad números V.- 6506941 y V.-6271491 –vendedores- a través de su apoderado ciudadano Gabriel Jesús Faria Marcano, antes identificado, en tal virtud, téngase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Publíquese, regístrese y déjese copias certificadas de la presente decisión, conforme a lo estipulado en el artículo 248 eiusdem.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, en Puerto Ordaz, a los 13 días del mes de octubre de 2026. Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación.
LA JUEZA

ANDREINA ROSALES QUINTERO
LA SECRETARIA,

MORENIS RIVAS
La secretaria hace constar que en esta misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las once de la mañana (11:00 a.m). Agregándose al expediente Nº FP11-S-2026-003098.- CONSTE.

MORENIS RIVAS

LA SECRETARIA

AR/mr/kp
Nº FP11-S-2026-003098