este Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San Antonio, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: UNICO: REVISA y declara sin lugar la solicitud de la Defensora Pública abogada Wilma Zulay Castro Galaviz, en la que pide que se le sustituya la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, decretada en fecha 06 de diciembre de 2012, por el Juzgado Primero de Control de esta Extensión Judicial Penal, en contra de LUIS CARLOS FREITES MÁRQUEZ, plenamente identificado, en los delitos de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el articulo 149 en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 en relación al artículo 4, numeral 9 y artículo 27 de la Ley.....

este Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San Antonio, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: UNICO: REVISA y declara sin lugar la solicitud de la Defensora Privada abogada Dora Omaira Sánchez, en la que pide que se le sustituya la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, decretada en fecha 31 de enero de 2013, por el Juzgado Tercero de Control de esta Extensión Judicial Penal, en contra de los acusados: RAFAEL GIOVANNI NIETO MATEUS, de nacionalidad venezolana adquirida, natural de Cúcuta Norte de Santander, nacido en fecha 04 de febrero de 1978, de 35 años de edad, hijo de Rafael Matia Nieto Ramírez (v) y de Flor de María Mateus Morales (v), titular de la cédula de identidad No. V-25.973.042, soltero, profesión u oficio venta repuestos, en la presunta comisión del delito de TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ESTUPEFAC.....

Primero: Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada Isol Abimilec Delgado, Fiscal Décima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, contra la sentencia dictada en fecha 31 de julio de 2013 y publicada en fecha 06 de agosto del mismo año, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Sección Penal Adolescente, de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual, entre otros pronunciamientos, declaró penalmente responsable al adolescente M. A. M. R. (Omitido conforme al artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños Niñas y Adolescentes), y en consecuencia impuso como sanción definitiva, a cumplir la medida de reglas de conducta por el lapso de dos (02) años, sucesivamente la medida de libertad asistida por el lapso de dos (02) años, y servicios a la comunidad por el lapso de seis (06) meses, con jornadas de ocho horas semanales, por la comisión del delito de Cooperador Inmediato de Homi.....

PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR la Demanda de DESALOJO, incoada por BELKIS F. CONTRERAS de ZAMBRANO, titular de la cédula de Identidad Nº V-2550466, como Usufructuaria de la vivienda y al cargo de CATALINA CHACON MEDINA, titular de la cedula de Identidad Nº V-6015401, como Arrendataria; SEGUNDO: Ordenar a CATALINA CHACON MEDINA, titular de la cedula de Identidad Nº V-6015401, como Arrendataria, entregar la vivienda que ocupa actualmente a la Usufructuaria, el día 05 de mayo del año 2015; TERCERO: Obviar pronunciamiento sobre costas, por el artículo 274 del C.P.C.,

En virtud de lo anteriormente expuesto, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL NÚMERO DOS DE LA SECCIÓN DE ADOLESCENTES DEL TRIBUNAL PENAL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: PRIMERO: Declara con lugar la solicitud presentada por la Fiscalía Decimoséptima del Ministerio Público y en consecuencia DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA CAUSA a favor del adolescente IDENTIDAD OMITIDA ARTÍCULO 545 DE LA LOPNNA ; por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA, previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de Violencia y AMENAZAS, previsto en el artículo 41 ejusdem, en perjuicio de la ciudadana O.T.S; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 562 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. SEGUNDO: Una vez firme la presente decisión se remiti.....

Se recibió por distribución el expediente tramitado por el organismo que conoció inicialmente la demanda y por cuanto se verifica que en el acto conciliatorio las partes convinieron en las condiciones a favor del beneficiario(a), el Tribunal Admitió la causa, notificó a la Fiscalía especializada en Instituciones Familiares y dictó sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva Homologando como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada el acto que motiva esta decisión. Se ordenó cumplir las formalidades para la apertura de la Cuenta de Ahorros donde se depositarán los montos acordados y la participación de la sentencia al ente de Protección que instruyó la causa.

Se recibió por distribución el expediente tramitado por el organismo que conoció inicialmente la demanda y por cuanto se verifica que en el acto conciliatorio las partes convinieron en las condiciones a favor del beneficiario(a), el Tribunal Admitió la causa, notificó a la Fiscalía especializada en Instituciones Familiares y dictó sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva Homologando como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada el acto que motiva esta decisión. Se ordenó cumplir las formalidades para la apertura de la Cuenta de Ahorros donde se depositarán los montos acordados y la participación de la sentencia al ente de Protección que instruyó la causa.

Por las razones antes expuestas este Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara: Primero: COMPETENTE para conocer del presente recurso contencioso administrativo de nulidad. Segundo: ADMITE el presente recurso contencioso administrativo de nulidad en cuanto ha lugar en derecho. Tercero: ORDENA certificar por secretaria los fotostatos correspondientes, una vez que la parte demandante los haya consignado, a los fines de elaborar las compulsas respectivas, de conformidad con lo previsto en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil. Dada firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, a los siete 7 día del mes de mayo del año dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Feder.....

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara Sin Lugar el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano Daniel Eduardo Díaz Valera, venezolano, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 149.439, actuando con el carácter de apoderado judicial de la firma mercantil SUPLICLINICAS C.A., contra la tácita negativa, del recurso de revisión interpuesto contra la Resolución N° CE/RES180-09 de fecha 21 de julio de 2009, emanada de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal del estado Táchira en consecuencia: PRIMERO: Sin Lugar el recurso de nulidad interpuesto por la firma mercantil SUPLICLINICAS C.A., contra la tácita negativa, del recurso de revisión interpuesto contra la Resolución N° CE/RES180-09 de fecha 21 de julio .....

UNICO: Improcedente el recurso de revisión solicitado por los Juan Alejandro Vásquez Colmenares y Landys Enrique Rodríguez, actuando con el carácter de defensores privados de la ciudadana Doris María Arellano Sandoval, al no existir la promulgación de una ley penal que disminuya la pena establecida, tal como lo indica el numeral 6 del artículo 470 (actualmente 462) del Código Orgánico Procesal Penal, referido a la procedencia del recurso de revisión.