VI DISPOSITIVA Este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda de Cobro de Bolívares (vía intimatoria) interpuesta por el BANCO SOFITASA BANCO UNIVERSAL C.A, en contra de los ciudadanos LUIS ALBERTO BASTIDAS ABREU, venezolano, casado, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 3.119.167, en su carácter de Deudor Co-Demandado y MAYOANIS COROMOTO ROJAS DE BASTIDAS, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad Nro. V- 7.738.495, en su carácter de cónyuge del deudor, domiciliados en el Conjunto Residencial Campo Claro, Casa Nro. 1-A, Calle Santa Mónica, Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia, declarándose firma el Decreto de Intimación dictado en fecha 17 de enero de 2007 por este Tribunal. SEGUNDO: SE CONDENA a los demandados LUIS ALBERTO BASTIDAS ABREU y M.....

Ahora bien, el sobreseimiento es una institución típicamente procesal penal, que determina el fin del proceso, por la comprobación de que el hecho punible investigado o no existió, o, de haber existido, no puede atribuírsele al imputado de forma alguna, lo que la doctrina ha denominado sobreseimiento negativo, o bien porque habiéndose acreditado la existencia del hecho punible y la participación del imputado, el hecho no es típico, o no es antijurídico o concurren causas de inculpabilidad o de no punibilidad del imputado, situación denominada por la doctrina como sobreseimiento positivo. De la misma manera, el Código Orgánico Procesal Penal, faculta al Fiscal del Ministerio Público, para solicitar el sobreseimiento de una causa a favor de un imputado, cuando resulta comprobada alguna de las hipótesis, señaladas en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo que, podemos concluir que el sobreseimiento es un acto conclusivo de la fase preparatoria que se materializa media.....

Por todo lo anteriormente expuesto, Este JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: ÚNICO: DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, a favor de JOSÉ MARCELINO HUERFANO por el delito de AMENAZAS, previsto y sancionado en el último aparte del artículo 175 del Código Penal. Déjese copia para el archivo del Tribunal. Notifíquese y remítanse las actuaciones al archivo judicial, una vez quede firme la presente decisión.- ABG. ELISEO JOSÉ PADRÓN HIDALGO JUEZ OCTAVO DE CONTROL ABG. DARCY ORTIZ MACEA SECRETARIA. SP21-P-2011-003305

Por todos los fundamentos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL No. 8 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: UNICO: CON LUGAR LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO, a favor de PERSONA DESCONOCIDA, presentada por la Fiscal Segunda del Ministerio Público del estado Táchira, por que a pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado de Vehículo Automotor, tipificado en el artículo 5 en concordancia con el artículo 6 ordinales 1,2,3 y 10 de la Ley Sobre Robo y Hurto de Vehículo Automotor. Déjese copia para el archivo del Tribunal. Notifíquese de la presente decisión a las partes. Remítanse las presentes actuaciones al archivo judicial una vez firme la decisión, mediante oficio. Abg.....

Se homologó el acuerdo celebrado entre las partes por Bs. 40.000,00, dándole efectos de la Cosa Juzgada.

Se declaró la presunción de los hechos alegados por la demandante, se condenó al demandado a pagar la suma de Bs. 2.143,47.

DESISTIDO el Procedimiento y Terminado el Proceso, acarreando para el demandante la consecuencia prevista en el Parágrafo Primero del Artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una vez haya quedado firme el presente pronunciamiento.

Por cuanto la parte demandada pagó en el acto la cantidad de Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Bolívares (Bs. 6.665.00) a la parte ejecutanto, esta se da por satisfecha y conforme en el pago de la obligación demandada. Este Tribunal en consecuencia y a solicitud de la parte actora suspende la ejecución y acuerda remitir sin cumplir la comisión al Tribunal Comitente.

Este Tribunal constituido como se encuentra en le inmueble descrito en el mandamiento de ejecución, observa que en el mismo no está destinado para uso comercial como lo indica el referido mandamiento, si no que está destinado a vivienda familiar del ciudadano Alejandro Díaz Corredor, quien lo ocupa con su núcleo familiar, manifestando a este Tribunal que se encuentra ocupando el presente inmueble desde hace cuatro (04) años aproximadamente y que han venido cancelando el canon de arrendamiento al ciudadano Fernando josé Velandia Navas; en consecuencia este Tribunal acuerda SUSPENDER la presente ejecución en cuanto a la entrega material para lo cual ha sido comisionado, todo en virtud que el inmueble objeto de desalojo se encuentra comprendido en la limitación temporal de toda práctica de medida judicial que recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda familiar, según las instrucciones emanadas de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia aprobada en sesión ordinaria celeb.....

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: Inadmisible la demanda de DESALOJO, interpuesta por la ciudadana MARIA TRINIDAD NOVOA DE GUERRERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-1.517.731, a través de su apoderado judicial, abogado en ejercicio ORLANDO ARFILIO CARRILLO GUTIÉRREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.972.312, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 123.496, en contra del ciudadano MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ REAÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.504.811, de este domicilio, propietario de la firma personal, J. CEL SAN CRISTÓBAL, de este domicilio, inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 14.....