PRIMERO: SIN LUGAR la acción reivindicatoria intentada por la ciudadana WALDINA CASTELLANOS DE SALCEDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-1.532.942, casada, domiciliada en Puerto Ordaz, Estado Bolívar y civilmente hábil en contra de la ciudadana ROSA AMELIA TENESACA ULLAURI, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 0907554711, soltera, domiciliada en la Carrera 15, Calle 12, No. 11-66, Barrio San Carlos, San Cristóbal, Estado Táchira. SEGUNDO: Se condena en costas a la parte demandante por haber resultado totalmente vencidas conforme al supuesto genérico de vencimiento total disciplinado en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. TERCERA: Por cuanto la presente decisión fue dictada y publicada dentro del lapso legal establecido para ello, se hace innecesaria la notificación de las partes.

En relación a que la parte actora pretende que con la supuesta sentencia declarativa de unión estable de hecho también se le establezca la existencia de la comunidad de bienes; éste Tribunal debe dejar claro, al igual que lo hizo en el párrafo anterior, que de la lectura del escrito libelar se aprecia que ciertamente fue incorporado un Capitulo identificado como "CUARTO" en el cual la parte actora describió los bienes adquiridos durante la vigencia de la supuesta unión. No obstante, se aclara que ello no es un indicativo de pretender el reconocimiento de la comunidad de bienes, ello solo forma parte de la relación fáctica realizada por el demandante, quedando entendido que no hay en el caso sub iudice una inepta acumulación de pretensiones, por consiguiente, la acumulación prohibida a que alude la parte demandada debe desecharse por improcedente. Así se decide. En mérito de los razonamientos supra expuestos, es forzoso para quien juzga declarar que el libelo de demanda no adole.....

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR, el divorcio por RUPTURA PROLONGADA DE LA VIDA EN COMUN de los ciudadanos: JOSE MARIA CASTRO LOPEZ y AMALIA CAROLINA RIVERA DE CASTRO, características dichas y de acuerdo a lo previsto en el artículo 185-A del Código Civil. En consecuencia queda disuelto el vínculo matrimonial contraído por ellos por ante el entonces Juzgado del Distrito Cárdenas de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha tres (03) de septiembre de 1982, según consta de Acta de Matrimonio Nº 45. Liquídese la comunidad conyugal si hubiere lugar a ello. Publíquese, regístrese y déjese copia.

La situación expuesta se enmarca en la hipótesis normativa prevista en el artículo 389.2 ejusdem, en el sentido que la parte demandada admitió o reconoció que había suscrito el documento fundamental de la pretensión del actor, y de manera expresa renuncia al lapso probatorio; razón por la cual, éste JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, de conformidad con el artículo 389.2 ejusdem en concordancia con el artículo 263 ibidem, HOMOLOGA la manifestación efectuada por la parte demandada, dándose por reconocido en su contenido y firma el documento inserto a los folios 16 y 17. Así se decide. Una vez quede firme el presente auto desglósese el documento reconocido y devuélvase al demandante. Así se decide. Por encontrarse las partes a derecho s’hace innecesaria su notificación. Josué Manuel Contreras Zambrano. Juez Titular. (fdo) firma ilegible. María Alejandra Vásquez. Secretaria Temporal. (fdo) firma i.....

De los artículos antes señalados que corresponden al correcto trámite de las cuestiones previas contenidas en los ordinales 2°, 3°, 4° 5° y 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en el caso de autos, una vez interpuesta la cuestión previa contenida en el ordinal 6°, el juez de la causa ha debido pronunciarse sobre la misma en sentencia interlocutoria y declarar con o sin lugar la cuestión previa opuesta por la parte demandada..." De acuerdo con el criterio vertido anteriormente, el cual éste juzgador acoge conforme al artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, corresponde al órgano jurisdiccional emitir pronunciamiento sobre la cuestión previa opuesta, independientemente que la parte demandada objete o no la actividad subsanadora del actor, toda vez que, de ella dependerá la apertura del lapso para la contestación de la demanda, estando el Tribunal en el deber ineludible de procurar el equilibrio del proceso y garantizar a las partes el ejercicio del derecho a .....