Se le imparte su HOMOLOGACIÓN de conformidad con el Artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el Artículo 262 del Código de Procedimiento Civil

Conforme a lo expuesto, cumplidas las formalidades de ley, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 734 del Código de Procedimiento Civil, ordena seguir el procedimiento por los trámites del juicio ordinario y DECRETA LA INTERDICCIÓN PROVISIONAL de la nombrada MARÍA MARGARITA GARCÍA ZAMBRANO, y al efecto se nombra TUTORA a Su hija la ciudadana ROSA MORAIMA GARCÍA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-9.242.123, domiciliada en Palo Gordo, Calle El Medio, ahora denominada Calle 2, Casa N° 9-76, Municipio Cárdenas, Estado Táchira y civilmente hábil, a quien se acuerda notificar para que concurra por ante este Tribunal a las diez de la mañana del segundo día de despacho siguiente después de que conste en autos su notificación, a los fines de su aceptación y juramento. De conformidad con los artículos 414 y 415 del Código Civil, se ordena protocolizar este decreto en la Oficina de Registro Civil Principal del Estado Táchira y publicarlo en un Diario Regional.....

DISPOSITIVA: En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: ÚNICO: La Perención de la Instancia en la presente causa por Reconocimiento de Instrumento Privado en su contenido y firma, incoada por la ciudadana Blanca Isolina Cala Galvis, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.-23.137.571, domiciliada en la Fría, Municipio García de Hevia del estado Táchira y hábil, en contra del ciudadano Heymar Alirio Aguilar Avendaño, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.-9.126.449, domiciliado en la Fría, Municipio García de Hevia del estado Táchira y hábil. Notifíquese a la parte demandante de la presente decisión. Una vez firme el presente fallo, se ordenará el cese inmediato del procedimiento y el archivo del expediente. No hay c.....

Por cuanto el mismo no es contrario a derecho este JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO AYACUCHO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY LE IMPARTE SU HOMOLOGACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 375 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, dándose FUERZA EJECUTIVA y acordando proceder como sentencia pasada con autoridad de Cosa Juzgada.

Visto el convenimiento celebrado en el día de hoy, por la parte demandada, ciudadanos JOSE ALEXANDER ABRIL y OLGA YORLEY PEREZ DE ABRIL, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V-11.114.467, y V-14.504.759, asistido por el abogado en ejercicio RÓMULO ERASMO HERNÁNDEZ BARRIENTOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.892.880 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 18.782, mediante el cual convienen en todas y cada una de sus partes la presente acción, reconociendo tanto en la firma como en el contenido del instrumento fundamental de la presente acción, este Juzgado conforme a la norma prevista en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, y en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, le imparte la HOMOLOGACION DE LEY, acordando proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Cúmplase con lo ordenado. Déjese copia certificada de la anterior decisión para el archivo del Tribunal.

Por lo tanto, esta Juzgadora con base en lo precedentemente expuesto, considera que la parte demandante al no haber impulsado la citación del demandado, en el término estipulado en el artículo transcrito, incumplió con las obligaciones que la ley le impone. En tal virtud, este Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente procedimiento.

Este Juez de los Municipios Uribante y Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de a Ley: DECLARA CON LUGAR El AUMENTO de la Obligación Manutención

Por las razones antes expuestas ESTE JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS JUNÍN Y RAFAEL URDANETA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Revisión (Aumento) de la Obligación de Manutención formulada por la Ciudadana JENNY TIBISAY MIRANDA CUBIDES

Este JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, AGRARIO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, ACTUANDO EN SEDE CONSTITUCIONAL, decide: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la Acción de Amparo Constitucional incoado por los ciudadanos RAFAEL ZAMBRANO GUERRERO, PABLO SEQUEDA RAMÍREZ, ZULAY SOFIA TORRES, JAIME RODULFO PORRAS, HUMBERTO SEQUEDA RAMÍREZ, RAMÓN ELIAS ROMERO, MARLENE TORRES y CARLOS RAFAEL GARCÍA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-4.205.001, V-15.391.397, V-9.693.869, V-10.150.228, V-14.988.575, V-23.132.181, V-19.359.624 y V-5.658.814 en su orden, asistidos por el abogado HUMBERTO SEQUEDA RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad N° V-14.988.575 inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 152.683, quien actúa por sus propios derechos y como abogado asistente de los ciudadanos anteriormente menciona.....

Se ratifican las medidas de protección y seguridad decretadas en la audiencia de flagrancia en fecha 21 de enero de 2016 (fls. 44 al 47); es decir, las contenidas en el artículo 90 numerales 5, 6 y 13 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.