SE HOMOLOGÓ EL ACUERDO CELEBRADO ENTRE LAS PARTES

SE HOMOLOGÓ EL ACUERDO CELEBRADO ENTRE LAS PARTES

En mérito de las anteriores consideraciones y de las normas transcritas ut supra, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONCEDE FUERZA EJECUTORIA en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia dictada por Juzgado de Primera Instancia N° 5 de la ciudad de Telde, República de España, de fecha 28 de abril del 2012, el cual declara el divorcio del matrimonio contraído entre los ciudadanos Wendys Josely Castro Chacón y Julio José Benitez Marquez, el 28 de octubre de 1994 en la República de Venezuela.

PRIMERO: CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos CARLOS ENRIQUE CÁRDENAS y JAVIER OSWALDO LÓPEZ CONTRERAS, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédula Nos. V- 22.638.598 y V-5.643.853 respectivamente en contra de la sociedad mercantil INDUSTRIAS PLÁSTICAS .C.A., (INDU-PLAS). SEGUNDO: Se le ordena a las autoridades de la Sociedad Mercantil INDUSTRIAS PLÁSTICAS .C.A., (INDU-PLAS), acatar el contenido de la providencias administrativas signadas con los Nos 280/2012 y 281/2012 de fecha 13 de Marzo de 2012, emanadas de la Inspectoría del Trabajo General Cipriano Castro del Estado Táchira, a través de la cual se ordenó el reenganche de los ciudadanos CARLOS ENRIQUE CÁRDENAS y JAVIER OSWALDO LÓPEZ CONTRERAS, a sus puestos de trabajo. TERCERO: Se condena en costas a la parte accionada conforme al contenido del artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. CUARTO: Se le advierte a las partes y a .....

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE, la presente demanda de Divorcio, presentada por el ciudadano Pedro Alexander Barrios Bustamante, asistido por el abogado Jairo Zambrano Vivas, contra la ciudadana Gisela Marina Rivero Sosa. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.

UNICO: REVISA Y MANTIENE CON TODOS SUS EFECTOS LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, decretada por el Juzgado Noveno de Control de este Circuito Judicial Penal, al acusado JONATHAN JAVIER BAUTISTA CARRERO, suficientemente identificado en autos, mediante la cual solicita el Examen y Revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, que le fuera impuesta a sus defendido, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículos 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide. Notifíquese a las partes y trasládese al acusado de autos, hasta la sede del tribunal, para imponerlo personalmente de lo aquí decidido.

Previo el análisis del libelo de la demanda, y con fundamento en la norma y los criterios jurisprudenciales antes transcritos, este JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, NIEGA la medida CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, solicitada por la parte actora, por vía de causalidad, toda vez que no se encuentran llenos los extremos previstos en los artículos 585, en concordancia con lo establecido en el Parágrafo Primero del artículo 588, ambos del Código de Procedimiento Civil.

Establecido el criterio doctrinal de lo que entendemos por Secuestro, pasa este Tribunal a analizar la participación porcentual del que es acreedor el solicitante de la medida ciudadano URDANETA MOLINA ALFREDO ANTONIO, a quien le corresponde el equivalente al 33.33% de "El Inmueble", es decir no es propietario de la totalidad del mismo; de donde se desprende que el actor y solicitante de la medida preventiva de secuestro, no detenta la titularidad del cien por ciento (100 %) de los derechos y acciones que conforman la propiedad del bien inmueble, objeto del presente litigio. Prudente es traer a colación el axioma jurídico, que dispone "se secuestra lo propio y se embarga lo ajeno", es claro para quien decide, que el inmueble integrado por un lote de terreno propio, ubicado en la Séptima Avenida entre calles 6 y 7 N° 6-44 y 6-48, Parroquia San Sebastián, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, no puede ser objeto de la medida solicitada, por cuanto el demandante no detenta sobre.....

Este Tribunal Primero de Primera Instancia del Trabajo de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA DE OFICIO: la PERENCIÓN de la instancia y extinguido el proceso contentivo de Recurso Contencioso Administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar interpuesto por la ciudadana Judith Nieto Albornoz, venezolana, con cédula de identidad n. ° V-5.641.662, abogada, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n. ° 48.375, apoderada judicial de la Fundación Ecológica del Táchira Dr. Pedro Roa Morales, en contra de la providencia administrativa n. ° 391-2010, de fecha 18 de mayo del 2010, emanada de la Inspectoría del Trabajo Cipriano Castro del Estado Táchira, que declaró con lugar el procedimiento administrativo sancionatorio, en contra de la recurrente en el expediente administrativo n. ° 056-2009-06-00471.

Este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara de oficio la PERENCIÓN de la instancia y extinguido el proceso incoado por el ciudadano José Abdón Castro, venezolano, mayor de edad, identificada con la cédula n.º V.-2.968.384, por medio del cual se demandó por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales a la Gobernación del Estado Táchira.