Sobre las bases anteriores expuestas, considera el Tribunal que lo ajustado a derecho es DECRETAR la inmediata libertad sin restricciones del investigado FRANKLIN ELIAS ARIAS CAMACHO titular de la Cédula de Identidad N° 13.542.289, y consecuencialmente remitir la presente causa a la Fiscalía actuante para que se siga la investigación por los trámites del procedimiento ordinario. CUMPLASE. Diarícese, regístrese y expídase orden de libertad. LA JUEZ SEGUNDO DE CONTROL DRA. ZINNIA BRICEÑO MONASTERI EL SECRETARIO ABG. FRANCISCO RUIZ MAJANO

Este Tribunal SEGUNDO de Control, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, extensión Valles del Tuy, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de Ley: Primero: Con respecto a la solicitud de nulidad de la defensa se observa que no existen violaciones a derechos y garantías fundamentales en consecuencia se declara sin lugar la solicitud de nulidad absoluta. Segundo Se califica la flagrancia por encontrarse llenos los extremos establecidos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Tercero: Se acuerda la prosecución del proceso por el procedimiento ordinario de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, Cuarto: Con respecto a la precalificación presentada por la representación fiscal, evidencia esta Juzgadora la comisión de un hecho punible que amerita pena privativa de libertad como lo es el PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado .....

Y ASI SE DECIDE. En este orden de ideas, el artículo 36 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, hace referencia a la posesión determinando hasta dos gramos para los casos de cocaína y sus derivados, y hasta veinte gramos en los casos de Cannabis Sativa. Así las cosas, determinar el grado pureza y peso de la sustancia a que se hace referencia en el acta policial sería aseverar sin conocimiento técnico un hecho en detrimento de un sujeto que se le debe presumir como inocente hasta que se demuestre lo contrario, y al respecto, Nuestra Carta Magna es clara al determinar en su artículo 49 numerales 1° y 2° el debido proceso y la presunción de inocencia de cualquier ciudadano, por lo que es obligación insoslayable de todo Administrador de justicia el garantizar estos derechos y apegarse a la norma Orgánica, que como puntal procedimental penal establece en sus artículos 1, 8 y 9 los pasos a seguir por todo operador de justicia. En tal sentido, presumir partici.....