CONDENA al adolescente: IDENTIDAD OMITIDA, por la comisión del delito de: ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto en el artículo 458 en relación con el artículo 80 ambos del Código Penal, en perjuicio del ciudadano MARQUEZ DONIS CHAIRO, a cumplir LA SANCION DE DOS (02) AÑOS de LIBERTAD ASISTIDA e IMPOSICIÓN DE REGLAS DE CONDUCTA, EN FORMA SIMULTANEA, de conformidad con lo establecido en el artículo 620 Literal "b y d", en relación con el artículo 624, 626 y 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Líbrese boleta de egreso dirigida al Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, Región Policial Nº 6.

Se acuerda que la investigación sea llevada por la vía del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme lo establece el último aparte del articulo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en los artículos 551, 552 y 554 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niñas y Adolescentes, por haberlo solicitado así el Ministerio Público, por considerar que no están dadas las circunstancias del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal para solicitar la aplicación del procedimiento abreviado y teniendo en consideración lo establecido en el artículo 553 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niñas y Adolescentes...................

CONDENA a los adolescentes: IDENTIDADES OMITIDAS, a CUMPLIR LA SANCIÓN DE TRES (03) AÑOS Y CUATRO (04) MESES, DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, por haber admitido su responsabilidad en la comisión de los delitos de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN GRADO DE COAUTORIA, previsto en el artículo 5 con las agravantes del artículo 6 numeral 1 y 3 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos y 83 del Código Penal, ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORIA, previsto en el artículo 458 en relación con el artículo 83 ibídem, en perjuicio del ciudadano HECTOR ALFREDO CONTRERAS URREA, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 620 Literal "f", en relación con el artículo 628 Parágrafo Segundo, Literal a), y artículo 583 todos de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, sanción que ha de cumplir en centro que designe el Juez de Ejecución.