Se dictó decisión en los siguientes términos: 1: DESESTIMA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del ciudadano CLISMAR REYNALDO VELAZCO SUÁREZ, por la presunta comisión del delito RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. 2: Se Ordena los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 3: SE RESTITUYE LA LIBERTAD SIN MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL para los ciudadano CLISMAR REYNALDO VELAZCO SUÁREZ de conformidad al articulo 44, ordinales 1 y 5, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Regístrese y déjese copia para el Archivo del Tribunal. Remítanse copia de las presentes actuaciones a la Fiscalía actuante, una vez sea vencido el plazo de ley.

Se dictó decisión en los siguientes términos: 1: DESESTIMA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del ciudadano FREDDY ALEXANDER CORCOBADO FUENTES. 2: ORDENA LA PROSECUCUION DE LA PRESENTE CAUSA POR LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 3: SE OTORGA LIBERTAD LA LIBERTAD SIN MEDIDA DE COERCION PERSONAL, al ciudadano FREDDY ALEXANDER CORCOBADO FUENTES de conformidad con el artículo 44 numerales 1 y 5 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. 4: SE ORDENA EL DESGLOSE DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL APREHENDIDO DE AUTOS. Remítase las presentes actuaciones a la Fiscalía actuante, una vez vencido el lapso de ley.

En este orden de ideas, del detallado estudio del escrito presentado, así como de los documentos que le fueron anexos; con total claridad se desprende, que los solicitantes, representados por sus mandatarios judiciales, pretenden en Jurisdicción Voluntaria o Graciosa, el que sea Decretada la Medida Cautelar de Secuestro; es decir, sin haber sido incoada demanda Judicial alguna, en contra de la mencionada ciudadana ALBANIA OSORIO MENDEZ. Siendo ampliamente conocido por los profesionales del derecho, que las medidas preventivas o cautelares, son solo procedentes en juicio, previo cumplimiento de los requisitos de Ley; aunado a que está expresamente prohibido el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, el decreto de tal medida; es por lo que resulta forzoso para este Tribunal de Municipio, sobre las motivaciones de hecho y de derecho ya expuestas, el Declarar Improcedente la Solicitud de Medida de Secuestro peticionada. Así s.....

En orden a las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR el recurso de hecho interpuesto por el abogado Miguel Ángel Paz Ramírez, actuando con el carácter de apoderado judicial de Humberto Caicedo Sierra e Ingrid Jthanett Caicedo Contreras, parte demandante, contra el auto dictado en fecha 16 de mayo de 2013 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en el expediente N° 21.107, nomenclatura de ese Tribunal. Publíquese, regístrese, déjese copia certificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y en su oportunidad legal bájese el expediente.

PARTE DISPOSITIVA Por la motivación antes expuesta, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: Primero: Con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Wilson Omar Sánchez Guillén y Julio Evaristo Contreras Ramírez en contra de la sociedad mercantil Blindados del Zulia C. A. Segundo: Se ordena a la sociedad mercantil Blindados del Zulia C. A., reenganchar de inmediato a los agraviados, ya identificados, en las mismas condiciones que venían desempeñando para el momento del despido. Asimismo, al pago de los salarios dejados de percibir y demás beneficios laborales que se le adeuden hasta el cumplimiento del presente fallo, en los términos expuestos en la providencia administrativa n. º 441-2012, de fecha 23 de abril del año 2012, emanada de la Inspectoría de Trabajo General Cipria.....

Por todas las razones de hecho y de derecho expuestas anteriormente, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR, la demanda de DESALOJO, interpuesta por la arrendadora, ciudadana MARÍA ELVINA DELGADO URIBE, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V- 1.532.617, contra el ciudadano EL ZOOR HIMAD HICHAM FANDI, extranjero, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 82.208.787, en consecuencia, CONDENA a la parte demandada en lo siguiente: PRIMERO: DESALOJAR el inmueble arrendado, consistente en un local comercial con baño, piso de granito, techo de platabanda, cocina acondicionada para restaurant, ubicado en la carrera 24, N° 23-94, entre calles 12 y 13, Barrio Obrero, Parroquia Pedro María Morantes, Municipio San Crist.....

Es por lo que, habiendo transcurrido más de un (1) año, sin que se haya verificado la citación de la parte demandada, este JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio conforme a la norma transcrita.

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA intentada por la ciudadana ZULAY AMPARO CAMARGO REY, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.685.056, en contra del ciudadano ROMULO ALBERTO SANCHEZ GOMEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-10.162.480, por INDEMNIZACION DE DAÑO MORAL. SEGUNDO: Se condena al demandado ROMULO ALBERTO SANCHEZ GOMEZ a pagar a la ciudadana ZULAY AMPARO CAMARGO REY, la suma de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,oo), por concepto de INDEMNIZACION DE DAÑOS MORALES causados a la parte demandante. TERCERO: En virtud de la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas

NIEGA LA ADMISIÓN de la presente demanda por cumplimiento de contrato privado de opción a compra venta por los ciudadanos Diana Lisbeth Labrador Escalante y Yorman Javier Rosales Varela, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-18.715.061 y V-16.259.739, debidamente asistidos por la abogada Marie Marcelle Maldonado Duarte.

. El Tribunal visto el acuerdo realizado LO HOMOLOGA, le otorga el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada de conformidad con el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo