Como se puede observar, a pesar de haberse fijado la constitución del Tribunal Mixto en TRES (03) oportunidades, lo cual es obviamente perjudicial a los acusados y a las víctimas, y demuestra una dilación indebida, por causas no imputables a los mismos, constituyendo la misma una lesión al derecho que tiene todo ciudadano de ser juzgado sin dilaciones indebidas, en un plazo razonable, por lo que se encuentra ajustado a derecho, de conformidad a lo previsto en el artículo 49 de la Constitución de La República Bolivariana de Venezuela, y artículo 1° del Código Orgánico Procesal Penal y conforme al contenido de la sentencia antes citada, la cual es de carácter vinculante, ACORDAR que la presente causa seguida al acusados ANA ISABEL OSORIO FRAGOZA, sea decidida por el Juez profesional que hubiere presidido el Tribunal Mixto, razón por la cual se fija el Juicio Oral y Público para el día 09 de Junio de 2005, a las 10:00 de la mañana. Y ASI SE DECLARA

este Tribunal ACUERDA celebrar Audiencia entre las partes, a cuyo efecto deberán librarse Boletas de Citación al Fiscal Cuarto del Ministerio Público, a las Defensoras de los Acusados para la Audiencia que deberá celebrarse en fecha 03/05/05 a las 10:00 horas de la mañana. Igualmente líbrese Boleta de Traslado a los Acusados para dicha audiencia

Por lo antes expuesto, este Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, con sede en Guarenas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, conforme a lo establecido en los artículos 263 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal, y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, SUSTITUYE la medida cautelar sustitutiva contemplada en el artículo 256 ordinal 8° ejusdem, y le otorga al acusado JIM JOSE ESPINOZA BLANCO, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.820.904, las medidas contenidas en el artículo 256 ordinales 3º y 4° del Código Adjetivo Penal, por lo que deberá presentarse ante la Secretaría de este Circuito Judicial Penal, cada ocho (08) días, y se le prohíbe la salida del país y la salida de la Jurisdicción del Distrito Federal y Estado Miranda, previa autorización del Tribunal