ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por por la Profesional del Derecho CARMEN RIVAS, en su carácter de Defensora Privada del ciudadano PITA DE INACIO ANTONIO, en contra de la decisión dictada en fecha 16 de octubre de 2006 por el JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE LOS TEQUES, mediante la cual el prenombrado Órgano Jurisdiccional acordó: DESESTIMA la denuncia hecha por el ciudadano ANTONIO PITA DE INACIO, en contra del ciudadano MANUEL PEREIRA ROMERO, por la presunta comisión del delito de ABUSO DE FIRMA EN BLANCO, previsto y sancionado en el artículo 467 del Código Penal Venezolano, de conformidad con los artículos 11, 24, 25, 301 y 400, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por tratarse de un delito perseguible a instancia de parte agraviada.

ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por el Profesional del Derecho ISMAEL SILVESTRE CASQUETIA CÓRDOVA, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano RENNY JOSÉ CAMISELLA GONZÁLEZ, en contra de la decisión dictada en fecha 31 de octubre de 2006 por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE LOS TEQUES, mediante la cual el prenombrado Órgano Jurisdiccional acordó: Medida Judicial Privativa de Libertad en contra del imputado de autos, por encontrarse llenos los extremos exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 251Ejusdem.

Emite el siguiente pronunciamiento: ÚNICO: ADMITE el Recurso de Apelación incoado por la Defensora Pública Penal Nro. 8 adscrita a la Unidad de Defensa Publica del Estado Miranda, con sede en Los Teques, NANCY RODRIGUEZ M., en su carácter de Defensor del ciudadano MENDOZA MEROLA WILLY GABRIEL, contra la decisión dictada en fecha 24 de octubre de 2006, por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA, CON SEDE EN LOS TEQUES, mediante la cual el prenombrado Órgano Jurisdiccional acordó: No admitir las pruebas ofrecidas, por cuanto estas no son pertinentes ni necesarias en la celebración del Juicio Oral y Público.