ESTE JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CARDENAS GUASIMOS Y ANDRES BELLO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, y por autoridad de la Ley declara bastantes y suficientes los recaudos consignados con la solicitud, los cuales han sido debidamente analizados y ponderados, para asegurarle a los ciudadanos: RAMSAY SADHU ROJAS AVELLA, SAID SADHU ROJAS AVELLA e IBRAHIM SADHU ROJAS AVELLA venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-16.779.523, V-16.779.524 y V-20.423.857, y hábiles, respectivamente, el CARÁCTER DE UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS del decujus: JAIRO JOSE ROJAS CARRERO, quien en vida era venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.020.083, fallecido el 25 de Junio del 2011, en Palmira, Municipio Guásimos Estado Táchira, en su carácter de hijos del ciudadano antes identificado. Conforme al artículo 937 del Código de Procedimiento Civil.....

Firme como ha quedado la sentencia dictada por este Juzgado en fecha 16/06/2009 (Fls. 146 al 162) y confirmada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Transito, de Protección del Niño y del Adolescente, y Bancario de la Circunscripción Judicial en fecha 18/01/2010 (Fls. 198 al 208), EJECÚTESE. En consecuencia. Por cuanto no hay más actuaciones que realizar, se da por terminado el presente juicio y se ordena el archivo del expediente.-

Por los razonamientos expuestos, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la inhibición presentada por la Abg. Diana Beatriz Carrero Quintero, Juez Temporal del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

ÚNICO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, instaurado por los ciudadanos EXPEDITO ORTIZ ORTIZ Y ROSALBA QUIROZ DE ORTIZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-14.891.503 y 14.891.502 y domiciliados en el Municipio Libertad, en su carácter de COMPRADORES; contra la Empresa SOCIEDAD MERCANTIL COLECTIVOS TRANSPORTE LIBERTAD C.A., en la persona de los ciudadanos GENRY OMAR RUIZ ROSALES Y NELSON ANTONIO HERNÁNDEZ ESCALANTE, venezolanos, mayor de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-5.654.439 y V-4.212.340 y domiciliados en el Municipio Libertad, PRESIDENTE Y TESORERO respectivamente, y con el carácter de VENDEDORA; por RECONOCIMIENTO DE INSTRUMENTO PRIVADO; en consecuencia, EXTINGUIDO el proceso.

Por cuanto no hay más actuaciones que realizar, se da por terminado el presente juicio y se ordena el archivo del expediente

este Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, HOMOLOGA la TRANSACCION en los términos acordados por ellos y le otorga el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Conforme a lo solicitado, se levanta la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por este Juzgado en fecha 20 de junio de 2005. Se acuerda oficiar lo conducente al ciudadano Registrador Inmobiliario de los Municipios Jáuregui, Seboruco, Antonio Rómulo Costa, José María Vargas y Francisco de Miranda del Estado Táchira. Por cuanto no has más actuaciones que realizar, se da por terminado el presente juicio y se ordena el archivo del expediente.

ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO, ha instaurado el BANCO BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL C.A., en su carácter de DEMANDANTE, representado por su apoderado judicial, abogada BRENDA GERARDINE NIÑO, venezolana, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 83.779 y de este domicilio, contra la Ciudadana MARILUZ ROJAS YURIPE, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° V- 8.525.820, con domicilio en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, en su carácter de compradora con reserva de dominio y Deudora. En consecuencia, EXTINGUIDO el proceso.

Vista la diligencia de fecha 11/02/2011, suscrita por la abogada DORIS RAMIREZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 28.297, quien actúa con el carácter de coapoderada especial de la parte demandante, en la cual consigna convenimiento celebrado por la parte demandada y autenticado ante la Notaría Pública de Calabozo, Estado Guarico, en el cual la parte demandada manifiesta su voluntad de CONVENIR en la presente demanda, por cuanto se observa que dicho acto no es contrario a derecho y versa sobre derechos disponibles, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACION y ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Y visto igualmente el contenido de la diligencia .....

ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, que por RESOLUCION DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO, ha instaurado el BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, Sociedad Mercantil domiciliada en Caracas, inscrita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, en fecha 02/09/1980, bajo el N° 56, con posteriores modificaciones, contra el ciudadano RAMON ANTONIO BERRIOS SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° 15.085.138 y de este domicilio. En consecuencia, EXTINGUIDO el proceso.

Ahora bien, por cuanto la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva y evidenciado los supuestos de la perención como lo es 1) la inactividad de las partes; y 2) el transcurso de un lapso de tiempo; para este caso un año, por cuanto la perención opera de pleno derecho, es forzoso para quien aquí juzga DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA en la presente causa de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.