DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: IMPROPONIBLE la presente demanda de divorcio intentada por el ciudadano PEDRO ANTONIO ROJAS, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 4.494.487, en contra de la ciudadana ANA GIOCONDA MARTÍNEZ DE ROJAS, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 5.891.642, con fundamento en la causal contemplada en el ordinal 2º del artículo 185 del Código Civil.

en consecuencia, este Tribunal niega la admisión de la demanda que da inicio a las presentes actuaciones, por no haber acompañado el accionante las documentales fundamentales de la misma, a los fines de que este Juzgado procediera a verificar si era o no admisible, y así se decide.

-III- Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de La Ley, decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 Ordinal 1° y 269 del Código de Procedimiento Civil y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 270 eiusdem.

Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta por la ciudadana IRACLIS DEL VALLE VELÁSQUEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-14.128.844, en contra de la ciudadana ANIURKA RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-15.207.576, de conformidad con lo establecido en el ordinal 5º del artículo 6 de la Ley Orgánica Sobre Amparo Derechos y Garantías Constitucionales.