DECRETA LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de los ciudadanos JESUS GONZALEZ PEREZ Y JOSE RAMON PANTOJA NOVOA, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Números 17.705. 6921 y 16.096.291, por encontrarse presuntamente incursos en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COMPLICIDAD, previsto y sancionado en el artículo 408, ordinal 1° en relación con el artículo 83 ambos del Código Penal

1.- Admite la acusación interpuesta por la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público, en contra del ciudadano FRANCISCO JAVIER MORIN BRITO titular de la Cédula de Identidad N° V- 6.115.345 por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE, previsto y sancionado en el artículo 260 en relación al artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente del Código Penal. 2.- Se admiten todas las pruebas ofrecidas por la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público por considerar que son licitas, necesarias y pertinentes para demostrar la comisión de los hechos calificados 3.- Condena al acusado FRANCISCO JAVIER MORIN BRITO a cumplir la pena de CINCO (05) AÑOS DE RISIÓN, por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL A ADOLECENTE previsto y sancionado en el artículo 260 EN RELACION AL 259 de la Ley Orgánica para la Protección del niño y del Adolescente de conformidad con lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. 4.- .....

Por todos los razonamientos antes expuestos este Juzgado Segundo de Primera Instancia en Lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, CONDENA al ciudadano FRANCISCO JAVIER MORIN BRITO, quien es de titular de la Cédula de Identidad N° 6.115.345, domiciliado en la Urbanización Terrazas de Trapichito, Bloque 30, Apartamento 106, Guarenas, Estado Miranda, a Cumplir la pena de CINCO (05) AÑOS DE PRISION, por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE, previsto y sancionado en el artículo 260 en relación con el artículo 259, ambos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, de conformidad con los artículos 376 del Código Orgánico Procesal Penal, encabezamiento y primer aparte y 37 del Código Penal Venezolano.