En consecuencia y en base a los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, con sede en Guarenas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA la procedencia de la solicitud del abogado defensor del penado HECTOR ALEJANDRO AVILA PACHECO, titular de la Cédula de Identidad N° 14.331.540 , y en tal sentido se autoriza su traslado, con todas las seguridades del caso para la Corporación de Salud del Estado Miranda, a los fines de su evaluación médica y posterior reingreso de manera inmediata al Internado Judicial de los Teques, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 479 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 2 de la Ley de Régimen Penitenciario.

En consecuencia y en base a los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, con sede en Guarenas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA la procedencia de la solicitud de Director del Centro de Tratamiento Comunitario ¿Francisco Canestri¿ , y en tal sentido se suspende la pernocta del penado VENANCIO ALEJANDRO PANTOJA VARGUILLAS, por un lapso de Tres meses, comprometiéndose el penado mediante acta levantada en el Tribunal a comparecer por ante el referido Centro, cada Quince días a los fines de las entrevistas de Ley, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 2 de la Ley de Régimen Penitenciario

Por todo lo antes señalado este Juzgado Tercero de Ejecución de este Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, con sede en Guarenas, en Nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, ACUERDA la medida de Pre libertad de REGIMEN ABIERTO, al penado GALLARDO MEJIAS ALBERTO JOSE, plenamente identificado en autos, bajo el cumplimiento de las condiciones antes señaladas, ello conforme lo establecido en los artículos 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 7, 61 y 65 de la Ley de Régimen Penitenciario y 501 del Código Orgánico Procesal Penal.