SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abg. YOSMAR HERNÁNDEZ, en su carácter de Defensora Pública Segunda Penal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, Extensión Guarenas-Guatire, en virtud de la decisión dictada en fecha 13-09-2013 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control de esta Extensión Judicial, mediante la cual –entre otras cosas- decretó la medida judicial preventiva privativa de libertad en contra de la ciudadana GERARDINA SOTELO por la presunta comisión de los delitos de SECUESTRO EN GRADO DE COMPLICIDAD y ASOCIACIÓN, tipificados en los artículos 3 en relación con el último aparte del artículo 6 y 10 numeral 1, todos de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en concordancia con el 84, numeral 1 del Código Penal; y, 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente.

SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la profesional del derecho LAURA DELASCIO Defensora Pública Octava (8ª) Penal, quien actúa en su carácter de defensora de los ciudadanos RODRÍGUEZ LANDAETA JORDAN ENRIQUE, CAMILCO PÉREZ JASMIN ALEJANDRO y MANZOL JEIMI ALEJANDRO, en contra de la decisión de fecha 26 de abril de 2.014, proferida por el Tribunal Segundo (2º) de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, mediante la cual el referido Órgano Jurisdiccional decretó medida cautelar sustitutiva de libertad a los referidos ciudadanos, conforme a lo establecido en el artículo 242 numerales 3, 5 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de HURTO CALIFICADO previsto y sancionado en el artículo 453 numerales 3, 4 y 9 y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD tipificado y penado en el artículo 218 ambos del Código Penal.

LA NULIDAD DE OFICIO de la decisión emitida en fecha 13-12-2013 por el Juzgado Tercero Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Control de esta Extensión Judicial, de conformidad con lo señalado en los artículos 174, 175, 176, 179 y 180, todos del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como a los criterios jurisprudenciales establecidos por nuestro Máximo Tribunal de la República, en Sala Constitucional y Sala Penal.