JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA. San Cristóbal, 11 de Abril del 2025. Visto el escrito de fecha 09 de Enero del 2025, suscrita por los ciudadanos Jipssy Mirelle Abreu Cárdenas y Pablo Antonio Ovalles Pernia, asistidos por la Abogada Audrys Ramona Sánchez Márquez, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 84.815, parte Agraviada, este Juzgado observa que en fecha 19 de agosto del 2024, se admitió el presente Recurso de Amparo Constitucional, y se libro las boletas de notificación. Asimismo, en fecha 26 de agosto del 2024, se dictó la sentencia donde se declaro parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional y ordenó que se procediera de forma inmediata la reparación y restauración del servicio de gas domestico que conduce al apartamento donde vive la accionante en Amparo siguiendo las normas venezolanas y que los gastos que se generen por dicha conexión o reparación los cargue a la fac.....

Este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira actuando en sede constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el Rhandar Gilberto Hernández Lorenzo, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 29.827.278, en su condición de propietario de los inmuebles: Locales: MC 151; MC 152; MC 153; MC 154 y LC 04, los cuales están ubicados dentro del Centro Comercial Mercado Metropolitano, cuya sede está en la Urbanización Juan de Maldonado, Carrera 5 con Calles 8 y 9, La Concordia, Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, asistido por el abogado en ejercicio Omar José Lizarazo, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 180.302, en contra de la Junta de Condominio del Centro Comercial Mercado Metropolitano de manera conjunta o individual a través del ciudadano Diego Antonio Gonz.....

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda incoada por el ciudadano Nelson Alexander Gómez Urbina, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-12.630.686, en contra de la sociedad mercantil Unidad Quirúrgica 2000, CA., y su representante legal José Wilfredo Contreras Zambrano, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-9.243.463. SEGUNDO: Se condena en costas a la parte demandante por haber resultado totalmente vencida. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del tribunal. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal, a los 11 días del mes de abril del 2025. .....

se presume la ADMISIÓN DE LOS HECHOS, una vez revisada la petición del demandante y encontrando que los hechos no son contrarios a derecho, se pasa a dictar en forma oral el dispositivo del fallo, encontrándose que la pretensión de la parte actora no es contraria a derecho, SE PRESUME LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por ésta en su libelo, en tal sentido, este JUZGADO CUARTO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, por la ciudadana NICOL ESTEFANNY CHACÓN RODRÍGUEZ, identificada con la cédula N.º V.-29.810.208, condenándose al ciudadano ALCIDES VILLAMIZAR VERGEL, titular de la cédula de identidad Nº E.-84.343.837, propietario del fondo de comercio CORREAS ALCIDES,

PARTE DISPOSITIVA Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: La incompetencia por el territorio para conocer de la presente demanda COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS DERECHOS LABORALES intentada por la ciudadana GIBELY FERNANDA URIBE MENDOZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula Nº V.-24.088.649, contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES NUTRIWHITE, C.A., con RIF J-40194975-4, representada por su Directora MERCEDES LUISA MACHADO DE WHITE, titular de la cédula de identidad Nº V-5.302.015, y solidariamente las ciudadanas MERCEDES LUISA MACHADO DE WHITE, MARIANA WHITE MACHADO y ANDREINA WHITE MACHADO, venezolanas, titulares de la cédulas de identidad Nros V-5.302.015, V-19.378.255 y V-12.358.931 en su orden, en .....

Asimismo, la Sala ha establecido respecto de la capacidad de decisión del juez en el decreto de las medidas preventivas, entre otras, en sentencia de 21 de junio de 2005, caso: Operadora Colana C.A, c/ José Lino De Andrade y otra, lo siguiente: "(...) La Sala acoge el criterio doctrinal y jurisprudencial que anteceden, y en consecuencia considera que de acuerdo a la naturaleza de la cautelar solicitada, el sentenciador deberá apreciar, no sólo el hecho de la tardanza del juicio que no es imputable a las partes, sino todas aquellas circunstancias que pongan de manifiesto que en virtud de ese retardo, no podrá satisfacerse la pretensión del actor, lo que dicho con otras palabras significa que en ese caso el Juez deberá ponderar si el demandado hace nugatorio de cualquier forma la pretensión del accionante, valiéndose de la demora de la tramitación del juicio. De esta forma, el Juez puede establecer si se han cumplido los extremos de acuerdo a la cautela solicitada, para lo cual deberá.....

este TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS INDEPENDENCIA y LIBERTAD DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN de conformidad con lo establecido en el Artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, dándole fuerza ejecutiva. Déjese copia digitalizada para el archivo del Tribunal. Cúmplase. EL JUEZ TITULAR ABG. PEDRO ANTONIO GÁFARO PERNÍA LA SECRETARIA TITULAR ABG. YORNELANY YHOELYS DAVILA GOMEZ