NIEGA el otorgamiento de la fórmula alternativa de cumplimiento de pena LIBERTAD CONDICIONAL, al penado FELIPE ANTONIO DIAZ CASTRO, venezolano, de 29 años de edad, soltero, nacido en la ciudad de Ocumare Del Tuy, Municipio Autónomo Tomás Lander del Estado Miranda, en fecha 10 de septiembre de 1973, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.086.504, residenciado en el Sector La Aguada de San Francisco de Yare, Municipio Autónomo Simón Bolívar del Estado Miranda

Por los razonamientos expuestos este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley Declara PRIMERO: SE REDIME LA PENA A PERDOMO PEREZ CARLOS HERIBERTO, titular de la Cédula de Identidad Número 05.592.967, por un tiempo de DOS (02) AÑOS, DOS (02) MESES, QUINCE (15) DIAS Y DOCE (12) HORAS. SEGUNDO: SE REFORMA EL COMPUTO de la pena y se establecen las fechas en que corresponden las diferentes modalidades de cumplimiento de pena (Formulas Alternativas de Cumplimiento de Pena) ello en conformidad con los artículos 3 y 5 de la Ley de Redención Judicial de la pena por el Trabajo y Estudio y 479, 482, 508, 509 y 511 todos del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECLARA.

el Tribunal considera procedente, a los fines de asegurar al Estado Venezolano las resultas del proceso, imponer la medida cautelar contenida en el artículo 582 literal ¿G¿ de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente

el Tribunal le impone al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, la medida cautelar prevista en el literal ¿e¿ del artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, ADMINISTRADO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, impone al (lo) imputado (s), MIGUEL ANGEL PEINADO, MIGUEL ANGEL SUAREZ, y JESÚS MANUEL OSIO, Medida Cautelar conforme al artículo 256 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal

ADMINISTRADO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ACUERDA LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA, contenida en el artículo 256 ordinal 3º por lo cual el Imputado MATA NAVAS ALEXANDER JOSÉ, deberá presentarse cada 30 días ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, instándosele al Fiscal del Ministerio Público para que le sea practicado a dicho Imputado los exámenes Toxicológicos y Psicológicos pertinentes. ASÍ SE DECIDE

Vista el acta levantada en la Audiencia Oral, celebrada en esta misma fecha, por solicitud interpuesta por el Fiscal del Ministerio Público, quien solicitó la Aplicación de las Medidas Cautelares Sustitutivas, contenidas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en la aprehensión de los investigados y se siguiera el Procedimiento por la vía Ordinaria. En la aprensión del ciudadano investigado JUAN CARLOS ALAYON, Titular de la Cedula de Identidad N°15091841. Este Juez Control, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Observa: La aprehensión de los investigados solo cuenta con la declaración de los funcionarios que intervinieron en la detención, siendo este solo elemento insuficiente para corroborar a manera indiciaria la participación del imputado en un hecho de esta naturaleza, ya que la misma Ley Orgánica que regula la Materia establece en su artículo 145 los medios idóneos para la comprobación de un hecho pu.....

ADMINISTRADO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, DECRETA LA LIBERTAD PLENA, por solo existir un acta policial como elementos de convicción y no estar llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

ADMINISTRADO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, DECRETA LA LIBERTAD PLENA, por solo existir un acta policial como elementos de convicción y no estar llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal

ADMINISTRADO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, DECRETA LA LIBERTAD PLENA, por solo existir un acta policial como elementos de convicción y no estar llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.