Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la pretendida OPOSICION interpuesta contra la orden de suspensión de la ejecución dictada por este Juzgado en fecha 15 de septiembre del año en curso, y en consecuencia se NIEGA su sustanciación.

Habida cuenta de la pretendida acumulación de acciones, le es forzoso a este Juzgador declarar, como en efecto declarará que no es posible la admisión de la demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales en los términos en que la misma fue redactada, puesto que se hace imposible la sustanciación por la incompatibilidad de los procedimientos

Por las razones que anteceden, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, y en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 11, 206 y 211 del Código de Procedimiento Civil, declara LA NULIDAD del auto de admisión de la demanda dictado en fecha 18 de marzo de 2003 y de todo lo actuado en el expediente, y ordena la REPOSICION de la causa al estado de nueva admisión de la demanda por los trámites del procedimiento ordinario, tal y como corresponde conforme a la cuantía de la misma.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal – a tenor de lo dispuesto en el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil – deja sin efecto la solicitud de garantía formulada en el auto de fecha 15 de septiembre de 2003, y en su defecto decreta la SUSPENSION de la ejecución en curso en el proceso principal, hasta tanto haya sentencia definitivamente firme en esta tercería.

El plazo concedido por este Despacho se cumplió íntegramente sin que conste en autos que el demandado por si, o por intermedio de apoderado judicial haya dado cumplimiento a las exigencias del Tribunal, por lo que el incumplimiento de la condición establecida dará lugar al decreto de la cautelar solicitada, como en efecto ASI SE DECLARA.

consta en autos que la titularidad de la propiedad del bien inmueble, cuyo secuestro se solicita, reposa en cabeza del demandante, y por ende también es procedente que se acuerde el depósito del inmueble en él, quedando el mismo afectado – conforme la norma contenida en el artículo 39 del Decreto con fuerza y rango de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios – para responder al demandado de las resultas del proceso.