Consecuencialmente este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ORDENA ABRIR EL JUICIO ORAL y PÚBLICO, a los ciudadanos ANGEL JOSE PORTES DE PABLO, quien es venezolano, de 18 años de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 17.474.246, de profesión u oficio indefinida, residenciado en La Caballeriza, Vía La Represa, casa N° 83, Ocumare del Tuy, Estado Miranda; y WILMER ROMERO SUAREZ, quien es venezolano, nacido el 04-12-84, de profesión u oficio comerciante informal, residenciado en el sector La Trilla, casa azul sin N°, frente a la escuela Antonio José de Sucre, titular de la Cédula de Identidad No. 17473530, son los presuntos autores del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal, en perjuicio de los adolescentes HEMBERT GONZALEZ ANZOLA y CECIL ESTEVEN COLMENARES. Se emplazan a las partes para que en el lapso común de cinco (05) días, concurran al Tribunal de Juicio al.....

Considera que debe declararse terminado este procedimiento, por falta de uno de los requisitos exigidos para tramitarlo.

Declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 267, primer aparte y 269 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, la extinción del presente procedimiento.

Declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 267, primer aparte y 269 del Código de Procedimiento Civil.

Por los razonamientos anteriormente expuestos este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento con sede en Guarenas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA: DECLARARSE INCOMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra del ciudadano RAMÓN ANTONIO SÁNCHEZ, titular de la Cédula de Identidad N°V-4.583.761; por considerar que carece de competencia funcional para ejecutar SENTENCIAS ABSOLUTORIAS, en las cuales no se ordene restitución de objetos ni inscripciones algunas; es decir, que no contengan consecuencias penales (penas o medidas de seguridad), y en tal sentido DECLINA LA COMPETENCIA de la misma al Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, con sede en la Ciudad de Guarenas, conforme con lo previsto en los artículos 64 último aparte, 479, 532 ú.....

Por todos los razonamientos antes expuestos, éste Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Miranda con sede en Los Teques, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el abogado Gustavo Orlando Caraballo, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 88.689, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora ciudadano JOSÉ IGNACIO GUZMÁN MARTÍNEZ, identificado ut-supra, contra el auto dictado en fecha 01 de abril de 2004, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. Segundo: SE REVOCA EN TODAS SUS PARTES, el auto dictado en fecha 01 de abril de 2004, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado.....

Declara HOMOLOGADO el convenimiento en los mismos términos y condiciones expuestos por las partes, y de conformidad con lo previsto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, los declara como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Considera que debe declararse terminado este procedimiento, por falta de uno de los requisitos exigidos para tramitarlo.

Confirma declara con lugar la acción de amparo constitucional incoada, y en consecuencia confirma el fallo consultado, conforme lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Declara HOMOLOGADA la transacción en los mismos términos y condiciones expuestas por las partes.