El poder que le había sido otorgado al referido profesional del derecho en fecha 10 de febrero de 2003 es absolutamente inexistente por falta de formalismos en su otorgamiento, y conforme al artículo 1352 del Código Civil, los vicios que originan su nulidad no pueden hacerse desaparecer mediante ningún acto confirmatorio, y menos aún si lo que se ratificó en la pretendida Asamblea fu la autorización dada a la Junta Directiva para otorgar el sedicente poder. ASI SE DECIDE. En atención a lo expresado, le es aplicable a este caso la sanción contenida en el artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, es decir la consecuencial extinción del proceso y los efectos del artículo 271 eiusdem. ASI SE DECLARA.

Con base en los razonamientos que anteriormente fueron expuestos este Tribunal en sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara: CON LUGAR la acción de amparo que incoaron los ciudadanos DIANA DEYANIRA ACOSTA DE PONTE, SINAIDI PONTE ACOSTA, JESÚS ENRIQUE PONTE ACOSTA y GERMAN ROBERTO VISO ACOSTA contra FELIPE ENRIQUE ESPINOZA y, en consecuencia, se dicta MANDAMIENTO DE AMPARO a favor de los accionantes mediante el cual se ordena al accionado FELIPE ENRIQUE ESPINOZA o a cualquier persona que reciba instrucciones de éste: 1) PERMITIR de manera inmediata el acceso de los agraviados a la sede de la Unidad Educativa Corbeta La Patria, poniéndolos en el pleno ejercicio de su derecho de propiedad sobre dicha Institución educativa;

Estima este juzgador que de los documentos que cursan en autos, surge la presunción del derecho que se pretende puesto que, de un lado, se desprende la condición de la actora de promotora y desarrolladora de un complejo habitacional denominado CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DEL SOL, y de otro, las estipulaciones que fueron adoptadas al momento de suscribir el compromiso de pago el demandado, así como aquellas estipulaciones y decisiones tomadas en Asamblea de Socios. En consecuencia, están llenos los requisitos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, para que proceda el decreto de la medida cautelar solicitada. ASI SE DECLARA.

Sin embargo, no ha sido acompañado ningún instrumento público u otro instrumento auténtico ¿ ni de los privados indicados en el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil - que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida con plazo cumplido derivada de ¿gastos cobranzas¿ causados hasta la fecha de presentación de la demanda y por ende no puede procederse a la admisión de la vía ejecutiva y la consecuencial ejecución anticipada. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto le es forzoso a este Tribunal negar como en efecto NIEGA la medida de embargo ejecutivo solicitada por la parte actora. ASI SE DECIDE.

Estima este juzgador que de los documentos que cursan en autos, surge la presunción del derecho que se pretende puesto que, de un lado, se desprende la condición de la actora de promotora y desarrolladora de un complejo habitacional denominado CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DEL SOL, y de otro, las estipulaciones que fueron adoptadas al momento de suscribir el compromiso de pago el demandado, así como aquellas estipulaciones y decisiones tomadas en Asamblea de Socios.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara HOMOLOGADO el convenimiento en los mismos términos y condiciones expuestos por el demandado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil lo da por consumado y ordena se proceda, respecto de dicho convenimiento, como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.