En razón de lo anteriormente expuesto, y siendo que el supuesto de hecho analizado no se compadece con el dispositivo del artículo 587 del Código de Procedimiento Civil, anteriormente transcrito, este Tribunal NIEGA el decreto de la medida de PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR solicitada por la parte actora en su diligencia, Y ASÍ SE DECIDE.

Como quedó sentado anteriormente, el precio de la venta establecido en el documento acompañado a los autos, fue la cantidad de VEINTIDOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 22.000.000,oo), suma que a todas luces excede de la cuantía atribuida a los Tribunales de Municipio conforme el Decreto Presidencial N° 1.029 del 17 de enero de 1996, publicado en Gaceta Oficial N° 35.884 del 22 de enero de 1996.

Así, pues, este Juzgador debe verificar si desde la última actuación de las partes cursante en el expediente, o desde la última actuación de verdadero impulso procesal realizada por el Tribunal, hasta el día de hoy, ha transcurrido el lapso de tiempo contenido en la norma rectora ¿ un (1) año ¿ sin que se haya producido actividad de las partes, en cuyo caso, y por efecto de ésta inactividad, indefectiblemente deberá declararse la extinción del proceso

es totalmente improcedente y fuera de lugar la realización de una experticia complementaria del fallo para obtener el cálculo de la INDEXACION de los montos demandados, toda vez que, de un lado, no se dictó un fallo susceptible de experticia complementaria, ni mucho menos ese concepto se corresponde con una cantidad líquida y exigible que pueda ser ejecutada con motivo de haber quedado firme el decreto de intimación

En el caso de autos, desde que fue admitida la demanda ¿ 15 de septiembre de 2003 - hasta la fecha en que se solicitó la perención habían transcurrido TREINTA Y UN (31) días, y hasta el día de hoy TREINTA Y SEIS (36) días, sin que la parte actora haya impulsado la citación de los demandados mediante la indicación en autos de la dirección para que el Alguacil procediera a la práctica de la citación de éstos

Las partes tienen la suficiente capacidad para disponer de las cosas objeto de la transacción, en la materia de que trata no se encuentran prohibidas las transacciones, por lo que se debe tener como válidamente efectuada la transacción. Así se decide