Se reformó el cómputo en la causa seguida al penado DIMAS ALBERTO HERNANDEZ DIAZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.683.630, a quien en fecha 03-10-97, el extinto Juzgado Superior Tercero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, condenó a cumplir la pena de VEINTIOCHO (28) AÑOS DE PRESIDIO, por ser autor responsable del tres delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal. Dicho penado cumple pena definitiva en fecha 05-01-2022 a las 12:00 del mediodía

en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: Acuerda la Sustitución de la Medida Cautelar Privativa de Liberta, de oficio, por una MEDIDA CAUTELAR, prevista en el ordinal 8vo del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la revisión efectuada por ésta juzgadora en la presente causa a favor del ciudadano VALERO MEDINA CRESPO, venezolano, mayor de edad, indocumentado , de conformidad con lo previsto en los artículos 264, 244,256 ord. 8vo,263, 260,262 todos del Código Orgánico Procesal Penal

Por los razonamientos expuestos este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de Revisión Medida presentada por EL Defensor Privado del ciudadano RAMIREZ MORA RONALD REINALDO, venezolano, natural de Caracas, nacido el día 12-01-74, de 29 años de edad, soltero, con Cédula de Identidad N° 11.484.200, desempleado a quien se le revisa la medida privativa de libertad, que le fuera dictada en fecha 08-02-03 y en consecuencia se sustituye por las medidas cautelares sustitutivas del artículo 256 ordinales 3° y 8° del Código Orgánico Procesal Penal, referentes a la presentación cada ocho (8) días ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y la presentación de dos (2) fiadores que devenguen treinta (30) unidades tributarias, con la documentación correspondiente.

En virtud de las razones que anteceden este Tribunal Primero de Primera Instancia,, del Circuito Judicial Penal, de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la ley ACUERDA EL BENEFICIO DE CONFINAMIENTO, al penado WILLIANS JOSE IGLESIA MONGES , quien SE ENCUENTRA INDOCUMENTADO, el cual culminará en fecha 26/07/2003, que deberá cumplir en el Municipio Libertador, Caracas, Barrio Arauco, Sector 3 , casa N° 22, San José de Cotiza. Líbrese Boleta de Excarcelación a nombre del penado WILLIANS JOSE IGLESIA MONGES, indocumentado, quien se encuentra recluido en el Internado Judicial Capital Rodeo II

...CON LUGAR la demanda intentada por la ciudadana OFELIA FRANCISCA MARTINEZ contra el ciudadano MANUEL PEDRO DE SOUSA F, antes identificados, por resolución de contrato de arrendamiento.

DECRETA: la inmediata Libertad del Adolescente IDENTIDAD OMITIDA , imponiéndole la medida cautelar establecida en el artículo 582 Literal C de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, esto es, presentarse por ante este Tribunal cada ocho días por el lapso de tres meses. Advirtiéndole al adolescente en este mismo acto de que la falta de la medida impuesta le setas revocada la medida por una Privativa de Libertad. En cuento a lo solicitado por la defensa se niega dicha solicitud y la sustituye por una Medida cautelar establecida en el artículo 582 Literal C ejusdem.

SE ACUERDA LA INMEDIATA LIBERTAD DEL IMPUTADO

SE ACUERDA LA INMEDIATA LIBERTAD DEL IMPUTADO

SE ACUERDA LA INMEDIATA LIBERTAD

Se decreta el Procedimiento Ordinario y se impone al adolescente de las medidas contempladas en el articulo 582 Literales B, C ,E Y F de la LOPNA, esto es, entregárselo a su represente legal ciudadana, PRINE OLIVARES LISBETH, titular de la cedula de identidad Nº V-5.592.387, quien se encuentra presente en este acto; presentarse por ante este Juzgado cada ocho días por el lapso de tres meses, prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares y prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte el derecho a la defensa, se decreta la inmediata libertad a dicho adolescente, se aparta de la solicitud Fiscal ,advirtiéndole que el incumplimiento de las medidas impuestas, le será revocada la misma por una Privativa.