Con base en los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Guarenas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte actora. SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 26 de enero de 2016, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Guarenas en consecuencia; se declara SIN LUGAR, la demanda que por cobro de prestaciones sociales y otras acreencias laborales incoara el ciudadano FRANKLIN ALI MATOS PACHECO en contra de la entidad de trabajo TRANSPORTE RODO C.A., TERCERO: No hay condenatoria en costas de conformidad a lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR LA SOLICIT UD DE DIVORCIO, presentada por el ciudadano: ORLANDO EUSTACIO JASPE MIJARES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.237.799, contra la ciudadana MIRIAN ANTONIA PALACIOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-6.416.404.-

Se ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN, presentada por la Fiscal Auxiliar Cuarto (4º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en contra de la ciudadana: Leidy Ana Acosta Jean, ampliamente identificada en actos anteriores, por la comisión del delito de Aprovechamiento de Vehículo Automotor, previsto y sancionado en el Artículo 9 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, por considerar este Tribunal que dicho escrito acusatorio cumple con los requisitos formales señalados en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, pues contiene datos precisos para la identificación del acusado, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, los fundamentos de la misma y los medios de prueba ofrecidos; haciendo señalamiento del precepto jurídico aplicable, ya que señaló cual es el delito que le imputa a la acusada, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal.

, ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el abogado JAVIER RICARDO ACOSTA CASTRO, en su condición de Defensor Público Auxiliar Noveno (9º) Penal del estado Miranda, contra la decisión dictada en fecha 06 de diciembre de 2015, por el Tribunal Segundo (2º) de Primera Instancia Penal Estadal y Municipal en Funciones de Control de esta Sede Judicial, mediante la cual el referido Órgano Jurisdiccional decretó contra el imputado CEDEÑO URBINA HENRY ENRIQUE, la medida de privación judicial preventiva de libertad, conforme a lo dispuesto en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de ROBO IMPROPIO, tipificado en el artículo 456 del Código Pen

declara PROCEDENTE el DESISTIMIENTO realizado por la abogado en ejercicio ZORAIDA ZERPA, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, sociedad mercantil ADMINISTRADORA DISCOVERY, C.A., mediante diligencia presentada en fecha 28 de marzo de 2016; y consecuentemente FIRME el monto del pago de los honorarios profesionales, estimado por la intimante, ciudadana FRANCA DANIELA VASARELLI IEZZI, contra la prenombrada sociedad mercantil en la cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO BOLÍVARES (Bs. 97.905,00), por las actuaciones que describe y detalla en el escrito de demanda. Dada la naturaleza de la decisión no hay condenatoria en costas. Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Sobre la base de los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA procedente en Derecho la pretensión de cumplimiento de contrato contenida en la demanda incoada por la sociedad mercantil AGROPECUARIA PENSA, C.A., contra la sociedad mercantil REPRESENTACIONES REMI C.A., ambas partes identificadas en el presente fallo. Como consecuencia de tal determinación, se condena a la parte demandada a entregar el inmueble objeto de la demanda, constituido por: un galpón con una superficie aproximada de QUINIENTOS METROS CUADRADOS (500 Mts2) de construcción, dotado internamente de un local para oficina con baño incorporado y un baño auxiliar, que forma parte integrante del inmueble conformado por dos parcelas d.....

....CON LUGAR la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte demandante ANA BRAVO inscrito en el inpreabogado bajo el Nº. 66.636, contra la decisión de fecha 23 de Febrero de 2016 dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial Del Estado Bolivariano de Miranda con Sede con sede en la ciudad de Los Teques. SEGUNDO: SE REVOCA la decisión de fecha 23 de Febrero de 2016 dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial Del Estado Bolivariano de Miranda con Sede con sede en la ciudad de Los Teques. TERCERO: SE ORDENA al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial Del Estado Bolivariano de Miranda con Sede con sede en la ciudad de Los Teques; librar un Cartel de Notificación con las características que prevé la Ley Orgánica Procesal d.....

hecho que se señala incluso en la ya mencionada acta de asamblea, por lo tanto, esta Juzgadora y en aras de salvaguardar el derecho a la defensa de la parte accionada, insta a los apoderados judiciales de la parte actora a que acrediten en autos la sede social de la Asociación Civil Pro-Habitacional La Guadalupe, en el entendido, de que una vez conste en autos lo requerido el Tribunal emitirá el pronunciamiento correspondiente, y así se establece.