En merito de las consideraciones precedentemente expuestas éste Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y el Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando Justicia en sede constitucional en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: Primero: se MODIFICA PARCIALMENTE la sentencia de fecha 25 de febrero de 2004, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en el sentido que la presente acción de amparo constitucional es inadmisible in limini litis, de conformidad a las previsiones contempladas en el ordinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Segundo: Remítase el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy, en .....

Por todos los razonamientos antes expuestos éste Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: Primero: SE CONFIRMA la sentencia de fecha 26 de enero de 2004, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, sometida a consulta de conformidad a las previsiones establecidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Segundo: De conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no hay condenatoria en costas. Tercero: Regístrese, publíquese, incluso en la página Web de este despacho y déjese copia de la presente decisión.

Este Tribunal DECRETO MEDIDA DE EMBARGO sobre el cincuenta por ciento (50%) de las Prestaciones Sociales, devengadas por el tiempo de servicio prestado por el ciudadano ABRAHAM MANUEL PEREZ MORENO, en la empresa C.A. FABRICA NACIONAL DE CEMENTOS, S.A.

Por los razonamientos expuestos este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA: UNICO: REFORMADO EL COMPUTO de la Pena que le fuera impuesta al ciudadano, JOSE LUIS ROMERO, Titular de la Cédula de Identidad Nro. V-14.330.996, todo conforme al artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECLARA

DECLARAR SIN LUGAR la solicitud interpuesta por la Abg. NANCY RODRIGUEZ, actuando en su carácter de Defensora Pública Penal del acusado MARIN PRIETO LUIS JOSE, de Nacionalidad: Venezolana, fecha de nacimiento 20-06-1974, de 29 años de edad, profesión u oficio Carpintero, estado civil soltero, nombre de sus padres RITA PRIETO (V) y APARICIO MARIN (V), lugar de residencia Kilómetro 26, de la carretera panamericana, frente a la estación del metrobus, casa s/n, Los Teques, Estado Miranda, Titular de la Cédula de Identidad N° V-12.416.821, por ser presunto autor del delito de DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, en el sentido que se sustituya la privación judicial preventiva de libertad decretada a su defendido, por una menos gravosa y NIEGA LA SUSTITUCIÓN DE LA ME.....

En virtud de las razones que anteceden este Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Ejecución, del Circuito Judicial Penal, de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la ley ACUERDA EL BENEFICIO DE CONFINAMIENTO, al penado LINARES MIGUEL ANGEL INDOCUMENTADO, el cual culminará en fecha 21-06-2006; todo conforme a lo dispuesto en los artículos 479 del Código Orgánico Procesal penal y 20 y 53 del Código Penal. CUMPLASE

declara SIN LUGAR la solicitud que en tal sentido presentara a su consideración la Dra. RAQUEL MORILLO LINARES a favor de su defendido, ciudadano DELFÍN GREGORIO BURGUILLOS, quien es venezolano, natural de Paracotos, Estado Miranda, nacido el día doce (12) de Abril del año mil novecientos cuarenta y seis (1946), titular de la cédula de identidad personal No. V- 03.120.442, y que para la fecha se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Región Capital, Yare I, dando cumplimiento a la pena de presidio impuesta por un lapso de CINCO (05) AÑOS, cesando la misma, de acuerdo a cómputo de pena practicado, el día veintisiete (27)de Junio del año en curso

declara SIN LUGAR la solicitud de divorcio presentada por los ciudadanos GUSTAVO EMILIO ROJAS ALZATE y DELFINA OLIVA ZAMBRANO MORA, esta última representada por su apoderado judicial ADELSO ENRIQUE POLANCO, y en consecuencia, tiene plena vigencia el vínculo que los une en virtud del matrimonio.

SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Profesional del Derecho EDGAR JOSE GONZALEZ BOTELHO, defensor privado del co- imputado EDDY JOSE RIVAS MONTAÑO; SEGUNDO: LA NULIDAD ABSOLUTA de la Audiencia Preliminar efectuada en fecha 01 de septiembre de 2003, por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques; en consecuencia debe efectuarse una nueva audiencia preliminar, para la sanidad del proceso, prescindiendo de los vicios observados, con otro Juez o jueza distinta al que emitió el pronunciamiento anulado, de conformidad con lo establecido en los artículos: 49.1 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 131,132, 376, 191, 195 y 434 del Código Orgánico Procesal Penal, y TERCERO: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal, les es aplicable los efectos de este fallo a los imputados E.....

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara HOMOLOGADA la transacción celebrada en los mismos términos y condiciones expuestos por las partes, y de conformidad con lo establecido en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil ordena se proceda, respecto de dicha transacción, como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Una vez se cumplan las obligaciones pactadas, archívese el expediente.